El peronismo se ha enredado con los hilos de su propia política. Cristina Kirchner sumó a su saga antirepublicana a dirigentes que trataban de resistir esa atracción. Alberto Fernández, Sergio Massa y la mayoría de los gobernadores de su partido se han convertido en peones de un ajedrez sobre el que ellos no deciden. Jugadas como el ataque contra la Corte, o la formación de brigadas bolivarianas para controlar los precios, anulan lo que, se supone, ellos tenían para ofrecer al diseño electoral: rasgos diferenciales respecto del estilo de la vicepresidenta. Ella, que encarnaba el piso electoral del oficialismo, se convierte también en su techo.
Más curioso es ver a la señora de Kirchner entregando también jirones de su propia identidad. En un momento en que la falta de dólares para adquirir insumos estrangula a la entrañable industria nacional, Massa echa mano de las reservas del Banco Central para mejorar el patrimonio de los tenedores de bonos emitidos bajo jurisdicción extranjera. El proyecto nacional y popular, que ya se había puesto de rodillas ante el sector agropecuario con la invención del dólar soja, según dictaminó Máximo Kirchner, ahora se inclina ante los especuladores financieros. La implacable cuenta de Twitter de la vicepresidenta mantiene un silencio cercano a la ortodoxia.
Ambos cursos de acción comparten una peculiaridad: la ineficacia. Ni Cristina Kirchner logrará desplazar a la Corte, ni Massa logrará, por más que los títulos mejoren su cotización un par de días, recuperar el crédito del mercado. En términos electorales, a Fernández y a Massa les será cada vez más difícil apelar al voto de ciudadanos con alguna sensibilidad institucional. Y la vicepresidenta ya debe afrontar el creciente clamor de su feligresía más consecuente, que está desconcertada por los espasmos ultraconservadores de la gestión económica.
El ataque a la Corte se sostiene en una premisa que nadie discute: el Frente de Todos no cuenta con los votos para enjuiciar a los cuatro magistrados. El único que enfrenta una amenaza, muy hipotética, es Ricardo Lorenzetti. Contra él se podrían sumar los votos kirchneristas con los de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, que ya promovió su destitución. La empresa impulsada por la señora de Kirchner no es, por lo tanto, institucional, sino política. Ella se prepara para los peligrosos idus de marzo. El jueves 9, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 divulgará los fundamentos del fallo que la condenó a seis años de prisión por la administración de la obra pública de Santa Cruz. El ambiente estará caldeado. El miércoles de la semana anterior, en la apertura del año legislativo, los ministros de la Corte recibirán los abucheos de rigor en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.
Marzo puede traer más novedades. La Corte todavía debe decidir si el sobreseimiento dispuesto por la Cámara de Casación en la causa dólar futuro, que benefició a la señora de Kirchner, a Axel Kicillof y a Miguel Pesce, fue válido o debe ser anulado. En el segundo caso, los imputados deberán ir a juicio oral.
En marzo también se puede producir otra decisión traumática para la señora de Kirchner. Los camaristas de Casación Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone podrían resolver si corresponde o no lo decidido por un tribunal oral: que no se haga un juicio público en la causa Hotesur-Los Sauces. Es un asunto hipersensible porque involucra a Máximo y a Florencia Kirchner.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, durante la ceremonia de toma de posesión de este último en La Plata, Buenos Aires, el 11 de diciembre de 2019 (HO/)
La avanzada contra la Corte está pensada para este escenario. El kirchnerismo se propone demostrar, sobre todo ante su feligresía, que en los tribunales no se está impartiendo justicia sino ejecutando una persecución. Que los magistrados son militantes de Juntos por el Cambio. El Congreso, donde los legisladores de la oposición defienden las garantías que protegen a los jueces, es un escenario ideal para interpretar esta tesis.
El argumento tiene patas cortas. Los diputados del oficialismo promovieron el juicio político basándose en comunicaciones privadas que se conocen a través del espionaje clandestino. Adujeron que, como esto último todavía no fue determinado por la Justicia, se puede avanzar a cuenta de un pronunciamiento. El criterio es estrafalario, sobre todo para un grupo político que se rasgó las vestiduras por las operaciones ilegales de la AFI de Mauricio Macri. Se fijaría esta pauta insólita: salvo que se demuestre lo contrario, cualquier divulgación de chats se presume legal.
La inconsistencia, sin embargo, es otra, mucho más severa: anteayer la Justicia resolvió que esos chats no pueden ser materia de un proceso penal porque pertenecen a la intimidad de los interlocutores. El juez federal Sebastián Ramos archivó la causa que se había iniciado contra Silvio Robles, un funcionario del equipo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, a quien se le formularon cargos basados en intercambios telefónicos con el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. Ramos cerró el expediente basándose en que el fiscal Carlos Stornelli se abstuvo de acusar, al advertir que la denuncia se basaba en capturas subrepticias de una conversación privada.
