Habrá alusiones a la ética y a la corrupción en la próxima reunión del Consejo de la Guardia Civil tras haber trascendido el fraude en las obras de los cuarteles, por el que que investigan presuntos delitos de corrupción en hasta 13 comandancias de toda España.
La dirección del instituto armado ha modificado el orden del día de esa próxima cita del Consejo, prevista para el 30 de marzo, incluyendo un punto titulado “Actuaciones para la Mejora de la Gobernanza”. En ese capítulo, la dirección general –actualmente desempeñada por la abogada malagueña María Gámez– informará a las asociaciones del Cuerpo sobre la marcha de distintas acciones para mejorar la conducta profesional de sus miembros, así como la protección de aquellos que denuncien internamente irregularidades o corruptelas.
Las revelaciones sobre la investigación de Asuntos Internos en torno a supuestos delitos en la contratación de obras en cuarteles, de las que ha venido informando este diario, han provocado que se adelante la explicación de nuevas medias por parte de la cúpula de la Guardia Civil a sus agentes. El próximo consejo no podía no tratar el asunto, y la mejora de la gobernanza será el marco de discusión.
En ese capítulo se viene trabajando en realidad desde hace meses, informan fuentes de la institución. Las labores parten de dos normativas. Por el Real Decreto 176/22 de 4 de marzo entró en vigor ya hace un año el Código de Conducta del Personal de la Guardia Civil. En su desarrollo se trabaja desde que, en octubre pasado, arrancó un grupo de trabajo para impulsar la aplicación de ese código.
En su actual fase, primera o de implantación, está el Plan de Acción de Ética Profesional, del que se hablará en el próximo Consejo de la Guardia Civil.
Transposición europea
El instituto armado, como la Policía Nacional y demás entidades de la Administración, vienen además obligadas por la Ley de protección del informante -su nombre oficial es Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción-, que entró en vigor el pasado 21 de febrero y que en parte es transposición de la directiva europea 2019/1937.
Los últimos episodios conocidos de corrupción en la cúpula de la Guardia Civil y la tensión interna que por su causa vive el Cuerpo le dan a este capítulo el máximo relieve en esa reunión del Consejo.
Este jueves, en la presentación precisamente de unas obras de casa-cuartel en Benaoján (Málaga), la directora general ha comentado el fraude en los cuarteles asegurando que “la Guardia Civil es la primera interesada en que se destape cualquier tipo de irregularidad o ilegalidad”. María Gámez subrayó que la investigación del caso parte del propio instituto armado: “Somos la propia organización y Asuntos Internos los que estamos poniendo en manos de la Justicia este asunto para que pague el que tenga que pagar”.
“Garbanzos negros”
La jefa de la Guardia Civil ha expresado su deseo de que “algunos garbanzos negros no enturbien el nombre de la Guardia Civil, porque no se lo merece”.
La propuesta incluida en próximo Consejo ha sido bien acogida por organizaciones como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha solicitado ser parte en el procedimiento por las obras en los cuarteles que tramita la juez de instrucción 3 de Madrid, Isabel Durántez.
Esta organización ya está personada en otro asunto de presunta corrupción en el instituto armado que se investiga desde 2020 por otro órgano judicial, el de Instrucción número 50 también de Madrid, por supuestos amaños en contratos de uniformes desmantelada en la denominada ‘Operación Grapa’.
Desde la AUGC consideran que la introducción del nuevo punto en el orden del día responde a una demanda realizada reiteradamente desde las asociaciones. De hecho, han llegado a elaborar un documento denominado Plan de choque contra la corrupción y por la regeneración democrática de la Guardia Civil “a la vista de la proliferación de casos penales en los que aparecen altos mandos como penalmente investigados”, en alusión igualmente a la imputación del ex general de división Francisco Espinosa Navas en el ‘caso Mediador’, o el reciente cese del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.
Entre otras propuestas, incluyen la de crear grupos de trabajo que dispongan de un sistema interno de información al amparo de la nueva ley de protección del informante, que deriva de la conocida como ‘Directiva wistleblowers’ de la UE.
Guardias y jefes
En el Consejo de la Guardia Civil, que es colegiado y se constituyó para examinar cuestiones laborales y de funcionamiento, se sientan 11 vocales en representación de guardias y cabos, dos por los suboficiales, uno por los oficiales y uno por los oficiales superiores. Además, quince vocales en representación de la Dirección General, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
Entre los aspectos esenciales de la nueva ley figura que cuando los datos que ofrezca el denunciante -que también podrá revelarla de forma anónima como ocurrió en la causa que se sigue por el fraude en obras de cuarteles-, den pie a aventurar la existencia de delitos, la información deberá comunicarse a la Fiscalía. Así, los cauces de denuncia serán dos, el interno de cada una de las organizaciones, como puede ser la propia Guardia Civil y otro externo, “ante la autoridad administrativa independiente”.
Antes de aprobarse la nueva ley, el Consejo General del Poder Judicial ya apuntó que, con independencia de los canales internos de denuncia que regula esta norma, la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligación de denunciar la perpetración de cualquier delito público ante las autoridades judiciales, fiscales o policiales.
