El dictamen de la ley trans puede ser el primero que el Congreso devuelva al Gobierno, y si esto ocurre, que tal y como están las relaciones entre PSOE y Unidas Podemos no es en absoluto descabellado, se puede generar una crisis de proporciones desconocidas. Todas las enhorabuenas por la estabilidad del Ejecutivo, a pesar del ruido incesante, se destruirían. Papel mojado. Fuentes parlamentarias informan a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que si el PSOE mantiene sus enmiendas, la norma correrá peligro. Añaden que si este inmovilismo provoca el rechazo del dictamen, la agenda legislativa de Pedro Sánchez entrará en una zona muy peligrosa.
La ley de vivienda sería la primera víctima. El ala socialista del Gobierno está empeñado en hacer una regulación laxa de los topes al alquiler en las zonas tensionadas, de manera que sólo conciernan a los grandes tenedores. Pero ni siquiera está clara la definición de gran tenedor. Unidas Podemos quiere ambición política, y por tanto, contundencia normativa; el PSOE, encaje constitucional y seguridad jurídica. Si la ley trans no sale, la formación “morada” previsiblemente elija el inmovilismo y la mayoría parlamentaria necesaria para aprobarla quedaría seriamente dañada.
La onda expansiva de una más que posible ruptura con la ley trans no acabará aquí. En este choque PSOE-Unidas Podemos está la prueba de estrés sobre la salud del Gobierno. Ha habido pruebas duras en el Congreso, de las discrepancias en el modelo fiscal a los desacuerdos con la redacción de la ley audiovisual, pero nada como en esta norma que, desde la fase de anteproyecto, se ha visto constantemente salpicada por la polémica. El feminismo está dividido al respecto.
Fuentes parlamentarias implicadas en las negociaciones de las leyes con el Gobierno reconocen su preocupación. La ley trans “o ayuda” a impulsar la agenda legislativa o “la revienta”. Lo que suceda con el trámite parlamentario “no va a ser neutral”, añaden. Las fuentes apuntan sin titubeos a la primera víctima del cisma, si se hace inevitable: la ley de vivienda, sobre la que el Ejecutivo y sus aliados han vuelto a hablar con el objetivo de acelerar el trámite y tener la regulación en el BOE antes de final de año.
Toda la agenda de Pedro Sánchez temblará, sin embargo. En este medio, hace dos semanas, se publicó que el presidente quiere exprimir los proyectos legislativos que tiene en cartera. Quiere, además, exprimirlos hasta el último día de la legislatura. Pero en su partido saben que los ritmos de ahora no serán los mismos que los ritmos previos a las elecciones autonómicas y municipales ni a los que se establezcan en el Congreso después de esa cita de finales de mayo de 2023. La idea es aprovechar lo que queda de año y despejar las polémicas.
La reforma de la ley del aborto, cuyo dictamen previsiblemente se apruebe este martes, se salvará del incendio, si es que se produce. La sustitución del delito de sedición por otro enmarcado en desórdenes públicos, también. Hay normas de rango económico que no tendrían por qué correr peligro, dado su carácter eminentemente técnico. Tampoco las de ámbito jurídico, como la regulación para proteger a los denunciantes de corrupción. Ojo a este terreno normativo porque el PSOE está intentando colar unas enmiendas para agilizar lo desahucios de inmuebles okupados y eso a Unidas Podemos no le hace ninguna gracia.
Es en el terreno de lo social donde el conflicto puede estallar y generar consecuencias políticas impredecibles. Qué pasará con la ley de bienestar animal; qué con la ley de trata que saldrá este martes del Consejo de Ministros; qué con la ley contra el proxenetismo; y qué con la derogación de la ‘ley mordaza‘, que no obstante se encuentra estancada. No es casualidad que la Comisión de Igualdad sea el escenario de la tensión que sobre las leyes de género tienen PSOE y Unidas Podemos. Es probable que el miércoles se celebre la primera sesión de la ponencia para dirimir la ley trans. Y después, proxenetismo; y después, trata…
Sobre esta, más divergencias. Y de calado. Fuentes del Ministerio de Igualdad han afirmado que la propuesta que Justicia pretende elevar al Consejo de Ministros este martes es “insuficiente” porque no atiende las reclamaciones de las entidades especializadas en atención a las víctimas de trata y explotación sexual. El departamento de Irene Montero, según informa Violeta Molina, sigue trabajando con el de Pilar Llop para que el texto tenga “la mayor garantía” de protección de sus derechos.
Solicitan la inclusión de la “posibilidad de que las víctimas de trata que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular puedan acceder a un permiso de residencia y a un permiso laboral“, así como a “atención social integral sin necesidad de colaboración policial o denuncia”, que es lo que, apuntan, sucede con el resto de víctimas de violencia contra las mujeres.
Las discrepancias en la ley trans
A finales de octubre, el grupo socialista presentó sus enmiendas a la ley trans. La más destacada, la que para el Ministerio de Irene Montero sobrepasa una línea roja, es la que propone la modificación de la autodeterminación del género en menores de 16 años: los de Patxi López piden ampliar la exigencia de autorización judicial para el cambio del sexo en el Registro Civil de los menores de 12 a 15 años cuando en el proyecto de ley este requisito se exigía sólo para los de 12 y 13 años.
Igualmente se ha propuesto, mediante otra enmienda, que también la justicia avale la rectificación del cambio registral, lo que supone que si se quiere revertir un cambio de sexo en el registro, haya autorización judicial.
En el proyecto, la autodeterminación de género permite cambiar la mención del sexo en el Registro Civil sin necesidad de informe médico o psicológico, tan sólo con la libre voluntad de la persona implicada.
Sin embargo, este aspecto, según el informe del Consejo General del Poder Judicial, no es “adecuado” para “proteger el interés del menor comprendido en esa franja de edad que carezca del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada”.
Es lo primero lo que quiere Igualdad que no salga adelante. El PSOE, no obstante, no prevé moverse. Fuentes parlamentarias transmiten a este medio la intención del grupo socialista de ir a la ponencia con sus enmiendas y que se voten. Si salen al contar con mayoría, perfecto. Asimismo, su pretensión es apoyar el informe, sea el que sea. Dejarían en el tejado de Unidas Podemos un eventual rechazo.
Si la enmienda de la autorización judicial no sale con el apoyo de los “morados” y de los aliados del bloque progresista, sólo podría prosperar de la mano del PP. Los populares han declarado su predisposición a negociar, aunque sobre las bases de sus enmiendas propias, muy alejadas del contenido de las socialistas. Por tanto, un enredo considerable.
La propia Irene Montero ha afirmado este lunes en TVE que la posibilidad de que el Partido Popular sea el sostén del PSOE en la aprobación de sus enmiendas es real. Fuentes de su departamento han remarcado que la formación de María Jesús Montero ha comunicado su posición al respecto: no quiere acuerdo… Pero, ¿qué acuerdo?
Estas fuentes han desvelado que hace tres semanas enviaron una propuesta al Partido Socialista para encontrar un término medio y un punto de encuentro. Siempre según las citadas fuentes, no ha habido respuesta.
Por ello, que la ley trans sea el primer proyecto rechazado en la comisión parlamentaria correspondiente es cada vez más consistente.
