El análisis de la caligrafía del que fuera teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, Carlos Alonso, ha sido fundamental para determinar si estuvo implicado en el denominado caso Cuarteles, una presunta trama de corrupción encabezada por el teniente general retirado Pedro Vázquez Jarava y en la que hay otros tres investigados judicialmente, entre ellos el propio Alonso.
Según un auto del pasado 20 de febrero en el que la Audiencia Provincial de Madrid rechaza sobreseer la imputación de Alonso, hay 25 facturas emitidas por empresas administradas por el empresario Ángel Ramón Tejera de León, conocido con los alias de ‘Mon’ y ‘Alférez Mon’, que fueron “selladas con la estampilla” del teniente coronel, en calidad de jefe de la Comandancia de Ávila.
La prueba pericial caligráfica del Laboratorio de Criminalística, a la que ha tenido acceso este diario, alude a determinadas “concordancias” y “similitudes” de las firmas atribuidas al teniente coronel con las que validaron las facturas del constructor de Lanzarote. El documento científico apuntaba que era “probable” que el autor de todas ellas fuera la misma persona, es decir, el jefe de la comandancia de Ávila. Sin embargo, al analizar únicamente las firmas, la conclusión era que no se podía ni atribuir ni descartar que el autor fuera Carlos Alonso.
Cadena de custodia en el caso cuarteles
Ante esta conclusión ambigua, la defensa de Alonso restó relevancia al informe grafológico, al mismo tiempo que defendió que las firmas que autorizaban los pagos debían ser validadas por otros dos funcionarios de la Guardia Civil. Alonso negó, en el mismo sentido, que la rúbrica que aparece en la mayoría de las facturas fuera la suya.
Este oficial, ahora destinado en la Comandancia de Madrid, recordó en su recurso que la prueba pericial caligráfica del Laboratorio de Criminalística concluyó que no se podía ni afirmar ni negar que él fuera el autor de las rúbricas, por lo que no se podía sostener “sin más” que él hubiera validado las facturas de las empresas de ‘Mon’, y por tanto, fuera el responsable de los pagos. También alegó que la cadena de custodia de las pruebas se había roto y por tanto estas no debían ser consideradas como válidas.
Sin embargo, la Audiencia madrileña defendió una postura totalmente opuesta y recordó el informe grafológico tampoco asegura que Alonso no fuera el autor de las firmas, sino que de forma abierta dice que “ni se puede atribuir ni se descarta”. De hecho, se indica que es probable que el conjunto de firmas comparta “una común autoría en su estampación, así como que la comparativa y cotejo grafonómico de muestras dubitadas e indubitadas indican un mayor número de concordancias frente a las discrepancias”.
La versión de teniente coronel Alonso
La versión de Alonso, mientras, es que su labor se limitó a organizar un grupo de trabajo para supervisar las labores de mantenimiento para mejorar el estado e imagen de 27 cuarteles de la Zona de Ávila. Y que éstos se encargaron a un contratista recomendado por el máximo responsable de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, [Pedro Vázquez Jarava]. Sostiene, igualmente, que lo único que hizo fue seguir instrucciones, sin emitir facturas ni participar en la supervisión de las obras.
El letrado de Alonso también critica la inspección “bastante superficial” de la perito designada por Asuntos Internos para comprobar si los trabajos de pintura se habían realizado o no. La funcionaria detectó “desviaciones entre lo facturado y abonado, y lo ejecutado” en muchas de las obras, todas ellas realizadas por las empresas de ‘Mon’. Sin embargo, Carlos Alonso certificó las obras ahora bajo sospecha.
La investigación del ‘caso cuarteles’ -que lleva a cabo desde finales del 2021 el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid sobre supuestas irregularidades en la contratación de obras para trece comandancias de la Guardia Civil- está paralizada a la espera de que la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, designe a nuevos peritos para analizar las obras realizadas por el constructor lanzaroteño.
Obras sospechosas en cuarteles
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durántez, investiga si altos oficiales de la Guardia Civil favorecieron al empresario lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León, que está imputado por recibir adjudicaciones de obras sospechosas en cuarteles por un valor superior a los 3,3 millones de euros. Su nombre también aparece cinco veces en el sumario del caso Mediador. Según las pesquisas llevadas a cabo por Asuntos Internos del instituto armado, el teniente general Pedro Vázquez Jarava fue el principal promotor de estas adjudicaciones.
La magistrada mantiene como investigado a Carlos Alonso, dado que las pruebas apuntan a que habría obligado a los guardias civiles a suscribir contratos con las empresas de ‘Mon’. Entre las pruebas que aportó el informe de Asuntos Internos figuran documentos manuscritos e incluso firmas que se atribuyen al entonces teniente coronel de Ávila.
