A instancias del presidente Alberto Fernández y con el apoyo tácito de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el oficialismo de la Cámara de Diputados iniciará este jueves el debate sobre el juicio político a la Corte Suprema. Son doce los proyectos que se presentaron en ese sentido y que se someterán a estudio, pero el Frente de Todos –mayoría en la comisión- dará prioridad a su propia iniciativa: allí acusan a los magistrados de mal desempeño en sus funciones por avasallar facultades del Poder Ejecutivo y del Congreso en al menos dos de sus fallos.
El debate se anticipa agitado y tenso en la Comisión de Juicio Político, que preside la oficialista Carolina Gaillard. El Frente de Todos procurará, con su mayoría, no solo imponer sus argumentos acusatorios sino, además, establecer las reglas de juego de la investigación. El reglamento interno de la comisión confiere amplias facultades para citar testigos y requerir medidas de prueba, como el registro de las llamadas entrantes y salientes de los presuntos acusados. Este será un punto de fricción entre oficialistas y opositores en la primera jornada de debate, pues los opositores, que rechazan el enjuiciamiento a los magistrados, buscarán acotar los márgenes de acción de los oficialistas.
Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político
Foto: Archivo/Telam
Durante la segunda jornada, los autores de los 12 pedidos de juicio político presentados deberán exponer sus argumentos para acusar a los jueces de la Corte. De esta docena de iniciativas, cinco fueron elaboradas por diputados y las restantes siete por ciudadanos particulares; entre estos últimos figuran la senadora Juliana Di Tullio –que acusa a los magistrados por fallar a favor de la ciudad de Buenos Aires en la disputa con la Nación por fondos coparticipables- como así también organismos cercanos al kirchnerismo, como la Asociación Argentina de Juristas.
Los únicos dos representantes de la oposición que expondrán ese día serán los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Juan López. Ambos, a instancias de Elisa Carrió, presentaron en 2018 –y replicaron en 2021- un pedido de juicio político al juez Ricardo Lorenzetti, a quien acusan por mal desempeño en sus funciones por supuestos desmanejos presupuestarios y administrativos mientras ejerció la presidencia de la Corte. Los legisladores anticiparon su intención de insistir en su embestida contra Lorenzetti.
Elisa Carrio y Paula Oliveto (Twitter/)
Carrió está convencida que el expresidente del máximo tribunal –históricamente enemistado con su actual titular Horacio Rosatti- “está detrás” del juicio político que impulsa el oficialismo contra sus colegas del máximo tribunal. “El Frente de Todos le garantizó impunidad a Lorenzetti”, advirtió.
Esta será una de las cuestiones que Juntos por el Cambio deberá resolver puertas adentro a la hora de definir su estrategia. Otro punto pendiente es si reclamará que la Comisión de Juicio Político se aboque también a los pedidos de enjuiciamiento contra el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner; algunas voces opositoras sostienen que es necesario dar ese gesto político aunque el oficialismo rechace el planteo, como ya anticipó.
Mario Negri (UCR), miembro de la Comisión de Juicio Político (ignacio sanchez/)
El pico de fricción entre oficialistas y opositores llegará con la tercera jornada de trabajo de la Comisión, el 9 de febrero: ese día, los 16 miembros oficialistas declararán admisibles los elementos que fundan el pedido de juicio político a los cuatro jueces de la Corte. Será el punto de largada de la investigación. Pedirán citar más de 50 testigos –entre los que figuran los propios magistrados, que no están obligados a concurrir- y solicitarán numerosas medidas de prueba. Entre ellas los registros de llamadas de los jueces.
Según trascendió, el proceso durará al menos dos meses aunque el final ya es conocido: con su mayoría, el oficialismo impondrá un dictamen acusatorio que naufragará en el recinto por no contar con los dos tercios de los votos. Igualmente habrán logrado su cometido: desgastar a los jueces de la Corte y mantenerlos en vilo durante los próximos tres años, ya que esa es la vigencia que tienen los dictámenes de la comisión.
Los argumentos a favor y en contra del pedido de juicio político
Las acusaciones:
*Consejo de la Magistratura.
