El Papa ha decidido que todas las fundaciones vaticanas queden bajo el control de la Secretaría para la Economía – el organismo de vigilancia que opera en todas las actividades financieras y que dirige el laico español Maximino Caballero- y ha previsto que haya inspecciones periódicas.
A partir de un Motu Proprio, Francisco ha creado así una estructura estandarizada – loque entrará en vigor el próximo 8 de diciembre- a a través de la que impondrá normas administrativas únicas, con controles periódicos y, si es necesario, incluso inspecciones externas.
De este modo, la Secretaría para la Economía será la encargada de analizar los registros contables y verificar “la honorabilidad, la profesionalidad y la ausencia de conflictos de intereses”. Además, se aplicarán medidas de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La intervención papal se aplica a las personas jurídicas instrumentales, es decir, a todos los fondos, fundaciones y entidades que hacen referencia a la Santa Sede inscritos en la lista del artículo 1 del Estatuto del Consejo de Economía y situados dentro el Estado de la Ciudad del Vaticano.
“Aunque estas entidades tienen una personalidad jurídica formalmente separada y una cierta autonomía administrativa, debe reconocerse –señala el Pontífice– que son instrumentos para la realización de los fines propios de las instituciones curiales al servicio del ministerio del Sucesor de Pedro y que, por tanto, también ellas son, salvo que las normas que las establecen de algún modo indiquen otra cosa, entidades públicas de la Santa Sede”.
Francisco ha firmado esta nueva regulación para poner fin al caos administrativo que rodeaba a estos entes jurídicos vinculados al Vaticano, en su mayoría dedicados a obras de caridad social como la que lleva el nombre de la encíclica del Papa, ‘Fratelli Tutti’, u otras más antiguas que se remontan a la época de Pablo VI, como la Fundación Populorum Progressio.
El Pontífice ha desvinculado así a las personas jurídicas instrumentales “de otras fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro” que “nacen de la iniciativa de particulares y no son instrumentales para la realización de los fines propios de las instituciones curiales”.
El Motu Proprio consta de ocho artículos en los que se deja claro que la supervisión y el control en materia económica y financiera de estos organismos recae en la Secretaría de Economía para evitar el peligro de transacciones opacas. Además, también se han regulado los registros contables y el intercambio de información, estipulando, entre otras cosas, que las personas jurídicas instrumentales deben presentar el presupuesto y el balance económico final a la Secretaría de Economía.
La nueva regulación también hace referencia a la extinción y devolución de los bienes y queda especificado cómo debe operarse ante casos de impedimentos en la liquidación o en casos en los que la reducción del número de miembros impida su funcionamiento.
El Pontífice ha dejado claro que “dado que sus bienes temporales forman parte del patrimonio de la Sede Apostólica, es necesario que estén sujetos no sólo a la supervisión de las instituciones curiales de las que dependen, sino también al control y vigilancia de los órganos económicos de la Curia Romana”.
