El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solo ha querido escuchar a los dos primeros miembros de la máxima categoría del ministerio público, formada por 38 personas, que intervenían en relación con la prescripción de los crímenes de ETA y ha dado por finalizado el debate de la cúpula fiscal en este punto, según señalaron a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes presentes en la Junta de Fiscales de Sala celebrada este jueves.
Los dos únicos miembros de la máxima categoría que han podido intervenir han sido la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y ambos se han mostrado muy críticos con la actuación de la Fiscalía General del Estado en relación con las causas abiertas en la Audiencia Nacional contra jefes etarras por varios de sus crímenes, entre ellos, el asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco.
Madrigal centró su intervención en que la prescripción debe acordarse en el momento procesal oportuno, como defendía el primer adscrito a esas causas, Vicente González Mota, y no podía discutirse en la Junta de Fiscales de Sala, puesto que así lo había acordado ya la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 6 de febrero, al entender que la ley de enjuiciamiento criminal prevé que el pronunciamiento sobre la prescripción se produzca una vez haya sido recabado todo el material probatorio y documental que pueda coadyuvar a conformar una tesis concluyente sobre lo ocurrido. Ello contribuye a que las víctimas puedan conocer la verdad de lo que pasó a sus familiares.
Al estar obligados a cumplir lo que decide el tribunal, el debate fiscal se volvía estéril, al no ser ya una audiencia para recabar la opinión de la cúpula, sino una mera formalidad, destacó la exfiscal general del Estado.
En defensa del fiscal del caso
A continuación tomó la palabra Zaragoza que hizo una encendida defensa de González Mota, que fue sustituido en estos procedimientos por Pedro Rubira, quien alegó la prescripción de los crímenes de ETA por los que se investiga a los jefes etarras. El que fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional criticó la posición de su sucesor en ese cargo, Jesús Alonso, y de la Fiscalía General.
Pero a partir de ahí ya no pudo intervenir nadie más. Ni el propio Alonso, pese a que había pedido la palabra. García Ortiz dijo que tenía que responder a los dos fiscales de Sala: negó que la Fiscalía General hubiera tenido cualquier participación a través de la Secretaría Técnica, de la que estuvo al frente, durante el mandato de Dolores Delgado, y aseguró que la posición del ministerio público siempre había sido la misma: perseguir los delitos. No hizo ninguna referencia a la sustitución de González Mota por Rubira y que este informó a favor de la prescripción, según las fuentes presentes en la reunión.
Se da la circunstancia de que este miércoles una asociación fiscal pidió depurar responsabilidades en relación con las dos investigaciones -una por la vía penal ante el Tribunal Supremo y otra por la vía disciplinaria-, que fueron abiertas a González Mota por presunta revelación de secretos al publicarse los correos electrónicos intercambiados con su superior y que dejaban constancia de su discrepancia en este asunto concreto. Ambos procedimientos fueron archivados por no ser los hechos constitutivos de delito y basarse en “meras conjeturas y sospechas”.
