Fue una condena por corrupción a una vicepresidenta en ejercicio. Por si fuera poco, la referente máxima del oficialismo. El hecho marca no solo un antes y un después en la parábola alucinada del kirchnerismo (y del peronismo en su conjunto, que lo sigue como un furgón de cola). La sentencia de la causa Vialidad, que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado, establece también un hito inédito en la historia institucional argentina. Y es, al mismo tiempo, una imperdible oportunidad para iniciar el camino de la recuperación de los valores de la república, que comienzan con el respeto a la ley y la división de poderes, dañados severamente durante los gobiernos kirchneristas.
El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, condenó a la vicepresidenta sobre la base del material probatorio reunido por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Esas constancias pusieron de manifiesto “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, según describió el alegato de la fiscalía. La sentencia, basada en evidencias concretas, restablece así la verdad de los hechos en un país donde el relato del kirchnerismo ha permeado hasta el punto de supeditar la distinción entre lo verdadero y lo falso al discurso, provocando un incalculable daño político, social y cultural.
En el fallo del martes último, los jueces indicaron que en las 51 licitaciones de obra pública adjudicadas a Austral Construcciones, de Lázaro Báez (también condenado), hubo “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses del Estado”. Y destacaron que existió “un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces presidenta de la Nación Cristina Kirchner”. Solo uno de los magistrados, Basso, consideró que también estaba acreditada la asociación ilícita, la otra figura por la que la vicepresidenta había sido acusada. La sentencia, en suma, ha determinado una pena ejemplificadora para delitos de corrupción sin precedente por su magnitud, que además no son ajenos a la pobreza y la falta de proyecto en los que hoy se encuentra sumido el país.
Los condenados debieran ahora reintegrar al Estado todo lo robado, no solo en esta causa, sino en el resto de los expedientes que se tramitan en contra de varios de los progatonistas del fallo sobre direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
La relevancia institucional del caso Vialidad va incluso más allá de lo dicho. Reside también en la significación simbólica de un Poder Judicial que ha ejercido su rol en una causa trascendental con valentía e imparcialidad. En un país donde la falta de independencia de los jueces que deben juzgar los delitos del poder ha sido la regla, la sentencia del juicio Vialidad abre la puerta a la esperanza en una regeneración institucional que resulta imprescindible para que la Argentina comience a desandar el camino del deterioro.
En este sentido, los magistrados, que no han hecho otra cosa que aplicar la ley sobre el caso que les ha tocado en suerte, y antes los fiscales, han actuado como una valla de resistencia en defensa de la república, puesta en riesgo por la vocación hegemónica del kirchnerismo. En suma, en defensa de los ciudadanos, que aspiran a vivir en un país donde la ley sea la misma para todos, y donde el poder desbocado no desplace las reglas de convivencia democrática establecidas en la Constitución para reemplazarlas por la voluntad del líder.
Del “vamos por todo” proferido desde la tribuna por Cristina Kirchner en 2012 hasta la sentencia del martes hay un largo trecho. Si aquel intento de anular la división de poderes no llegó a consumarse, fue gracias a la acción de actores que, desde distintos sectores, defendieron las instituciones con decisión. Una suerte de resiliencia de la democracia bien entendida, que hoy encuentra eco en la decisión de un tribunal que reconfirma, como poder de la república, el imperio de la ley. Es justo mencionar aquí a Elisa Carrió, siempre presente en la defensa de estos valores. Vale recordar que fue ella quien, junto a sus colaboradores, presentó en 2008 la denuncia que llevó a la condena por corrupción de la vicepresidenta.
Tras el fallo, en un discurso que tuvo mucho de catarsis, Cristina Kirchner descalificó a los magistrados que la juzgaron y a los fiscales que la acusaron. Afirmó que son parte de un “sistema mafioso” que se ha adueñado del Poder Judicial y que recibió una condena en razón de que sus gobiernos han mejorado la situación del pueblo. Las cosas, sin embargo, son muy distintas. Si la Justicia está deteriorada, en buena medida se debe al ataque permanente que el kirchnerismo ejerció sobre ella en su búsqueda obsesiva de impunidad. La sentencia llegó en cambio desde aquella parte de la Justicia que se ha mantenido en pie y que funciona como tal.
¿Cómo asumirá esta sentencia y las que vienen en otras causas una persona que ya ha desobedecido decisiones de la Corte Suprema? Recientemente, insistió en la designación del senador kirchnerista Martín Doñate como consejero de la Magistratura en abierto desafío al máximo tribunal, que había exigido el nombramiento en ese cargo de Luis Juez (Juntos por el Cambio), desplazado por un “ardid” de la vicepresidenta en su rol de presidenta del Senado. No sería extraño que mostrara el mismo desprecio por esta y nuevas sentencias judiciales que la condenen. Por lo visto hasta aquí, Cristina Kirchner llevará el relato al extremo en su intento de doblegar a las instituciones. Buscará imponer la impunidad por sobre la justicia. Todo indica que el campo de batalla será el Consejo de la Magistratura y el terreno de la política, aunque la vieja épica de sus mejores años ya suene gastada y tenga el aroma de la pólvora usada, que ha perdido efecto.
En la resistencia a la corrupción y la defensa de la república que este fallo histórico viene a fortalecer hay que inscribir también el reclamo de esa inmensa cantidad de ciudadanos que se han manifestado en contra de la impunidad. Los banderazos han sido quizá el ejemplo más claro. Esa conciencia ciudadana resulta imprescindible. Por un lado, les exige a los encargados de impartir justicia el cumplimiento de su deber. Por el otro, representa el aval que muchas veces los magistrados necesitan para que el imperio de la ley no se vea eclipsado por las presiones y amenazas del poder político. No hay que olvidar que la Justicia, de la que depende el cumplimento de las reglas que hacen posible la vida en sociedad, está encarnada en seres humanos. Hombres y mujeres que necesitan del apoyo de la sociedad para cumplir con su deber.
