El Gobierno presentará este lunes ante el Consejo de Derechos Humano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe que incluye fuertes dardos sobre todo hacia el Poder Judicial en la Argentina, pero también dirigidos a la oposición y los medios. El contenido de ese documento, que habla sobre los mensajes de odio, el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el lawfare, generó un fuerte mensaje de repudio por parte de Juntos por el Cambio, cuya Mesa Nacional emitió un comunicado esta mañana en el que aseguraron que el Ejecutivo pretende “justificar ante la comunidad internacional la embestida en contra de la justicia independiente”.
En un apartado titulado “Cuestiones emergentes: principales desafíos”, este documento elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, hace un “llamado de atención” a la ONU por los “discursos del odio” y sus implicancias para la convivencia democrática. “Han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, introduce el texto, que indica que este tipo de mensajes se advierten “de modo creciente” en “diversos espacios políticos, medios masivos de comunicación y redes sociales”.
“Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional”, diagnostica el informe que recibió asistencia técnica de la Cancillería por tratarse de una presentación internacional, a la vez que pide acompañamiento al Consejo de Derechos Humanos para abordar esta problemática y enumera las acciones que realizó el Gobierno para ir contra ellos, como denuncias penales e investigaciones del Inadi.
“Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del ‘lawfare’ o ‘guerra jurídica’. Desde el actual gobierno nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare –impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático– constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, señala el documento.
Después, expresa que en las causas judiciales que enfrenta Cristina Kirchner se violan garantías fundamentales del Estado de derecho “bajo la excusa” de la investigación y sanción de hechos de corrupción. “Se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal”, enumera.
Dice también que las causas penales se impulsan “únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares”, y que se “mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población”, en un claro pasaje dirigido a la administración de Mauricio Macri.
“Esta situación ya fue reconocida por la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados que en una comunicación remitida en 2019 advirtió que en el período de gestión de gobierno 2015-2019 se pusieron en crisis garantías constitucionales, en especial de aquellos políticos/as que eran considerados/as opositores/as a aquel gobierno, lesionando gravemente a nuestro sistema institucional y, por ende, a nuestra democracia republicana”, señala también el informe en cuanto a los años de gestión de Cambiemos.
En contraste, plantea que desde que llegó Fernández al poder se terminó “la práctica de avasallamiento a la independencia judicial” de parte del Ejecutivo, aunque advierte: “La persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión”.
En ese sentido también considera que estas “estrategias de persecución” tienen como fin “la proscripción de figuras centrales del escenario político”, justo cuando el kirchnerismo entiende que eso fue lo que le pasó a Cristina Kirchner al ser condenada en primera instancia en la causa Vialidad. También, que la supuesta persecución es “ejecutada en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas”, en relación con Mauricio Macri, a quien no nombra esa parte.
“[Esto] demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”, considera el informe y por eso solicita el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos para “fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de justicia y el Estado de Derecho” en la Argentina.
Respuesta de Juntos por el Cambio
Tras conocerse ese escrito lapidario con la oposición que se escuchará en la ONU el próximo lunes, desde Juntos por el Cambio hubo una reacción inmediata a través de un comunicado de la Mesa Nacional, que aglutina a sus principales figuras y a todas las terminales del partido.
Allí primero plantearon el repudio a la acción que harán los representantes del Gobierno en la ONU. ”Insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”, entienden los socios cambiemitas en esa nota de prensa que le responde a la Casa Rosada.
Después aclaran a la ONU que es “absolutamente falso” que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa durante la gestión de Macri, al alegar: “Intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
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