Los ecosistemas acuáticos y terrestres del Parque Nacional de Doñana confieren a este espacio protegido las condiciones idóneas para albergar una biodiversidad única. Y es que, en este parque natural de más de 50.000 hectáreas, distribuidas entre las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, encuentran refugio algunas de las especies más emblemáticas de la geografía española, como el lince ibérico o el águila imperial, ambas en peligro de extinción. Pero, más allá de su privilegiado enclave geográfico (a caballo entre África y Europa, entre el Atlántico y el Mediterráneo), Doñana es un humedal único en Europa que sirve de refugio a miles de especies de aves africanas y europeas.
El agua, la misma fuente que da vida este paraje protegido, se ha convertido en motivo de disputa para los agricultores de la zona. No se trata, en este caso, del agua salada del mar, sino de la del subsuelo, de los acuíferos que nutren de vida al humedal más extenso de Europa, enfrentado hoy a la peor de sus amenazas.
Y es quela sequía acecha y los acuíferos se agotan, y con ellos, la paciencia de las organizaciones ecologistas y de muchos agricultores de la región, que han visto cómo la excavación de pozos ilegales ha acabado con las reservas de agua de las que dependen todos ellos.
El problema de la escasez de agua en Doñana no es nuevo, pero recientemente ha salido de nuevo a la palestra a raíz en una doble crisis climática y medioambiental. Por una parte, la sequía azota con fuerza en un año con muy bajas precipitaciones, y ello tiene consecuencias directas en la salud del acuífero que, se calcula, se encuentra actualmente por debajo del 30% de su capacidad. Por otro lado, una polémica proposición de ley podría legitimar el uso indebido de agua en cultivos de regadío, principalmente de fresas y otros frutos rojos, en la llamada “corona norte de Doñana”, situada en la provincia de Huelva.
De hecho, la ley, actualmente en tramitación, podría suponer la incorporación de casi 2.000 hectáreas de cultivos de regadío abastecidos con agua obtenida de forma ilegal, según datos aportados por WWF, organización que promovió la creación del parque nacional y que ahora denuncia su desprotección.
Denuncias institucionales
La nueva proposición de ley ha desatado una importante oposición de grupos ecologistas, sociales, consumidores, e incluso de una parte de los propios agricultores: aquellos que cumplen la ley. Además del Ministerio de Transición Ecológica, el nuevo marco normativo ha recibido la reprimenda de la Comisión Europea, quien avisa que sancionará a España si sigue adelante con la propuesta. No se trata de la única institución europea que se ha manifestado en contra de esta desprotección: en junio del año pasado, el Tribunal de Justicia Europeo emitió una resolución en la que condenaba la alteración de los hábitats protegidos provocada por las extracciones de agua subterránea. La diferencia es que, en esta ocasión, la condena podría acarrear una importante sanción económica.
El motivo de la disputa: el “Plan de la Fresa”.
En concreto, el cambio normativo consiste en la modificación del Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, conocido como “Plan de la Fresa”, aprobado en 2014 con el fin de atajar el problema de la sobreexplotación de los acuíferos ilegales. La normativa vendría a completar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), para regular de manera específica el sector de los regadíos de la zona de Doñana.
La aprobación de la nueva proposición de ley tramitada por el parlamento de Andalucía supondría la aceptación ‘de facto’ de tierras de regadío que antes no estaba registradas.
EL Plan de la Fresa divide las tierras principalmente según su uso (regadío y secano) en función de cómo habían sido calificadas 10 años antes, cuando se aprobó el plan de ordenación del territorio. No contempla, sin embargo, la incorporación de otros terrenos de regadío que no estuvieran inscritos como tales en 2004, muchos de los cuales corresponden a explotaciones ilegales implantadas con posterioridad. La aprobación de la nueva proposición de ley tramitada por el parlamento de Andalucía supondría la aceptación ‘de facto’ de todas esas tierras de regadío que antes no figuraban.
“Muchos agricultores dicen que tenían regadíos, pero no aportan documentación, porque estos siempre han sido ilegales”, explica a National Geographic España Juanjo Carmona, coordinador de la Oficina para Doñana de WWF. ¿Y a cuánto ascenderían esas nuevas hectáreas de regadío? En una primera estimación, los defensores de la reforma legal estipulaban que la cifra supondría unas 800 hectáreas más, pero un informe pericial encargado por WWF cifra el aumento de tierras en más de 1.903,7 hectáreas, casi un 140% más de las cifras oficiales.
“Muchos agricultores dicen que tenían regadíos, pero no aportan documentación, porque estos siempre han sido ilegales”, Juanjo Carmona, coordinador de la Oficina de Doñana de WWF.
Menos agua para más regantes
“El acuífero está sobreexplotado, y la única manera de recuperar esa masa de agua de gran importancia es disminuyendo la presión sobre el mismo”, sentencia Carmona, quien explica que no hay agua para todos. “La tarta que hay es la misma, o se divide o se quita a gente de la ecuación, no hay otra fórmula. La única solución es quitar presión al acuífero, aplicar el Plan de la Fresa tal y como estaba redactado”, explica el experto, quien puntualiza que las necesidades de suministro de esos nuevos regantes no se verán satisfechas con el aporte de agua superficial prevista.
“La única solución es quitar presión al acuífero, aplicar el Plan de la fresa tal y como estaba redactado”, Juanjo Carmona, coordinador de la Oficina de Doñana de WWF.
El activista medioambiental agrega que, además de ser un duro golpe contra el famoso humedal, la medida que pretende sacar adelante el parlamento autonómico es un agravio comparativo para los agricultores, pues penaliza a aquellos que han cumplido con la ley y premia a los que han robado agua, apunta.
¿A cuánto asciende la totalidad del agua extraída ilegalmente? La organización conservacionista estima que la superficie regada actualmente con pozos ilegales podría superar las 4.700 hectáreas, el equivalente a más de 5.700 campos de fútbol.
“Las autoridades que tendrían que velar por el futuro de Doñana desoyen a los organismos internacionales y están permitiendo este robo de recursos naturales que mantienen viva la marisma”, explica WWF en un comunicado. De hecho, la ONG lleva años denunciando la desprotección del acuífero, en el que asegura que existen más de 1.000 pozos y cientos de hectáreas de regadío ilegales. Su último paso, denunciar el deterioro de Doñana ante la Unesco y la Comisión Europea, quienes ya han dado la razón a los conservacionistas. Sus futuras resoluciones marcarán el futuro de esta maravilla natural, patrimonio de la humanidad.
