El Gobierno despliega un plan de 356 miilones de euros en cinco años (2027) para aliviar la presión que sufre el Parque Nacional de Doñana en un momento crítico, ante la delicada situación que atraviesa uno de los principales humedales de Europa, con y la actividad agraria y turística de la zona ejerciendo una presión que es ya, dicen los expertos, insoportable. Entre las medidas que la ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha presentado en Almonte (Huelva) figura una partida de 100 millones de euros destinada a la compra de derechos de agua de los regantes de los terrenos colindantes con el Parque y de fincas para acabar con la actividad agrícola intensiva, sobre todo de fresa y otros frutos rojos, que esquilman el agua de Doñana.
Ribera dejó claro que será una oferta “voluntaria” y “adicional” y que el Ministerio está abierto “a poder compensar por la compra de fincas o derechos de agua cuando pueda suponer beneficio para acuíferos”. No solo se comprarán fincas o se ofrecerán permutas de terreno, también se pujará por derechos de agua adquiridos legalmente por los regantes de la zona que se estudiará caso a caso.
Ya hay una experiencia previa. En 2015 el Gobierno compró, por 35 millones de euros, la finca de Los Mimbrales que pasó a tener suelos forestales y cesó en su actividad agrícola. 1.061 hectáreas en la Corona Forestal de Doñana que estaban dedicadas al cultivo de cítricos, arándanos y fresa y cuyos terrenos fueron restaurados forestalmente. La finca actuaba como una especie de isla, ocupaba una zona que desconectaba terrenos incorporados al Parque Natural con los ya existentes. La compra suponía también la adquisición de 6,8 hectómetros cúbicos de agua de derechos de la finca. Es el modelo con el que el Ministerio quiere aliviar presión sobre el Parque y que avanza en una estrategia para reconectar la marisma con el río Guadiamar, en una conexión natural perdida hace más de 50 años.
Punto de no retorno
“El agua”, señaló la vicepresidenta tercera, ha sido “despreciada hasta el punto de secar parte de espacio” y “se enfrenta a problemas acumulados durante mucho tiempo a los que se ha intentando hacer frente pero que requieren un esfuerzo especial”, admitió en un tono que no ocultó la gravedad del momento, llegados a un “punto de no retorno”. Para aliviar esa presión, el Gobierno se compromete a actuar tanto en el agua en superficie como en los acuíferos y promete “generar oportunidades y alternativas compatibles compatibles para que Doñana siga siendo lo que es y los vecinos orgullosos vecinos que encuentren en el Parque su modo de vida”. Es la cuadratura del círculo, preservar el Parque, Patrimonio de la Humanidad, con las actividad económica de la provincia de Huelva colindante con el paraje natural.
Sobre las obras de infraestructuras hidráulicas pendientes, el Gobierno apostó por el tunel de San Silvestre y el trasvase del Tinto y Piedras, pero fue cauta la ministra con la presa de Alcolea o el canal de Trigueros, obras en estudio para “asegurar que el trasvase de agua no genera problema entre sus actuales usuarios”, advirtió Ribera.
La ministra, que presentó el Marco de Actuaciones para Doñana en un encuentro alcaldes, representantes de asociaciones agrarias, ecologistas y expertos científicos, defendió que “el deterioro de Doñana no debe ser la noticia sino el compromiso con su conservación”. El Gobierno fue tajante al advertir de que sus actuaciones se dirigirán a los regantes y agricultores con permisos legales es “un principio de justicia fundamental”, consideró Ribera. El plan contempla 7,8 millones de euros para reforzar el cierre de pozos ilegales, intensificar el control del consumo en las concesiones y el seguimiento de cultivos en regadío mediante imágenes de satélite y la guardería fluvial. Actividades “indispensables”, señala el Ministerio, “para recuperar el control de los recursos hídricos en la zona”. Se han cerrado hasta la fecha 210 pozos ilegales.
Alternativas a Matalascañas
El principal objetivo del plan es descargar de presión a los acuíferos, con aportaciones de otras fuentes de agua o por preservación de esos recursos. Se actuará sobre todos lo que estén declarados en peligro por la cantidad o la calidad del agua y se hará “buscando alternativas al uso de riego en superficie o al abastecimiento a Matalascañas”, un núcleo turístico que mutiplica su población en verano.
El plan contempla también actuaciones para la protección del dominio público marítimo terrestre, ya que las dunas o la desembocadura del Guadalquivir forman parte de la esencia del parque. Para mejorar la calidad del agua que llega a Doñana se destinarán 142 millones de euros y se reforzará a los ayuntamientos para mejorar la calidad de la depuración, los colectores y distintos puntos de saneamiento de municipios de Sevilla y Huelva.
Las actuaciones tratarán también de recuperar el agua de las marismas, que durante años ha inundado la zona e forma natural y que ha ido desapareciendo también por el cambio climático. Doñana afronta la década más seca, con especial intensidad en los dos últimos años. El Gobierno buscará como recuperar brazos y cauces de agua vinculados al Parque.
Periodo de alegaciones
El documento estará en periodo de alegaciones y exposición pública hasta el 15 de enero. La presentación del Gobierno viene antecedida de un fuerte encontronazo político con la Junta de Andalucía, después de que en la anterior legislatura PP, Cs y Vox, con la abstención del PSOE, impulsaran una proposición de ley en el Parlamento andaluz para indultar más de mil hectáreas de regadío en la corona norte del parque. Una actuación que va justo en el sentido de contrario de lo comprometido con la Unión Europea, de lo que piden los ecologistas y conservacionistas del Parque y de lo que defiende el Gobierno de la nación.
La ministra fue clara: “Mantener Doñana supone poner límites a la presión humana”. Ribera admitió que se llevó “un disgusto grande” cuando conoció la proposición de ley de amnistía de los regadíos impulsada por los partidos del Gobierno andaluz, entonces PP y Cs. “Es manifiestamente contrario a lo que estamos haciendo ante las instituciones europeas y el resto de organismos internacionales”, señaló la vicepresidenta. Esa proposición decayó y ahora Vox ha vuelto a registrarla en la actual legislatura. “Me parece una barbaridad, queremos un Doñana vivo, no muerto. Haciendo populismo no se resuelve nada”, advirtió Ribera. Desveló que en su conversación en Egipto, durante la celebración de la cumbre climática, con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, encontró otro tono en el líder del PP al que halló cuando mantuvieron esa misma conversación el pasado marzo, con la proposición aún en curso en el Parlamento andaluz. “Me dijo que para él Doñana era importante y que podíamos contar con la Junta para trabajar juntos”, sostuvo.
Al acto de presentación no acudió el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco sino su viceconsejero y otros altos cargos de la Junta. El Gobierno andaluz se ha quejado en los últimos días de la “deslealtad institucional” del Ministerio por no contar con la administración autonómica en la presentación y elaboración de estas actuaciones.
