Mientras en los pasillos había diputados como Gabriel Rufián o Ferrán Bel reflexionando en público sobre el tono político de los debates, cargados de ira y animadversión, en el hemiciclo un parlamentario de Unidas Podemos de nombre Txema y de apellido Guijarro dijo a otro del PP de nombre Adolfo y de apellidos Suárez e Illana. “Nos va a dejar en breve. Agradecerle su trabajo como secretario (de la Mesa) y como diputado, desearle mucha suerte y decirle que ha sido un gusto poder conocerle. Adelante”. Acto seguido, se han dado un abrazo.
Contexto de este episodio de luz y concordia en una semana rebosante de mal rollo, caras largas, ceños fruncidos y palabras agresivas: el abrazo se ha producido horas después de que, fuera, frente al Congreso, los diputados y senadores del PP se concentraran para pedir la dimisión de Irene Montero como ministra de Igualdad y para anunciar que presentarán una reprobación contra ella y, más adelante, contra Fernando Grande-Marlaska. Una reprobación es un pronunciamiento político de la Cámara contra la gestión de un miembro del Ejecutivo.
Y ha sucedido un día después de que Montero acusara al PP de promover “la cultura de la violación” debido a dos campañas de la Xunta de Galicia y de la Comunidad de Madrid contra la violencia contra las mujeres, lo que provocó una algarada considerable y una reprimenda de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pues consideró que la expresión no era “adecuada” para el Parlamento. Ordenó retirarla del diario de sesiones.
Desde el martes se ha hablado mucho en el Congreso de la Presidencia. La ostenta Batet, efectivamente, y esto supone que allá donde esté, ejercerá como tal. No hay ninguna autoridad por encima de ella en el Parlamento. En el Estado sólo la superan el rey y el presidente del Gobierno. Si Batet no está, ocupará su posición el siguiente en la escala de la Mesa, que se compone de cuatro vicepresidencias y cuatro secretarías, cada cual con un rango y unas funciones.
Los debates en el pleno los dirige Batet si está presente. Si no está, se sigue la escala detallada antes. El reglamento deja claro que la potestad de la dirección recae en quien ejerza la Presidencia. Llamar a la cuestión a un diputado es cosa de esa persona; llamar al orden, también; retirar una expresión del diario de sesiones, ídem. Este jueves, el vicepresidente primero, el diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha decidido que el término “fascista” salga de las actas. Se le ha criticado por ello.
Es inusual que pase un día en el Congreso sin que un representante de Vox diga cosas como “comunistas”, “filoetarras” o “golpistas”; es infrecuente que no haya alusiones de diputados de grupos de izquierdas que tilden a los de Vox de “fascistas”. Así, desde 2020. Pero hace una semana Carla Toscano (Vox) dijo a la ministra de Igualdad que “su único mérito consiste en haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias” y Montero respondió: “Es violencia política”. Celis, que ocupaba la Presidencia entonces, retiró la manifestación del diario de sesiones.
La bronca por aquello no ha cesado. El pasado martes, en la Junta de Portavoces, ERC pidió sanciones por comportamientos así; el PNV, aplicación estricta del reglamento. El PSOE y el PP abogaron por la contención y la calma. Batet les leyó la cartilla a todos y advirtió de que sería más tajante.
Bastaron pocas horas para comprobarlo. En la sesión plenaria del martes, Celis, nuevamente protagonista, llamó al orden a la diputada de Vox Patricia Rueda tres veces y la expulsó de la tribuna. Había llamado “filoetarras” a EH Bildu. Fuera la expresión del acta. Un día después, lo de la “cultura de la violación”, Montero y el PP. Y fuera la expresión del acta.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho este jueves que Batet se está equivocando porque está “equiparando” y “compra el marco del ‘todos son iguales'”. A su juicio, no es así. “Nosotros podemos pasar un pleno sin estas broncas. ¿Vox puede? Es una campaña orquestada”, ha dicho. La propia Irene Montero se ha pronunciado igual, e incluso cree que “la violencia política no va a parar, sino que irá a más”. Íñigo Errejón, diputado de Más País, comparte el juicio: “Este clima irrespirable le va bien a la extrema derecha”.
