Bartolomé Cursach quedará absuelto. La última acusación que se mantenía contra él, la de los empresarios de Magaluf, también tira la toalla. En un escrito remitido hoy a la Audiencia, la abogada Teresa Bueyes ha anunciado al tribunal que retira todas las acusaciones. Este movimiento beneficia también a la mano derecha de Cursach, Bartolomé Sbert, y al funcionario de Calvià Jaime Nadal, que eran acusados por esta parte. Así, el macrojuicio del caso Cursach queda reducido a dos agentes de la Policía Local de Palma.
Horas antes, el empresario Ángel Ávila, que ejercía una de las tres acusaciones particulares, se retiró también del proceso. Esta parte ya solo mantenía los cargos contra Bartolomé Sbert, para quien reclamaba una condena de nueve años y medio de prisión. El abogado Álvaro Martín ha anunciado que tampoco mantiene esta imputación. “Practicada toda la prueba, entendemos que no hay prueba de cargo suficiente para mantener la acusación”, ha explicado al inicio de la sesión del juicio.
Ángel Ávila y sus socios de la discoteca Level/Divino del Paseo Marítimo de Palma han mantenido durante años graves acusaciones tanto contra el magnate como contra un nutrido grupo de agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local. Sostenían que el Grupo Cursach tenía bajo sus órdenes a los policías para llevar a cabo inspecciones arbitrarias y promover sanciones injustas contra su negocio. Ávila denunció, tanto en el juzgado de instrucción número 12 como públicamente, numerosas maniobras para perjudicarle. En el juicio, afirmó que cuando trabajó para Cursach se recibían preavisos de inspecciones y que cuando empezó a trabajar para la competencia comenzó una situación de “acoso”. Reclamaba una indemnización de 8,5 millones de euros.
Con la retirada de esta acusación particular y la renuncia total de la Fiscalía, quedaban ya solo dos acusaciones particulares que piden condenas para Cursach, Sbert y dos policías. La que ejercía el empresario de Magaluf José Manuel Bover, que reclamaba casi 40 años de cárcel para Cursach y Sbert, así como 13 años de inhabilitación para un ex alto cargo del Ayuntamiento de Calvià, Jaime Nadal. Su acusación se basaba en unas vallas que el Grupo Cursach habría instalado junto a la discoteca BCM para impedir que los turistas pudieran acceder a sus locales en la plaza Pitiusas. A primera hora de la tarde, su abogada ha anunciado en un escrito a la Audiencia que también se retiran.
Tras estos movimientos, el macroproceso queda reducido a la mínima expresión. El propietario de Sa Trobada, un negocio situado en la calle Metge Josep Darder, mantiene la acusación contra dos policías de la Patrulla Verde a los que acusa de llevar a cabo actuaciones injustas que provocaron el cierre del local durante años. Reclama para ellos 6,5 y 9,5 años de cárcel respectivamente. De momento.
