Igual que ocurrió con la sentencia de la primera época de la Gürtel o la de la Caja B del PP, el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictad por la Audiencia Nacional por la adjudicación ilegal al Grupo Correa del contrato para el suministro de pantallas, sonido y megafonía que se utilizaron en la visita del papa Benedicto XVI a València con motivo del V Encuentro de las Familias, celebrado el 7, 8 y 9 de julio del año 2006.
El alto tribunal ha vuelto a declarar probada “la estructura societaria creada por Francisco Correa para obtener adjudicaciones ilegales de contratos de distintas Administraciones y entidades públicas” controladas por el PP entre 2004 y febrero de 2009. Ratifica que como tenía conocimiento previo de la visita de su Benedicto XVI “inició una serie de actuaciones dirigidas a conseguir la adjudicación de modo ilícito de la prestación de servicios y suministros necesarios para el desarrollo de dicho evento”, para las que entabló negociaciones con el entonces conseller de Agricultura, Juan Cotino, que falleció de covid durante el juicio.
Sobrecoste a cuenta de RTVV
Según la sentencia, varios de los acusados decidieron que el encargo y el coste de la celebración del suministro de pantallas de video, megafonía y sonido no se llevara directamente por la Fundación V EMF, sino por el ente público RTVV a favor de una empresa pantalla, Teconsa, que a su vez subcontrató, pese a estar prohibido, con Impacto Producciones.
La adjudicación a Teconsa se hizo a través de un procedimiento negociado sin publicidad tramitado por urgencia por un importe de 6.460.000 euros (7.493.600 euros, con IVA), muy superior al coste real de los trabajos necesarios para su ejecución, lo que supuso un sobrecoste con cargo a los fondos públicos de la RTVV de 3.205.375 euros y un correlativo enriquecimiento ilícito a favor de los acusados que intervinieron de forma decisiva en dicha adjudicación.
La adjudicación a Teconsa ya estaba determinada con anterioridad: sus empleados ya trabajaban en el proyecto antes para ella, al igual que los de las empresas subcontratadas Apogee Telecomunicaciones e impacto Producciones. Se trataba de una adjudicación directa, con un expediente plagado de irregularidades desde la misma elección del procedimiento negociado, cuando el procedente por la cuantía y por no estar justificada la urgencia, era el concurso.
La sentencia de la Audiencia Nacional condenó a 19 acusados por distintos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, falsedad en documento oficial, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública, unos como autores, otros como cooperadores necesarios y otros como cómplices.
Condenado el expresidente de RTVV
El Supremo da firmeza así a las penas impuestas por la Audiencia de 13 años y 7 meses de prisión impuesta al líder de la trama, Francisco Correa; 15 años y 5 meses a su mano derecha, Pablo Crespo; 6 años y 9 meses a Álvaro Pérez y al exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, y a 11 años y 7 meses al vicepresidente de Teconsa José Luis Martínez Parra.
El resto de acusados fueron condenados a penas que van desde los ocho meses de cárcel, impuestos a Jacobo Gordon, a los tres años de Francisco Javier Arnuncio Perugio. El asesor fiscal de Correa Ramón Blanco Balín fue condenado a año y medio de prisión.
