Los abogados José Iglesias y Federico Jiménez Herrera, que representan a víctimas y sobrevivientes de la tragedia de República Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, pidieron ante la Justicia la quiebra del exjefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra por no pagar los honorarios dispuestos para los letrados por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Ya se dispuso la inhibición general de bienes del exintendente, por una deuda de 9670 pesos.
“La decisión de Ibarra de no pagar es una muestra más de la denigración que sufrimos. Esta situación es una constante. No solo nos sucedió con Ibarra, se repite con el gobierno de la Ciudad y con el Estado nacional, que no solo no pagan los honorarios, sino que tampoco abonan las indemnizaciones dispuestas por la Justicia”, afirmó a LA NACION Jiménez Herrera.
La jueza María Alejandra Biotti, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°5, dispuso que Ibarra, destituido como jefe de gobierno porteño por medio de un juicio político en marzo de 2006, pagara las costas tras perder una incidencia en un juicio donde se condenó a la Ciudad de Buenos Aires y al Estado nacional a abonar una indemnización por daños a dos hermanas que sobrevivieron a la tragedia de República Cromañón.
Fuentes cercanas a Ibarra afirmaron a LA NACION: “No encontramos intimación alguna al pago de honorarios”.
El 25 de octubre pasado, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal fijó los honorarios: $6700 pesos para Jiménez Herrera y $2670 para Iglesias. Ibarra fue intimado a pagar el 23 de noviembre pasado. Tenía un plazo de cinco días para cumplir con el pago.
“En el caso particular del señor Ibarra, su mora en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por un juez de la Nación ha quedado probada con hechos concretos: la no atención del pago del crédito (instrumentado en una sentencia regulatoria de honorarios), el vencimiento del plazo establecido por el magistrado de primera instancia y la falta de toda respuesta a una intimación cursada y notificada mediante cédula en el marco de un expediente judicial”, afirmaron Iglesias y Jiménez Herrera en su presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Tras un sorteo, el expediente recayó en el Juzgado Comercial N°22, informaron fuentes judiciales.
La tragedia de Cromañón ocurrió el 30 de diciembre de 2004
El lunes pasado, tras una presentación de Iglesias y Jiménez Herrera, la jueza Biotti dispuso la inhibición general de bienes de Ibarra, según documentación oficial a la que tuvo acceso LA NACION.
“En atención a lo solicitado, decrétese inhibición general de bienes contra el codemandado Aníbal Ibarra. A tal fin, líbrese oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal”, sostuvo la magistrada en la citada resolución.
Iglesias y Jiménez Herrera tienen en trámite 200 juicios en representación de sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia. Las demandas fueron iniciadas por daños y perjuicios.
