La decisión del Gobierno nacional de incumplir el fallo de la Corte Suprema que lo obliga a frenar la quita de fondos que impuso sobre la Ciudad de Buenos Aires motivó este fin de semana nuevas expresiones de preocupación y rechazo.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado titulado “las decisiones judiciales deben ser acatadas”. Allí advierte que “en vez de acatar la decisión y ver de qué modo ejecutarla, el Presidente de la Nación, junto con un grupo de gobernadores provinciales” anunció que “recusará a sus miembros y deducirá un recurso para intentar modificar la sentencia”.
“En realidad, el planteo recusatorio es tardío e improcedente. Existen decenas de precedentes en los que se han rechazado maniobras semejantes. Lo mismo corresponde decir del recurso que se anuncia deducirán”, puntualiza el comunicado del Colegio de Abogados.
“Como regla general, las sentencias de la Corte Suprema son inapelables, inmodificables a menos que excepcionalmente se haya incurrido en algún error material. Aquí no se invoca un error material. En su lugar se afirma que la sentencia detrae fondos de las provincias, lo cual es falso y que es un fallo ‘partidario’, retórica que se desentiende del equilibrado razonamiento empleado en la sentencia. De hecho, estamos ante una decisión que defiende el llamado federalismo de concertación de manera ejemplar. Por último, se sostiene que estaríamos ante un fallo sin precedentes, cuando basta leer la sentencia para identificar casos anteriores que la Corte ha considerado semejantes en aspectos sustanciales”, agrega la entidad.
En su tramo central, el comunicado afirma: “las decisiones judiciales de la Corte y de cualquier otro tribunal pueden ser criticadas con vehemencia, pero deben ser acatadas”.
“Todo el edificio de la República reposa en última instancia en esa idea, sin la cual sería imposible mantener la paz social porque los conflictos se dirimirían por la fuerza. El Poder Ejecutivo está al borde de alzarse contra una sentencia de la Corte, que es tanto como alzarse contra la Constitución. La gravedad institucional, en tal caso, sería inusitada y de consecuencias impredecibles”, concluye.
A su vez, el Club del Progreso, una asociación fundada hace 170 años, lamentó “profundamente el curso dado por los máximos responsables de los poderes nacional y de varias provincias frente a la resolución cautelar de la Corte Suprema del 21 de diciembre pasado”.
“El respeto debido entre los distintos poderes que concurren al sano equilibrio de fuerzas diseñado en nuestra Constitución Nacional se encuentra amenazado por actos unilaterales que bordean los extremos peligrosos de la anomia y la anarquía”, sostuvo el Club del Progreso, en un comunicado. Y propuso que se dicte la ley de Coparticipación que lleva 26 años de demora. “Esta falencia e inconstitucionalidad por omisión configura la raíz de este y otros conflictos que podrían evitarse si se asumiera el debate democrático para lograr los consensos y acuerdos para la necesaria ley convenio prescripta por los constituyentes de 1994″, cierra.
La decisión del Presidente y los gobernadores motivó denuncias penales y una fuerte reacción de la oposición. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acusó a Fernández de intentar “quebrar el orden constitucional” con su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó los fondos de coparticipación que el gobierno nacional le había quitado.
En una conferencia de prensa que concedió el viernes desde la sede de la administración porteña en Parque Patricios, Larreta calificó de “altísima gravedad institucional” la sorpresiva maniobra de Fernández. Anoche, empujado por 14 gobernadores, el Presidente optó por desobedecer la sentencia del máximo tribunal del país.
La Ciudad reclama que la Corte intime al Gobierno y prepara pedidos de embargo de cuentas nacionales
A su vez, Larreta cuestionó que el jefe del Estado haya dicho que recusará a los cuatro jueces que integran la Corte. “Esto no es contra la Ciudad, es en contra de la Constitución, de la seguridad jurídica”, resaltó el alcalde porteño.
Según el referente de Pro, quien aspira a competir por la sucesión de Fernández en 2023, la posición del jefe del Estado atenta contra “cualquier posibilidad de desarrollo”. “¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley?”, puntualizó.
