Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, presentó un escrito en el juzgado federal de Santiago del Estero donde está la denuncia que radicó contra él el gobernador Gerardo Zamora. El objetivo de la presentación de Robles es que se deje sin efecto “una gravísima irregularidad procedimental”, informaron fuentes del entorno del funcionario de la Corte.
La defensa sostuvo que el juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari le dio acceso a Zamora al sistema informático Lex 100 (y por ende, a todo el expediente) pese a que como denunciante el gobernador no es parte en el proceso penal y las causas son secretas para quienes no son parte.
Zamora acusó a Robles de los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y trafico de influencias sobre la base de una filtración de supuestos chats del vocero de Rosatti con Marcelo D’Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño que este martes se tomó licencia en medio de la tormenta política que generó la pinchadura de su teléfono y la difusión de comunicaciones que se le adjudican con jueces, empresarios y otros funcionarios.
El fiscal del caso, el santiagueño Pedro Simón, dictaminó que Molinari era incompetente y sostuvo que el expediente debía tramitarse en la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires. No obstante, en la misma presentación, Simón hizo lugar a un pedido del gobernador Zamora y le solicitó al juez que, pese a ser incompetente, ordenara la entrega de los teléfonos y, si Robles se negaba, dispusiera el secuestro de los aparatos.
El juez intimó entonces al funcionario de la Corte, pero no ordenó el secuestro. No tiene jurisdicción para hacerlo por sí mismo, explicaron en la justicia federal santiagueña.
En ese contexto, Zamora, quien promovió la investigación en su provincia, informó este martes que Robles no había entregado su celular y que “solo se habría limitado a hacer una presentación al juzgado para pedir estudio del expediente por parte de su abogado, pero sin cumplir la orden judicial”.
Según confirmó LA NACION, Robles presentó como defensor al penalista Matías Ledesma, que es también es abogado -en otros casos- de Rosatti, el jefe de Robles.
La incompetencia
El fiscal de Santiago del Estero que se pronunció por la incompetencia de los tribunales federales de la provincia en la denuncia de Zamora contra Robles no presentó un requerimiento de instrucción -necesario para que se abra formalmente una causa-. Pidió que el juez se hiciera de los teléfonos como una “medida cautelar” para “resguardar de manera inmediata y urgente la prueba” que podría ser útil a futuro.
“Advierto que los hechos de mención -afirmó- se habrían suscitado en jurisdicción de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) y que los intervinientes serían un funcionario judicial que actúa dentro de la orbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un funcionario dependiente de la Jefatura de Gobierno de CABA”.
También alegó que los supuestos delitos denunciados estarían relacionados con “una causa que tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se discute la distribución de la coparticipación federal”.
Y concluyó: “Así las cosas, es dable destacar que la justicia federal es un fuero de excepción y se rige por la competencia en razón de la materia, personas y territorio, en nuestro caso la corresponde en razón del lugar y por las personas intervinientes a la justicia federal en turno sita en CABA. Es por ello que entiendo declarar la incompetencia de este Juzgado Federal de sección y girar las actuaciones por la envergadura de los hechos denunciados al Juzgado Federal de CABA en turno”.