Ferrán Bel, del PDeCAT, ha abogado por no seguir el juego, igual que Joan Baldoví, de Compromís, e igual que el propio Errejón. “Pido al Gobierno que no se deje distraer”, ha enfatizado.
Pareciera que no ha pasado nada más en el Congreso. El ruido de la bronca silencia todo lo demás. Pero sí han pasado cosas. El martes, el pleno de la Cámara rechazó por ejemplo la admisión de trámite de una proposición de ley del PP encaminada a endurecer la legislación contra la ‘okupación’ de inmuebles. Esa tarde, los grupos confrontaron sus criterios sobre la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’. Incluso discutieron cómo lanzar un pronunciamiento político de apoyo a la candidatura de Málaga como sede de la exposición universal de 2027.
Fue aquí cuando ocurrió el incidente entre Rueda y Celis, y por eso, ha rebrotado estos días la controversia sobre por dónde enmarcar los debates, y en particular, si se deben perfilar contornos. ¿Cómo puede ser que en un punto sobre Málaga y una exposición universal alguien llame ‘filoetarra’ a otro alguien?
La polarización izquierda-derecha vive actualmente en cotas altas. Se acerca el ciclo electoral. Esta fractura favorece a la izquierda por puras matemáticas: los diputados de los grupos progresistas son más. Este bloque propició la investidura de Pedro Sánchez y, esta misma semana, el trámite parlamentario de la reforma de la sedición en el Código Penal. Es el bloque que está impulsando las leyes ideológicas.
A veces, sin embargo, se materializa la llamada “transversalidad”, leyes que atraen apoyos de la izquierda y de la derecha. Este jueves, tres muestras. El Congreso ha sacado adelante la nueva regulación de evaluación de las políticas públicas en la administración general del Estado con 276 votos a favor, incluidas enmiendas provenientes del Senado. Y también ha enviado al BOE la ley de las ‘start up’ y la del sector ferroviario, ambas con un grado de respaldo que ha rondado los 300 votos.
No sólo eso. 318 diputados han avalado la reforma del Estatuto de Aragón para suprimir los aforamientos en las principales instituciones de la comunidad. Y esa famosa proposición no de ley sobre Málaga y la exposición universal de 2027 ha recabado ni más ni menos que 319 apoyos. Por ese umbral ha estado una moción del PP sobre medidas para revertir el deterioro de los servicios ferroviarios.
En todas estas cifras aparece la izquierda, pero también la derecha, lo cual es una buena noticia.
Despedida a Suárez Illana
Ha sido la semana en la que se constató que a Fernando Grande-Marlaska sólo le apoya el grupo socialista. Son 120 escaños, que no está mal, pero conviene que haya más. En Unidas Podemos, por ahora, tregua con el ministro, pero parece frágil. Los “morados” no ven mal una futura comisión de investigación sobre la tragedia de Melilla acontecida en junio.
Y ha sido la semana en la que el Congreso, por mayoría, ha dado luz verde al trámite acelerado y trepidante de la reforma de la sedición.
Y la de la despedida de Suárez Illana, a quien Batet ha homenajeado este jueves. Ha sido su último pleno. “Reconocer a un compañero de escaño aun siendo de otro partido” es lo que ha hecho. De él ha alabado su “educación y trato exquisito”, y sobre todo, “la manera de entender la política para crear concordia y generar convivencia”. La presidenta del Congreso lo ha calificado como “el estilo Suárez”. “Ha sido un regalo poder compartir gobierno de esta Cámara contigo”, le ha dicho, tras lo que se han dado un abrazo. Segundo abrazo de la jornada. Los diputados, entre aplausos, le han dicho adiós.
