El retraso con poca justificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la hora de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden ha llevado al Gobierno a nombrar a los suyos sin esperar más en el Consejo de Ministros de este martes. Con su designación, la pelota pasa al tejado del propio tribunal de garantías, que deberá decidir cómo afronta la situación inédita que vive, en la que solo se designará a la mitad de los magistrados que correspondería hacerlo en este tercio.
Desde el Constitucional, reunido en su primer día de pleno, que celebran cada dos semanas, la noticia se ha recibido con cautela y con intención de adelantar lo menos posible sus próximos pasos. Uno en falso puede complicar la toma de posesión de los designados por el Ejecutivo y hasta la próxima elección de presidente, puesto para el que el progresista Cándido Conde-Pumpido se perfila como el que tiene más opciones.
Cambio de situación
Pero desde la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el propio Consejo, lo que habría permitido que los dos magistrados que le corresponden fueran elegidos por los nuevos 20 vocales, desde el propio Constitucional ha habido voces que descartaban ya la tacha de inconstitucionalidad que podía entenderse cometida con la designación de la mitad de los magistrados que deben incorporarse al alto tribunal. Sobre todo, cuando el núcleo duro de los conservadores del Consejo se había obstinado en impedir la elección de los dos que corresponden al órgano de gobierno de los jueces.
Fuentes del Constitucional señalan a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, que “la facultad del Gobierno de nombrar es independiente de la del Consejo, y no hay norma alguna que establezca que el Consejo debe nombrar primero”, aunque “durante 40 años, siempre se hayan acompasado los nombramientos para celebrar una toma de posesión conjunta, esperando, si era necesario, algunos días o incluso semanas”. El problema es que “nunca se había retrasado uno de los órganos constitucionales varios meses” y eso hace que justo sea “difícil decir qué puede pasar”.
Sin previsión
El Consejo había pospuesto a su próximo pleno la designación del sexto que le corresponde, pero el ambiente que se respira en el órgano no hace presumir que ese plazo, a diferencia de los anteriores, sí se fuera a cumplir. Y el Constitucional tampoco puede prolongar eternamente la situación de interinidad que le había impuesto su actual presidente, Pedro González-Trevijano, y su vicepresidente, Juan Antonio Xiol, en el sentido de no pronunciarse sobre asuntos de calado hasta haber sido renovados.
Ahora la cosa está en cómo se articula el relevo de los magistrados que fueron en su día nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy: el propio presidente González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, que serán sustituidos por el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díaz. En su día fueron nombrados con los primeros Xiol y Santiago Martínez-Vares; el mandato de los cuatro está caducado desde el pasado 12 de junio.
Confabulación
El relevo solo será posible si el pleno del TC facilita ahora la toma posesión a los dos nuevos magistrados o la mayoría conservadora, todavía existente, pone alguna traba para impedir el relevo de la sensibilidad mayoritaria, que pasaría a ser la progresista. Desde el Constitucional la situación se ve con cierto escepticismo y una especie de círculo vicioso.
Fuentes del tribunal apuntan a la posibilidad de que “el PP impida la renovación del CGPJ, porque tiene mayoría. La mayoría de vocales del PP, la del TC, donde el PP también tiene mayoría. Y la mayoría del magistrados del PP impedirá también la toma de posesión de los nombrados por el Gobierno, para perpetuar en el cargo a los elegidos por el Gobierno de Rajoy, caducados hace seis meses”, lo que ven como una especie de “confabulación contra la Constitución”