El juez también se pronunció sobre la protección constitucional a la intimidad de las personas. Hizo propias las razones del fiscal Carlos Stornelli. Entre ellas hay una muy interesante. Stornelli citó el voto de Ana María Figueroa en la discusión por la reapertura de la causa por el pacto con Irán, iniciada por Alberto Nisman. La camarista Figueroa sostuvo que el caso no podía reabrirse a partir de una prueba inválida: el registro ilegal de una conversación telefónica entre Héctor Timerman y el entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger. En aquel momento, el kirchnerismo denunció que los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos habían admitido como prueba esa intervención clandestina. En efecto, Borinsky y Hornos citaron párrafos muy extensos de ese intercambio. Los analizaron y valoraron. A pesar de eso, admitieron que su origen y legalidad debían ser determinados por el juez de primera instancia cuando se reabriera la causa. Es decir, se comportaron con el mismo criterio que utiliza hoy el peronismo en la Comisión de Juicio Político. El abogado de Robles, Matías Ledesma, hizo propia la posición de Figueroa. En el fondo del debate aparece un gravísimo problema: según el momento o según la “cara del cliente”, ¿en la Argentina hay dos códigos procesales?
En la embestida contra la Corte se juegan los enfrentamientos internos de la propia Corte. No sólo María Bourdin, que es la voz de Lorenzetti, sugirió que Rosatti debía renunciar. Resulta también sospechosa la demora de la oficina responsable por las intervenciones judiciales de teléfonos y correos electrónicos, la Dajudeco, en responder una consulta elemental de los fiscales: ¿algún magistrado ordenó monitorear el teléfono de Robles o de D’Alessandro? Si la respuesta fuera negativa, los diputados peronistas habrían perdido la oportunidad de investigar a los jueces.
La perezosa Dajudeco está en manos de Javier Leal de Ibarra, un camarista apadrinado por Lorenzetti, y por Juan Rodríguez Ponte, ahijado del juez Ariel Lijo, otro amigo del expresidente de la Corte. Lijo es el mismo juez que debe resolver la causa sobre presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial, usada para hacer bullying contra el decano de la Corte, Juan Carlos Maqueda, aun cuando no esté imputado en el expediente. Hay expectativa sobre ese desenlace. En el gobierno de la Ciudad afirman que, a la luz de estos antecedentes, Horacio Rodríguez Larreta descartaría la pretensión de Lijo de convertirse en Procurador de la Nación en su hipotética presidencia. Una frustración para el “juez Lujo”, como lo denominan, con cariño, en Comodoro Py y en la joyería Simonetta Orsini, su segundo hogar.
El cuestionamiento al Poder Judicial y, sobre todo, a su cabeza, la Corte, tiene antecedentes remotos en el kirchnerismo. El principal cerebro de la vicepresidenta en esta estrategia, Leopoldo Moreau, ya en febrero de 2021, refiriéndose a un dictamen de la Casación que beneficiaba a Macri, se quejó de que el máximo tribunal hubiera aceptado primero, y rechazado después, la revisión del expediente sobre obra pública en Santa Cruz. Ese fue el casus belli del conflicto de estos días. En aquel momento Moreau propuso: “Hay que tomar decisiones institucionales fuertes y creativas si queremos una democracia que no este chantajeada y condicionada por corporaciones”. Es lo que se está viendo ahora.
Los lamentos por el lawfare deben sobreponerse a las evidencias que surgen del propio kirchnerismo. Hugo Alconada Mon registró el lunes pasado la fortuna incalculable de Gustavo Gentilli, un funcionario intermedio del órgano de control de autopistas, donde empezó la gran carrera de acumulación de Néstor Kirchner. Muchos más modestas fueron las ambiciones de Nelson Periotti y Gustavo Navarro, funcionarios de ceremonial que se apropiaban de los viáticos en los viajes de Cristina Kirchner. El juez Daniel Rafecas los procesó, después de que el controvertido Rodolfo Canicoba Corral se había propuesto absolverlos. La familia Periotti no para de sufrir: Nelson Perotti padre fue condenado por la obra pública de Santa Cruz. También Francisco Larcher, la mano derecha de Kirchner en cuestiones de espionaje, boicotea la teoría del lawfare: su hijo no para de subir videos a las redes para mostrar la opulenta mansión en la que veranean en Punta del Este. En una de las tomas, enternecedora, aparece Larcher, ya anciano, haciéndole un asado.
