CÓRDOBA.- Catorce gobernadores acompañaron -y varios, además impulsaron- el anuncio que el presidente Alberto Fernández realizó la semana pasada -y hoy relativizó- sobre no acatar el fallo de Corte Suprema que restituyó fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de esos gobernadores son altamente dependientes de los giros nacionales para financiar sus gastos corrientes.
En el caso del chaqueño Jorge Capitanich -a quien se lo sindica como el principal impulsor de la respuesta-, el 74% de los ingresos de su distrito están explicados por giros de coparticipación y por transferencias no automáticas. Esto es, de cada 100 pesos que el Estado chaqueño utiliza para pagar sueldos, gastos e inversiones, 74 los recibe de la Nación.
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Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), La Rioja es la provincia con mayor dependencia de los recursos provenientes de transferencias nacionales: 89% de sus recursos que dispone el gobernador Ricardo Quintela llegan desde la Nación. Le siguen Jujuy (88%), Catamarca (85%), Santiago del Estero (83%) y Formosa (81%). Salvo el jujeño Gerardo Morales, los mandatarios de todos esos distritos avalaron la determinación de Fernández. El vicegobernador jujeño, Carlos Haquim, también cuestionó a la Corte.
El 74% de los ingresos de Chaco, gobernada por Capitanich, es explicado por giros de coparticipación y por transferencias no automáticas.
El dinero que se le había recortado a la Ciudad en 2020 volvió a manos de la Nación (no integraba la torta que se reparte entre las provincias), que decidió crear el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FFF) para la provincia de Buenos Aires y, según dijo, enviar más dinero para control de fronteras y persecución del narcotráfico a Salta, Santa fe y Misiones.
Los gobernadores, con transversalidad partidaria, vienen reclamando que la Nación distribuya más equitativamente recursos que no son de la coparticipación porque el área metropolitana (AMBA) que comparten la ciudad y la provincia de Buenos Aires reciben financiamiento de servicios que, en el resto del país, deben afrontar las provincias. Por ejemplo, para transporte, agua, electricidad y justicia laboral. Esa es una discusión que va aparte de la que se abrió ahora.
Si se toma el promedio de todas las provincias -incluida la Capital-, el 54% de sus ingresos provienen de Nación. Las menos dependientes de esas transferencias son Neuquén, con 23%; CABA, con 26%; y Chubut, con 33%. En las provincias patagónicas pesan las regalías petroleras. En ese segmento siguen Santa Cruz con 44%; Buenos Aires con 49% y Córdoba con 50%.
Sin premios ni castigos
Los especialistas en federalismo vienen destacando hace tiempo que el esquema de giros nacionales no contempla premios ni castigos al uso que le dan a esos recursos las provincias. Por caso, algunas de los distritos más dependientes de la Nación son los que más empleo público tienen, superando incluso al sector privado. Según un trabajo del Ieral, eso sucede en 13 provincias.
Un caso es el de La Rioja: 18% de los habitantes (casi uno de cada cinco) es empleado del Estado frente al 13% que trabaja en el sector privado (7% en la informalidad). Similar es la situación de Santa Cruz, donde la proporción de agentes estatales sobre el total de la población es del 17%, dos puntos por encima de los privados (10% registrado y 5% informales).
Alberto Fernández con los gobernadores
La media argentina de ocupados privados formales sobre el total del empleo es de 16%, según datos elaborados por la Fundación Mediterránea (Ieral). Por encima de ese valor solo están CABA, con 24,7%; Tierra del Fuego, con 24%; Santa Fe, con 19,3%; Chubut, 18,1%; y Córdoba, 16,8%. Todo el resto está por debajo; las peores posicionadas son Chaco (6,9%); Jujuy (7,9%) y La Rioja (8,9%).
Los números terminan mostrando que los distritos más beneficiados en el reparto de recursos nacionales son los que más problemas para el desarrollo privado tienen. No usan los fondos que reciben de la Nación para promover iniciativas ni proyectos. Según datos elaborados por el Ieral, en promedio el 69% de los recursos que manda la Nación es de libre disponibilidad, y hay distritos en que se llega al 80%. Pero la mayor parte esos fondos se destina al pago de salarios.
Para la consultora Idesa, la distribución de recursos a través de la coparticipación es “arbitraria e injusta” aunque, al menos, es automática. “Peores impactos generan las transferencias discrecionales y los gastos que hace la Nación en servicios a cargo de las provincias, que son más nocivos que la coparticipación. El actual esquema de distribución de recursos fiscales desalienta el esfuerzo, la creatividad, la innovación y el desarrollo productivo. Pero premia la mediocridad”.
Un estudio de la consultora FMyA, que dirige el economista Fernando Marull, sobre la base de datos del producto bruto geográfico provincial (PBG), señala que las jurisdicciones más perjudicadas en el reparto de fondos nacionales son la ciudad y la provincia de Buenos Aires, porque son las que más contribuyen y menos reciben. En el mismo sentido, apunta que las más beneficiadas, en función de lo que aportan, son Chaco, Formosa y Tucumán, jurisdicciones con “altos niveles de informalidad y de pobreza y una elevada participación del empleo público en el total de ocupaciones”.
