La diputada de ERC Pilar Vallugera ha contribuido a que la ley de vivienda sea (casi) una realidad. Este viernes, junto a Oskar Matute, de EH Bildu, anunció el pacto alcanzado con el Gobierno en la sala de prensa del Congreso. Estaba exultante.
Pero no siempre estuvo así mientras duró la negociación de la que es la ley simbólica de la legislatura. El pasado 7 de marzo, tenía un enfado de mil demonios. Aprovechando que el pleno del Congreso iba a debatir la toma en consideración de una propuesta del Parlamento balear para frenar el alza del precio del alquiler de vivienda, subió a la tribuna y dijo, dirigiéndose directamente a las bancadas del PSOE y de Unidas Podemos (aunque sobre todo a la del PSOE):
“¿Estamos o no estamos por la contención de las rentas de alquiler? Pues entonces que Pedro Sánchez coja a Nadia Calviño y que le diga que aquí manda Raquel Sánchez –ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, responsable, por tanto de las políticas de vivienda a escala estatal– y que habrá tope a los precios de alquiler porque, si no, no habrá ley. Que Sánchez le diga a Calviño que los pisos nuevos en el mercado tendrán topes y un índice de referencia porque, si no, no habrá ley. Y que le diga que los gastos han de ir a cuenta del arrendador, no del arrendatario, porque si no, no habrá ley”.
El Lunes de Pascua
Dice una fuente parlamentaria que Vallugera es tenaz. Insiste e insiste. Ahora bien, tan tenaz es en la propuesta como en el rechazo. Sucedió que nada más comenzar una reunión, a finales de febrero, el Gobierno mostró un papel con una oferta diferente a la que habían más o menos pergeñado días atrás. Parecía entonces que el Ejecutivo aceptaba un tope del 2% a la subida del alquiler en zonas tensionadas durante este año (eso ya está en vigor) y un 3% durante 2024. Pero no. La parte socialista llegó al encuentro con un papel en el que ponía cosas distintas.
Se enfadó y dijo: “O aceptáis esto o no habrá ley de vivienda”. EH Bildu estaba en las mismas. Los grupos independentistas catalán y vasco han ido de la mano durante el proceso. La norma llamada a ser la más trascendente de la legislatura tras el fracaso de la derogación de la ‘ley mordaza’ se colocó al borde del abismo.
Pero las conversaciones no cesaron. Uno de los portavoces que desde fuera más ha hecho por el desenlace exitoso de la ley ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Él no ha negociado; sí ha influido.
Antes del parón por Semana Santa, incluso durante aquellos días de la moción de censura de Vox con Ramón Tamames de candidato, el diputado por Barcelona habló en varias ocasiones con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, con quien tiene buena sintonía. Le espetó: “No podemos seguir sin ley de vivienda. Hay que aprobarla sí o sí, y cuanto antes”. Las fuentes parlamentarias consultadas para esta información indican que no fue la única ministra que recibió una llamada de Rufián.
Algó mutó en el Gobierno durante Semana Santa. Otra fuente conocedora de las negociaciones tiene clarísimo el qué: Pedro Sánchez. Esta fuente no duda de que ha sido el presidente el que ha propiciado que esa dicotomía entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transporte se torciera hacia el lado de Raquel Sánchez.
Porque el pasado lunes 10 de abril, Vallugera, de día libre porque al ser Lunes de Pascua era festivo en Cataluña, recibe una llamada del secretario de Estado de Transportes, David Lucas, anterior secretario general de Vivienda.
Este dirigente socialista, curtido en diversas batallas municipales (fue portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid y alcalde de Móstoles), gran muñidor de las negociaciones a lo largo de toda la legislatura, dice una cosa a la diputada de Esquerra que le deja de piedra. El Gobierno acepta los topes del 2% y del 3% a los alquileres y la referencia al índice de precios de referencia de las viviendas nuevas de pequeños propietarios en áreas tensionadas.
Se cumplía una especie de profecía. La propia Vallugera lo exclamó en el hemiciclo del Congreso el 7 de marzo. O Sánchez intercedía o adiós a la ley. Sólo el presidente podía lograr que Nadia Calviño aparcara sus reticencias a los topes de alquileres.