Para defender el reclamo de la Ciudad, buscó resaltar que el fallo de la Corte “no perjudica en nada a las provincias, como intenta instalar el kirchnerismo”. Y advirtió que los fondos que el Gobierno le quitó a las arcas porteñas fueron destinados al distrito gobernado por Axel Kicillof, es decir, la fortaleza electoral de Cristina Kirchner. “Cuando nos sacaron la coparticipación, el Presidente no les dio ni un solo peso a las provincias. ¿Saben por qué? Porque se lo dio todo a la provincia de Buenos Aires, que es de su mismo color político”, dijo Larreta.
Larreta, durante la conferencia de prensa
Larreta remarcó que la decisión de Fernández “supera todos los límites imaginables”. “El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia. Desde la vuelta de la democracia no hay antecedentes de un Presidente no cumpliendo un fallo de la Corte”, subrayó.
En ese sentido, anticipó que la Ciudad “denunciará a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo”. En paralelo, comentó, el interbloque de JxC analiza la chance de impulsar “acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho”.
Después de que la Casa Rosada confirmara que no acatará el fallo de la Corte Suprema, Larreta reunió a su mesa chica para definir una contraofensiva: por un lado, decidió hacer “un reclamo institucional” y, por otro, avanzar con una presentación judicial. Ese texto, que prepara la procuración porteña y con el que pedirán que se haga efectiva la decisión de la Corte, se presentará el lunes ante el máximo tribunal.
Sin baja de impuestos
Rodríguez Larreta insistió que eliminará el impuesto a las compras con tarjeta de crédito, un tributo que impuso la Ciudad tras la poda de fondos, una vez que el Gobierno acate la sentencia y gire los recursos. De hecho, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, había convocado a una sesión esta mañana con el objetivo de derogar ese gravamen. Pero, por falta de acuerdo con el Frente de Todos, el tratamiento del proyecto se cayó.
El oficialismo necesitaba 40 votos para aprobar sobre tablas la iniciativa. “El kirchnerismo porteño se negó a votar la baja de impuestos en la Ciudad. De espaldas a los porteños y en complicidad con el abuso de poder presidencial, decidieron no apoyar el tratamiento de los proyectos presentados tras el fallo de la Corte a favor de la Ciudad”, señaló Ferrario.
El miércoles, la Corte Suprema falló a favor del gobierno de Larreta en su reclamo contra la Nación por la quita de fondos de coparticipación. En 2022 representarán una pérdida de $154.000 millones para las arcas de la Ciudad.
Anoche, a través de un comunicado, Fernández y catorce gobernadores oficialistas argumentaron que el fallo de la Corte es “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. A la vez, el primer mandatario ordenó recusar a los cuatro jueces del máximo tribunal y presentar un pedido de revocatoria in extremis de la decisión judicial.
Críticas opositoras
La jugada del Presidente desató un grave conflicto institucional. Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, acusó a Fernández de alzarse contra la Constitución y de cometer el delito de sedición.
La conducción nacional de la coalición opositora expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia” de Fernández ante el fallo de la Corte. “No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa”, indicó la mesa nacional de la fuerza.
Por su parte, la líder de la CC, Elisa Carrió, presentó en los tribunales federales de Comodoro Py una denuncia penal contra el jefe del Estado y los funcionarios que no acaten la sentencia de la Corte.
En tanto, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) impulsa un pedido de juicio político contra el Presidente en el Congreso. El exmandatario Mauricio Macri, co-fundador de Juntos por el Cambio, advirtió que “la desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía”.
Además, Macri dijo que “no hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado”. El expresidente se enteró el miércoles al mediodía de que la Corte había fallado a favor de la Ciudad en la causa por el recorte de los fondos de coparticipación, mientras jugaba al fútbol en La Matanza. “Las sentencias no se discuten, se cumplen”, dijo.
Patricia Bullrich, jefa de Pro, advirtió que el gobierno de Alberto Fernández ha “llegado al límite en el que no existe ningún tipo de ley”.
En ese macro, Fernando Straface, secretario de gobierno y de relaciones internacionales de la Ciudad, consideró que la situación es “mucho más que un conflicto de poderes”. “El Presidente desconoce la Constitución Nacional e inicia un conflicto democrático con profundas consecuencias en la credibilidad democrática internacional del país”, opinó.