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Una información insistente pero difícil de verificar afirma que, cuando cayó su antiguo compañero de tareas en el Banco de Santa Cruz, Lázaro Báez, el exespía sacó de su casa 70 millones de dólares, transportados por un hijastro en el baúl de un auto que pasaría la noche en un garage. Por esa logística el joven se habría cobrado 4 millones de dólares. Importa mucho el “se”. Habladurías. Después de todo, Larcher pudo ahorrar ese dinero trabajando en Impera Intelligence Group. O con su distribuidora Distribrosmen, de bebidas alcohólicas, conocida como “el laverrap de Paco”. Enigmas de Berazategui. Las cuentas más abultadas de Larcher están en los bancos de Santa Cruz y Santa Fe, de la familia Eskenazi. Minucias que no inquietan a los Larcher, que disfrutan sus correrías con los Olivero-Majdalani en las arenas del Este. Unos, kirchneristas. Los otros, macristas. Son familia.
Estas fechorías degradan cualquier denuncia sobre persecución. Se podría aceptar, eso sí, que la Justicia no es tan inquisitiva con otros grupos políticos. Pero es un argumento relativo: aun para una clase política con una moral muy fragilizada, el kirchnerismo se fue de escala.
En la embestida contra los jueces conviene prestar atención a que el peronismo no tiene los votos para condenar a los magistrados. Esa impotencia convalida el reproche de la oposición: no se estaría ante una comisión de juicio político sino ante una comisión de escrache. Las derivaciones de esta iniciativa son todavía misteriosas. Una de ellas: Alberto Fernández, que se ufanaba, para irritación de la señora de Kirchner, de no afrontar ninguna causa judicial, ya cuenta con dos denuncias penales, iniciadas por Carrió. ¿Empezó, todavía imperceptible, otro calvario? La otra consecuencia fue publicada por Rafael Mathus Ruiz en este diario: el gobierno de Joe Biden alertó sobre la crisis institucional que se está abriendo en el país.
Era previsible esa condena. La región está sembrada de señales de alarma. Lima, la capital del Perú, ha sido tomada por manifestantes en contra del gobierno de Dina Boluarte, surgido después del golpe que Pedro Castillo asestó contra el Congreso pretendiendo clausurarlo. En Brasil los seguidores de Jair Bolsonaro intentaron un golpe de Estado. La bandera principal de esa asonada ha sido un ataque al Poder Judicial, encargado de organizar las elecciones. El gobierno de Biden condenó a Bolsonaro y a Cristina Kirchner y Fernández. Una bofetada inesperada: en un plano subliminal, Biden hermanó a los kirchneristas con el neofascismo brasileño. Variaciones de la misma concepción antiliberal sobre el ejercicio del poder.
En esta atmósfera, el Presidente y el presidente “de facto”, Massa, arriesgaron en Washington su principal argumento: “Apóyenme a mí porque, si no, prevalecerá Cristina Kirchner”. Así han gestionado hasta ahora la clemencia del Fondo Monetario.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pasa junto a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden (JIM WATSON/)
La danza es llamativa. La vicepresidenta encadena a Fernández y a Massa a su destino. Les impone también una visión de la inflación con la que ellos no comulgan: la de que es un complot de los grandes comerciantes. Por eso Massa manda patrullas de camioneros, orgullosos de sus camisas negras, a los supermercados.
En sentido inverso, el Presidente, y sobre todo Massa, también atrapan a la señora de Kirchner en una gestión que ella no podrá justificar. Cuando cada vez más fábricas están paralizadas por la falta de dólares, Massa, siguiendo los consejos del secretario de Finanzas Lisandro Cleri, utiliza el 15% de las reservas del Central para recomprar bonos. Desde la izquierda kirchnerista de Soberanxs, encabezada por la intransigente Alicia Castro, adelantaron que Massa jamás será su candidato a presidente. Se lo avisan a Cristina Kirchner.
Massa y Cleri hacen lo que hacen para que no se siga agigantando la brecha cambiaria. Lo hacen para no potenciar la inflación. Lo hacen, y aquí está el núcleo de la acción, para no terminar de devaluar. Pretenden, además, que mejore el precio de los papeles argentinos para garantizar con menos costo ese repo de un par de bancos que Massa prometió cuando llegó al ministerio. Sueña con 1000 millones de dólares. ¿Hubo además otro propósito? Según la cuenta de Twitter @TraductorTeAma, el día anterior al anuncio de Massa se registró el máximo histórico en la demanda de los bonos que él iba a adquirir. ¿Hubo compradores clarividentes que previeron lo que sucedería? Cuánto que aprender.
El juicio político deteriora más, si eso fuera posible, las chances presidenciales de Fernández y de Massa. Pero no conseguirá liquidar a la Corte. La recompra de títulos puede lograr una mejora transitoria del precio de la deuda. Pero Massa no conseguirá volver a tener crédito, que debería ser su pretensión. Para eso hay que normalizar la macroeconomía. Son maniobras. ¿Cómo harán Fernández y Massa durante la campaña para disimular los arrebatos institucionales de la vicepresidenta? ¿Cómo hará la vicepresidenta para defender el festival de negocios privados que genera Massa con dinero del Estado? Cualquier peronista que esté pensando en el desafío electoral debería contestar esas preguntas.