El Lunes de Pascua, el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, recibe la misma llamada. Entre mensajes, correos electrónicos y llamadas, Lucas, Vallugera y Matute comienzan a negociar intensamente. Unidas Podemos queda al margen, pero es informado puntualmente. Son precisamente los dirigentes de las formaciones independentistas los que tienen contacto constante con Belarra. Nadie de la formación catalana ni nadie de la formación vasca hablan en ningún momento con Yolanda Díaz.
Unidas Podemos, en realidad, ha estado al margen de la negociación durante el último mes, cuenta una fuente parlamentaria implicada en el proceso. El PSOE decidió hace tiempo que tenía que poner todo su esfuerzo y toda su voluntad en los grupos de ERC y EH Bildu. Consideraban los cargos socialistas que el acuerdo entre los socios de la coalición ya estaba forjado. Si había cuestiones que tratar entre ambos, eran secundarias.
“Frase a frase”
Lo nuclear radicaba en la determinación de los requisitos de las zonas tensionadas, en la horquilla que define a un gran tenedor de propiedades inmobiliarias, en la articulación de los límites de crecimiento de precios y en el despliegue de salvaguardas para los arrendatarios. Y en esto ERC y EH Bildu fueron clarísimos: o nuestros planteamientos o nada. Al final y al cabo, como recuerda una fuente, las formaciones catalana y vasca ya habían “cedido” en otros escollos del proyecto.
También tuvo que ver en la exclusión de Unidas Podemos el temor a que una declaración de un dirigente, una filtración o un enconamiento trastocara la buena marcha de las conversaciones. Los ‘morados’, por ejemplo, no estaban por la labor de delegar en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos la decisión de decretar zonas tensionadas. Esta preeminencia competencial de la administración central colisionaba frontalmente con ERC y EH Bildu, que son independentistas. Vallugera lo afirmó en la rueda de prensa del viernes: “Nosotros no podemos apoyar una ley que socava competencias de nuestros territorios”.
“Frase a frase”. Así fue el tramo final de la negociación, del lunes al jueves pasado, entrada la noche. Lucas, Vallugera y Matute, a tres bandas. Se acostaron tarde los negociadores. Una fuente reconoce que sólo empezó a ver que había acuerdo “una hora antes”. Otra fuente estrecha el margen. “Último minuto”, dice.
Matute, en la comparecencia ante los medios, destacó la “interlocución fluida” que ha habido durante la última semana tanto con el PSOE como con Unidas Podemos. “No hemos detectado fisuras” entre ellos, ha añadido. Esto lo confirman todas las fuentes consultadas. Que la negociación haya sido de socialistas con independentistas, y que luego estos hayan intercambiado criterios con el Ministerio de Derechos Sociales, ha funcionado. Ione Belarra, este viernes, estaba muy contenta. Eso dijo a los medios.
La suma de escaños de los grupos que han hecho posible el acuerdo llega a 171. Suficientes. Fuera la derecha de cualquier opción de entendimiento, y fuera PNV y PDeCAT, el sector del consenso está en formaciones minoritarias. Más País (dos diputados) está dispuesta a dar el ‘ok’. Compromís, igual. Teruel Existe ya lo ha dado en cuanto logró cambios en beneficio de los municipios despoblados o en riesgo de despoblación, en donde el alquiler también está por las nubes.
Queda ver el calendario. Las fuentes creen que la semana próxima, ya la semana próxima, podría reunirse la ponencia. El objetivo es que el pleno del Congreso apruebe la ley antes de las elecciones del 28 de mayo. Si diera tiempo a que el Senado dé su aval, mucho mejor, pero es más complejo.
El Gobierno y los socios de izquierdas han llegado a tiempo con la ley de vivienda. A tiempo de las futuras elecciones. No ha ocurrido lo que ocurrió con la ley mordaza, que no será derogada porque ERC y EH Bildu no apoyaron el texto del Ejecutivo. Y no ha ocurrido lo que ocurrirá con la ‘ley del sólo sí es sí’. Pero ésa es otra historia.