-El oficialismo sostiene que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda violaron la división de poderes y avasallaron facultades propias del Congreso cuando declararon inconstitucional la ley que regulaba el funcionamiento del Consejo y repusieron una norma anterior, expresamente derogada por los legisladores, con el propósito de “tomar por asalto” el organismo encargado de seleccionar y sancionar a los magistrados.
-La oposición advierte que a los jueces no se los puede juzgar por el contenido de sus sentencias salvo que incurran en el delito de prevaricato o bien en situaciones extremas contrarias al derecho. “Este no es el caso. Este fallo se ajusta a la ley y a la Constitución”, sostiene Pablo Tonelli (Pro).
Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio, sostiene que a los jueces no se los puede juzgar por sus sentencias
*Coparticipación a la ciudad de Buenos Aires.
-El oficialismo acusa a los cuatro jueces de la Corte de haber invadido en atribuciones propias del Poder Ejecutivo y del Congreso al disponer que el Estado reintegre a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables. Advirtió que el fallo perjudica al resto de las provincias y condiciona al Poder Ejecutivo, que se ve obligado a redefinir el presupuesto.
-La oposición sostiene que este fallo de la Corte sigue la línea de la doctrina y la jurisprudencia del máximo tribunal ya expresadas en resoluciones anteriores. Entre ellas la que dictó en 2015 por la cual sostuvo que es inconstitucional la deducción del 15% de la coparticipación que realizaba la Nación, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la ANSES. En una línea similar, en 2018 la Corte accedió a un planteo de los gobernadores peronistas contra el gobierno de Mauricio Macri, que había dispuesto, sin consultar a las provincias, disminuir el IVA la canasta básica y eximir del pago de ganancias a los contribuyentes de la cuarta categoría. Los mandatarios provinciales reprocharon que ambas medidas implicaban una merma en sus ingresos coparticipables y el máximo tribunal les dio la razón.
Gerardo Zamora junto con otros gobernadores que están a favor del juicio político a la Corte Suprema
*Caso Muiña:
-Por esta resolución, los jueces Rosatti y Rosenkrantz dispusieron que era aplicable el beneficio del “2×1″ en los delitos juzgados por lesa humanidad. Sancionada una ley del Congreso en sentido contrario, la Corte emitió un fallo posterior en el que volvió sobre sus pasos, pero Rosenkrantz mantuvo su postura original “con un ostensible desprecio por la sensibilidad y consciencia ciudadana”, acusan los oficialistas.
-La oposición sostiene en este caso lo mismo que en los anteriores: a los jueces no se les puede juzgar por el contenido de sus sentencias salvo que incurran en el delito de prevaricato. Sostienen que el fallo se atuvo a derecho.
*Obra Social del Poder Judicial:
-Los oficialistas acusan a los cuatro jueces incurrieron en un “incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración de dicha obra social”. Por ello los hacen responsables de los “desmanejos” detectados por la auditoría que designó la Corte.
La oposición sospecha que el oficialismo, a instancias de Lorenzetti, quiere exponer en la picota pública al juez Maqueda, quien estaba a cargo del área de la obra social. El año pasado este juez, junto a Rosatti y Rosenkrantz dispusieron reformar el estatuto y ampliar el directorio de la obra social, pero Lorenzetti, en disidencia, reclamó sancionar a las autoridades por irregularidades encontradas.
Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (CIJ/)
*Escuchas ilegales.
El oficialismo asegura que hubo connivencia entre el máximo tribunal y el gobierno de Rodríguez Larreta en el fallo sobre coparticipación porteña. Para ello se fundan en la filtración de chats que cruzaron Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño. Sostienen que en la Justicia hay antecedentes de uso de escuchas ilegales para avanzar en distintas causas, como la reapertura del caso de la firma del Memorándum con Irán.
La oposición sostiene que una acusación no puede fundarse en mensajes que se obtuvieron de manera ilegal y no los validará como prueba. Además, sostienen que aquellos presuntos chats no comprometen de manera directa a los jueces de la Corte sino a sus colaboradores. “Está claro que el pedido de juicio político del oficialismo está flojo de papeles, carece de seriedad y lo único que pretende es generar caos e incertidumbre política”, enfatizó Negri.
