La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a 145 personas acusadas de favorecer la inmigración clandestina, además de los delitos de fraude a la Seguridad Social y falsedad documental, ya que formalizaban parejas de hecho fraudulentas y falsificaban contratos laborales.
En un comunicado, la Policía ha explicado que la investigación se ha desarrollado en dos fases y que el fraude cometido por los implicados en la organización se acerca al millón de euros.
En un primer momento los investigadores lograron la identificación y detención de un grupo criminal por la comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su modalidad de favorecimiento a la inmigración ilegal, mediante la formalización de parejas de hecho fraudulentas y delitos de falsedad documental en contrato laboral.
Después, los agentes especializados detectaron la creación de una empresa ficticia que habría proporcionado contratos a unas 180 personas, para obtener así beneficios y prestaciones socioeconómicas de la Administración pública o acceder a préstamos bancarios, entre otros.
La investigación comenzó en 2021, cuando la Policía, tras conocer la existencia de dos parejas de hecho fraudulentas, puso en marcha la Operación Bisen, que culminó con la detención de once personas.
Entre ellas se encontraban cinco mujeres que consintieron formalizarse como parejas de hecho de cinco hombres extranjeros, por lo que fueron detenidas por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.Estas mujeres recibieron una contraprestación económica a cambio de aceptar el registro como pareja de hecho, lo que además confería a los hombres la posibilidad de obtener una Tarjeta de Residente de familiar de ciudadano de la Unión Europea y el acceso a los diferentes derechos socioeconómicos que la Administración les concede.
La segunda fase de la operación tuvo inicio a mediados del año 2022 tras detectarse la creación de una empresa ficticia con domicilio social en la localidad sevillana de La Rinconada.
La actividad principal de esta empresa era la de facilitar contratos de trabajo fraudulentos con la intención de que los falsos trabajadores pudieran percibir las prestaciones socioeconómicas por parte de la Administración Pública, beneficios penitenciarios, acceder a préstamos bancarios y regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros en España.
El administrador único de la empresa ficticia fue detenido en esta segunda fase de la investigación junto con 134 personas más, implicados estos últimos como presuntos trabajadores de dicha empresa.
Los agentes comprobaron que la cantidad total de dinero defraudada al erario público por los supuestos trabajadores ascendía a unos 924.000 euros, aunque parte de ella ya ha sido devuelta a la correspondiente administración.
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, tras lo cual se decretó su puesta en libertad con cargos.
