La Fiscalía pudo tener conocimiento ya en 2017 de supuestas irregularidades en la contratación de obras de reforma y reparación de cuarteles de la Guardia Civil, pero el envío al ministerio público de un informe con datos de ese asunto, emitido por el propio instituto armado, fue parado por el entonces subdirector general jefe del Mando de Apoyo del Cuerpo, el teniente general Pedro Vázquez Jarava, confirman a El Periódico y El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes próximas a la investigación del caso Cuarteles.
“No es preciso dar traslado a la Fiscalía”, dijo Jarava, que hoy es el principal de los cuatro imputados en este caso. Este primer aviso al fiscal terminó archivado en los cajones del Ministerio del Interior de la época.
El 18 de abril de 2017, el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Pablo Martín Alonso, recibió un extenso escrito titulado “Borrador de Informe Fiscalía”. Habían redactado el dosier agentes del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, después de investigar una primera tanda de información de origen anónimo que llegó a ese servicio en 2016. Ese año es precisamente el periodo en el que la facturación del empresario canario Ángel Ramón Tejera con la Guardia Civil se dispara por trabajos hoy bajo sospecha hasta multiplicarse por tres con respecto a la media de ejercicios anteriores.
Asuntos Internos entregó el informe, por cuadruplicado, al DAO el 18 de abril de 2017. Su contenido versaba sobre el llamativo aumento de contratos concedidos por diversas y dispersas unidades de la Guardia Civil, la mayoría no canarias, a un mismo empresario. Los autores del informe apuntaban ya a posibles delitos en esa sucesión de contratos, pero todavía no era el teniente general Jarava el objetivo de sus pesquisas.
“No lo envíen”
Martín Alonso entregó una de las copias a Jarava, para pedir al Mando de Apoyo su opinión. Al mes siguiente, mayo de 2017, Jarava remitió al DAO un escrito de contestación en el que sostiene: “Por entender que en las actuaciones informadas no existe indicio de delito, no es preciso dar traslado a la Fiscalía del informe del Servicio de Asuntos Internos”. Según fuentes relacionadas con el caso Cuarteles, Jarava apoyó esa negativa en las respuestas que recabó entre diversos responsables de comandancias y acuartelamientos.
El 27 de diciembre de 2017, el informe quedó definitivamente parado cuando el director general de la Guardia Civil de la época, José Manuel Holgado -hombre de la máxima confianza del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido- dio por escrito orden a Asuntos Internos de archivar el asunto y acabar con sus pesquisas. Jarava ya había cesado en sus funciones de subdirector general de la Benemérita, en un pase al retiro que aparecería en el BOE dos semanas después.
Desde el 11 de febrero hasta el 13 de diciembre de 2016, el constructor Mon Tejera había recibido 80 pagos de la Guardia Civil, en firme o bajo la forma de “Anticipo de Caja Fija”, prevista en el procedimiento de contratación de obras del Servicio de Acuartelamiento del instituto armado. Los 80 encargos se llevaron a cabo -según Asuntos Internos tras designación del constructor por el propio Jarava- en cuarteles de las comandancias de Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Jaén, Santa Cruz de Tenerife y otros dependientes de la Zona de Murcia y la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuerpo. Ese apelotonamiento de pagos se quedaría sin escudriñar medio año más, hasta que otro anónimo posterior llegó, en mayo de 2018, a Asuntos Internos procedente de la Secretaría de Estado de Seguridad.
La opinión que entonces fue decisiva para detener las investigaciones era la de un general mimado por el anterior ministro, Jorge Fernández Díaz. El 28 de abril de 2012, Jarava -ascendido a general de Brigada en junio de 2008, en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba en Interior- había sido ascendido por Fernández Díaz y su colega en Defensa, Pedro Morenés, a general de División.
El 14 de diciembre de 2012, el mismo tándem de ministros lo había ascendido a teniente general… en menos de ocho meses. Era una velocidad inédita hasta entonces en un cuerpo en el que, por ser únicamente cinco las plazas, un general de División puede esperar años para alcanzar las tres estrellas de teniente general.
En un informe elevado al juez de instrucción 2 de Ávila el 24 de enero de 2020, los agentes de Asuntos Internos de la Guardia Civil dicen que en 2016 “se produce un incremento exponencial de los importes facturados”. Para entonces, el instituto armado, ya bajo la dirección de Félix Azón, había llevado a Jarava ante los tribunales por la presunta comisión de cinco delitos: cohecho, malversación, prevaricación administrativa, falsedad documental y tráfico de influencias.
