No hace mucho, en el Congreso de los Diputados, se produjo la reforma de los delitos de sedición y malversación dentro del Código Penal. El procedimiento entero tardó poco más de 20 días: desde el 24 de noviembre al 15 de diciembre. El tramo final fue una exaltación de la velocidad. Lunes 12 de diciembre: reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia, y acto seguido, la de la ponencia que estudió los cambios e hizo el informe (todo ello en un mismo día); martes 13: sesión de la Comisión para aprobar el dictamen; jueves 15: pleno para avalar el texto y remitirlo al Senado.
Cuatro meses después, se va a producir exactamente la misma secuencia. El Congreso de los Diputados va a tramitar la reforma del Código Penal aparejada a la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’ en cuatro días (los artículos 178 y 179). Fuentes parlamentarias han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que la Comisión de Justicia creará la ponencia el lunes 17 con la previsión de aprobar el dictamen al día siguiente, martes 18. La sesión del pleno del jueves 20 dará el visto bueno definitivo de la Cámara. A partir de entonces, turno del Senado.
Se va a cumplir el calendario que se propuso el grupo socialista después de aceptar una segunda semana de ampliación de plazo para presentar enmiendas. Éste es el limbo con el que juega la mayoría de la Mesa para imponer un ritmo legislativo u otro. El PSOE accedió a estirar esos plazos para estirar la ilusión de una negociación con Unidas Podemos que, al final, nunca se produjo. Era de prever porque las posiciones sobre cómo reformar la escala penal de la ley del ‘sólo sí es sí’ han estado siempre lejísimos. Quienes sí aprovecharon este lapso para hablar y buscar una alternativa fueron ERC y EH Bildu, que se dirigieron a la formación de Irene Montero, pero no al PSOE. Este matiz es importante.
Hace unos días, el jueves pasado en concreto, España entera disfrutando del inicio de las vacaciones de Semana Santa, las formaciones independentistas anunciaron una serie de enmiendas conjuntas a la proposición del grupo socialista. Apuestan por elevar las penas por agresión sexual y por violación mediante la concepción de la violencia como agravante, lo que desmonta la forma escogida por el PSOE. Sí, también los socialistas quieren aumentar las penas, pero a través de subtipos en la escala penal, no a través de agravantes.
La diferencia es crucial porque Unidas Podemos, y junto a los “morados”, ERC y EH Bildu, creen que el planteamiento del grupo de Patxi López diluye el consentimiento. El partido de Pedro Sánchez no lo ve así. Su portavoz, Pilar Alegría, ha afirmado este lunes que las enmiendas de su socio en el Gobierno y de los dos aliados parlamentarios no solucionan el problema, y éste es la tendencia a que se rebajen las penas a delincuentes sexuales. Las más de 800 revisiones a la baja que se han sucedido estos últimos seis meses no se pueden revertir. De lo que se trata es que las que haya a futuro no sigan el mismo camino.
Dos meses sin sintonía
Han tenido PSOE y Unidas Podemos dos meses para limar diferencias. Ha sido imposible. Aunque el grupo socialista registró su proposición de ley el 6 de febrero, no fue hasta el 7 de marzo cuando el pleno del Congreso debatió la toma en consideración. Fue una sesión bronca porque la representante de la organización de Irene Montero acusó a los socialistas de truncar las expectativas de las mujeres españolas.
Durante estos dos meses no han cesado los llamamientos al diálogo ni declaraciones rimbombantes sobre la voluntad de negociar. La Comisión de Justicia de la Cámara Baja, sin embargo, se va a reunir el 17 de abril sin acercamiento entre las formaciones del Gobierno, salvo que contra todo pronóstico representantes de ambas partes se sienten para tratar una posición común de aquí al lunes que viene. Fuentes parlamentarias lo descartan.
Los plazos se han ido consumiendo sin atisbos de sintonía. Como la Mesa del Congreso aceptó que el trámite de la proposición fuera de urgencia, el plazo para el registro de enmiendas a la totalidad se comprimió a diez días, a contar desde la toma en consideración. No hubo peticiones de esta índole.
Comenzaron entonces los periodos de las enmiendas parciales. PSOE y Unidas Podemos se dieron una semana, y así se decidió en la Mesa. Llegó el 28 de marzo y volvieron a darse una semana, hasta el 5 de abril, si bien, en realidad, era hasta el 10 debido a los festivos de Semana Santa. Pero ya sabemos qué dijo López: no habría más prórrogas; el día 20, tope.
Y así será. El PSOE podrá hacer un trámite exprés con esta nueva reforma del Código Penal porque cuenta con mayoría para imponer ritmo tan trepidante. Paradojas del destino, esa mayoría no proviene de Unidas Podemos. Proviene del PP, el mismo grupo que acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de lesionar los derechos de los diputados con aquella reforma exprés de los delitos de sedición y malversación. O con aquella reforma exprés de la ley trans. O con aquella reforma exprés de la proposición que instauró una gravamen temporal a las compañías energéticas y a las grandes fortunas. La razón que esgrimen es que, a diferencia de esas reformas, la del ‘sólo sí es sí’ urge por la “alarma social” creada.
Fuentes de Unidas Podemos indican que no les sorprende semejante velocidad. No se van a oponer, no obstante. Fuentes parlamentarias, bajo condición de que no se les identifique, explican la conveniencia de llegar al comienzo oficial de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, el 12 de ese mismo mes, con este entuerto solucionado. Igual que pasó con las reformas de la sedición y la malversación. Vidas paralelas con cuatro meses de diferencia. Reformas exprés en cuatro días.
