Algo menos de la mitad del PBI argentino está fuera del país. Según el último dato del Indec, al tercer trimestre del año pasado US$261.490 millones era la cifra que los argentinos mantienen en el exterior, en lo que se llama activos externos, una denominación técnica que incluye variables contantes y sonantes: depósitos en cuentas bancarias declaradas afuera, dinero atesorado en cajas de seguridad o, simplemente, billetes guardados “en el colchón”, en dólares o en otras divisas. Una medida del nivel de desconfianza que esas personas tienen en el país.
Gran parte de ese dinero es el que el ministro Sergio Massa busca traer de regreso mediante dos herramientas complementarias: el acuerdo de intercambio automático de información financiera con Estados Unidos y la nueva ley de blanqueo. Más allá de las irregularidades (o incluso, delitos) que puedan existir en algunos casos, y que merecen ser investigados, cómo recuperar esa confianza debería ser motivo no solo de amenazas de castigos, sino, mejor, de políticas que la restituyan.
Seguramente no es el mejor camino mostrar a delegados gremiales en góndolas y centros de distribución de alimentos para ver si se cumple o no con el enésimo régimen de control de precios que la Argentina ensaya, cuyo resultado, a la luz de la experiencia, es dudoso.
