Tras dos meses de una gestión plagada de conflictos, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se reunió en la última semana del año con los grupos piqueteros de izquierda y con los movimientos sociales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), afines al Frente de Todos, para tratar de domar un fin de año caliente. Se acordó el pago de un nuevo bono en marzo de unos $17.000 para los beneficiarios del Potenciar Trabajo y una serie de compromisos. Pero los cambios que el Gobierno pretende hacer sobre la regulación de planes sociales prevé un 2023 difícil en materia social.
Frente a los referentes de izquierda, aglutinados en Unidad Piquetera, la ministra suscribió una serie de compromisos, vinculados a la entrega de alimentos -que habían sufrido un atraso en octubre-, a la distribución de cajas Navideñas pendientes y a la agilización de expedientes para la entrega de herramientas a cooperativas de las distintas agrupaciones. Tras el encuentro, Eduardo Belliboni señaló: “No hay ninguna tregua con Tolosa Paz. La ministra tiene que cumplir los compromisos”. Y agregó que prevé “un 2023 malo por lo que hay que pagarle al Fondo”.
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La UTEP, en tanto, que había anunciado un plan de lucha callejero, levantó las protestas a la espera de entrevistarse con la ministra y para acompañar el cambio de humor social que en esos días se vivió en los barrios populares por el triunfo de la selección argentina. Con esos movimientos sociales, Tolosa Paz suscribió un acuerdo de seis puntos.
El más relevante es el que reza que se trabajará, de forma presuntamente acordada, en la “discusión, resolución y reglamentación del Potenciar Trabajo”. Detrás de ese renglón está la voluntad de Tolosa Paz de reconfigurar los requisitos que deben cumplir los titulares de los planes sociales para recibir el beneficio. Dicho en otras palabras, definir los patrones de vulnerabilidad que serán contemplados para que los beneficiarios sigan percibiendo la asignación.
Una fuente oficial lo puso en estos términos: “Hoy un monotributista categoría B no puede acceder al Potenciar Trabajo pero no hay un parámetro de ingresos, por lo que una persona que por distintos labores percibe más de dos salarios mínimos puede estar percibiendo la asignación”. “Hay que discutir a quién ya no le correspondería recibir el plan”, señalaron en el Gobierno.
Eduardo Belliboni (Ignacio Sánchez/)
Un funcionario de la Casa Rosada agregó que en 2023, además, Alberto Fernández pretende reforzar el “empalme” del plan social con el trabajo registrado, para ponerle un tope temporal a la asignación y fijar un nuevo mecanismo de integración al trabajo. Hoy en día ya existe un “puente al empleo” que fija que el Estado subsidia parte del salario del empleado por el equivalente a medio salario mínimo durante doce meses y exime de cargas patronales al empleador.
Un importante referente de la UTEP advirtió a LA NACION: “Acá lo que va a hacer Tolosa Paz es un ajuste. Lo que hay que ver es cómo administra esa situación. Todo lo demás son palabras lindas para disfrazar el recorte que van a tener que hacer por el acuerdo con el FMI”.
Auditoría
La otra herramienta que tendrá Tolosa Paz para definir bajas en el Potenciar Trabajo es la auditoría que se está realizando mediante la verificación de datos biométricos de los beneficiarios del plan y la realización de una encuesta sobre las condiciones socioeducativas de los titulares de la asignación.
Los beneficiarios del plan tienen tiempo hasta el 6 de enero para completar el trámite. En un contexto de fuertes cruces entre el Gobierno y la Justicia, Tolosa Paz -que insiste que quiere estar “a derecho”- tiene previsto acatar la resolución que emitió el juez federal Ariel Lijo, que investiga irregularidades en el Potenciar Trabajo, y que ordenó que el ministerio notifique a la justicia federal sobre los resultados de la auditoría el 15 de enero.
Según datos a los que accedió LA NACION, con un corte que se hizo el 29 de diciembre, ya validaron su identidad 1.025.979 titulares del Potenciar Trabajo, el 75,65% del padrón. Santiago del Estero, Formosa, Misiones, La Rioja, Corrientes, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, Jujuy y Córdoba son las provincias que registran mayor empadronamiento y en el Ministerio de Desarrollo Social lo adjudican al trabajo que se realizó con los gobernadores del norte grande. Las jurisdicciones que tienen menos cantidad de validaciones son Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz y ciudad de Buenos Aires.
La auditoría también arrojó datos preocupantes sobre la finalidad educativa. Por ahora se sabe que al menos el 30% de los beneficiarios del Potenciar Trabajo tiene el secundario completo, el 29% no ha completado ese nivel educativo, el 20% solo finalizó sus estudios primarios y el 10% ni siquiera finalizó la primaria. “En la etapa que viene vamos seguir fortaleciendo la educación”, aseguraron cerca de Tolosa Paz sobre el último año de gestión.
Los datos que manejan en la UTEP son aún más críticos. El informe de emergencia alimentaria que efectuó Somos-Barrios de Pie sobre 38.622 casos arrojó una malnutrición infantil de 48,6%, es decir, que afecta a uno de cada dos de los niños, niñas y adolescentes que viven en barrios populares.
