El Mando de Canarias del Ejército de Tierra está revisando el contrato adjudicado al empresario lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León, más conocido como Mon, para unas obras de impermeabilización de las cubiertas del edificio principal de Paso Alto, en Santa Cruz de Tenerife. Mon es el constructor señalado en el caso Cuarteles, una presunta trama delictiva que involucra a miembros de la cúpula de la Guardia Civil, los cuales habrían facilitado que el empresario conejero se hiciera con alrededor de 200 contratos para pequeños trabajos de remodelación y reforma de cuarteles a lo largo y ancho de España. Tejera de León, tal como adelantó ayer este diario, también resultó adjudicatario de esas obras en las instalaciones de Paso Alto, y lo consiguió tras ofrecerse para llevarlas a cabo a un coste muy inferior al valor del contrato y a los precios ofertados por las otras nueve empresas que pujaron por la encomienda del Ministerio de Defensa. El importe inicial del contrato ascendía a 78.695,31 euros, según la información que consta en los registros públicos, y el acuerdo entre Defensa y Angrasurcor –uno de los negocios con que Mon logró decenas de encargos de la Guardia Civil– se cerró en septiembre de 2022 por 60.453,48 euros, casi una cuarta parte por debajo del valor de la encomienda. Una baja temeraria en toda regla que, sin embargo, no obstó para que el constructor conejero acabara por hacerse con el contrato.
Grande-Marlaska asegura que la Benemérita es la primera interesada en investigar el caso
Cuando se produce una baja temeraria, y con el objetivo de evitar que la empresa abarate el coste de los trabajos a costa, por ejemplo, de los sueldos de los empleados, la institución contratante –en este caso el Ministerio de Defensa– debe solicitar al empresario una justificación detallada de su oferta. Pues bien, entre la documentación que Mon aportó para solventar los reparos legales a su propuesta –y que le permitió quedarse con el contrato–, figura un informe a su favor de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, dirigida hasta su destitución el miércoles de la semana pasada por el coronel jefe José María Tienda, cuyo nombre aparece en el sumario del caso Mediador. Tienda es amigo del general de división Francisco Espinosa –el único de los doce investigados por la presunta trama político-empresarial que se encuentra en prisión–, y Espinosa es a su vez amigó íntimo de Tejera de León. Es esta la conexión entre los casos Mediador y Cuarteles. En este último aparece también el nombre del teniente general Pedro Vázquez Jarava, ya retirado y a quien se menciona junto con Mon como el presunto cabecilla de la supuesta trama de mordidas a través de esas decenas de contratos de pequeñas cuantías para arreglar y modernizar cuarteles de la Benemérita de las Islas y de la Península. Sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el ex coronel jefe Tienda habría ejercido de facilitador en las adjudicaciones a los negocios del empresario lanzaroteño.
Fuentes del Mando de Canarias, que depende del Estado Mayor de la Defensa –con rango de Secretaría de Estado dentro del Ministerio dirigido por Margarita Robles–, explicaron ayer que, como es lógico, están revisando el expediente de la encomienda a Angrasurcor. El hecho de que hubiera una baja temeraria no necesariamente implica, ni mucho menos, una irregularidad, pero sí llama la atención que entre la documentación presentada por Mon para justificar su bajísima oferta figure precisamente ese “informe del Comandante [sic] de la Guardia Civil sobre las obras realizadas en las diferentes dependencias”. Aunque en el expediente no figura la firma de José María Tienda –aseguran las fuentes consultadas–, no es menos cierto que este, en calidad de coronel jefe, era el responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife. En cualquier caso, y como es menester, el Mando de Canarias revisará con lupa el expediente.
El constructor se hizo con el contrato de Paso Alto merced a un aval del coronel destituido Tienda
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió ayer en su mensaje de “tolerancia cero” ante la presunta corrupción de la Guardia Civil en este caso Cuarteles. Marlaska recordó que Asuntos Internos está estudiando lo sucedido y que es la Benemérita la “principal interesada en hacer una investigación concienzuda de todos los actos denunciados”. El Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife se encarga del caso. El PP aprovechará el próximo pleno del Congreso para tratar de poner el foco en la trama Mediador y, por extensión, en la de los Cuarteles.
