El Gobierno anunció hoy que acatará el fallo de la Corte Suprema que lo obliga a restituir parte de los recursos provenientes de la coparticipación federal que le había quitado a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, indicó que le pagará lo que le corresponde a través de bonos, en vez de la transferencia directa de pesos que es habitual.
Este cambio implica que el gobierno porteño deberá vender los bonos si quiere tener liquidez para hacer frente a sus obligaciones, lo que seguramente abrirá otro frente de conflicto entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Mientras tanto, el Gobierno vuelve a ganar tiempo.
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El Presidente indicó en un hilo de tuits que “los bonos consignados [TX31], ya fueron aceptados por la CSJN [Corte Suprema de Justicia] para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe”. Y agregó: “Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”.
Sin embargo, hay dos diferencias significativas con el pago a Santa Fe y el actual a la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, porque el Gobierno le pagó a esa provincia con bonos una deuda generada en el pasado; es decir, un stock, cuando ahora debe girar a la Ciudad un flujo diario.
La segunda diferencia es que el pago en bonos a Santa Fe surgió luego de un acuerdo entre el exministro de Economía Martín Guzmán y aquella provincia, que luego fue homologado por la Corte Suprema. En este caso, el anuncio del Gobierno se realizó de manera unilateral, sin que la Ciudad estuviese al tanto de esa decisión.
La deuda acumulada con Santa Fe nació de otro fallo de la Corte Suprema a favor de las provincias. En noviembre de 2015, el máximo tribunal declaró inconstitucional una ley que les descontaba a todas las provincias el 15% de la masa de impuestos coparticipables para financiar las prestaciones de seguridad social, aunque el fallo estaba acotado a Córdoba, Santa Fe y San Luis.
Antes de dejar la gestión, el 10 de diciembre de 2015, la expresidenta Cristina Kirchner firmó un decreto que hizo extensible el fallo de la Corte a todas las provincias, pese a que, al igual que ahora, en ese entonces el Congreso también ya había aprobado el presupuesto de 2016, diseñado por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, y no contemplaba dicho gasto.
“El Gobierno ha hecho cosas que a nadie se le hubiese ocurrido, como ofrecer un dólar soja, que implica comprar dólares caros al campo para vendérselo barato a los amigos que importan aviones. Además, compensa esa pérdida con una letra intransferible que la Secretaría de Hacienda le coloca al Banco Central por DNU. Pueden hacer lo que quieran”, indicó a LA NACION un exsecretario del Ministerio de Economía, que pidió mantener en reserva su nombre, al ser consultado por este anuncio sorpresivo del presidente Fernández.
“Esta creatividad del Gobierno no sorprende; el peronismo siempre se destacó por diseñar estrategias de parche. Pero toda esa creatividad tiene un costo institucional. De ahora en más, ya no son más confiables las transferencias coparticipables, porque nunca se sabe cuándo el Estado Nacional las puede interrumpir o encajar un bono. Ahora es todo más complicado”, agregó el exfuncionario.
Desde el punto de vista netamente financiero, el Ministerio de Economía se generará un nuevo problema, ya que habrá ofertas de títulos públicos que no controlará. En otras palabras, cuando un gobierno quiere bajar las tasas de interés de los títulos que emite, suele restringir la oferta. Ahora, como le pagará a la Ciudad con títulos, que puede vender en cualquier momento, se le complicará la estrategia de financiamiento.
Un ejemplo más concreto: si el Gobierno quiere levantar $100.000 millones con la venta de títulos, y la Ciudad vende $20.000 millones de los títulos nacionales que recibió por coparticipación, al Tesoro le costará más colocar nueva deuda. “El Gobierno competirá con títulos que él mismo emite, pero que no controla cuándo se venden”, señalaron fuentes del mercado.
“El Boncer31 (TX31) es uno bono que se emitió para el pago del juicio a Santa Fe hace unos meses. No opera en el mercado secundario prácticamente. Si rindiera cerca de la curva del resto de los títulos CER (aproximadamente CER + 12%), debería valer alrededor de $0,9 por cada $1 de valor neto. Si Larreta lo quiere vender, va a estar difícil en un momento donde el sector privado no quiere pesos, pero quizás algún jugador de más largo plazo, más estructural, como una compañía de seguros, lo demanda”, indicó otro asesor financiero.
El fallo de la Corte de la semana pasada rechazó que la Nación pueda modificar el porcentaje de coparticipación sin un acuerdo con el estado provincial y determinó que se restituyan los fondos originales a la Ciudad, excepto lo que el Gobierno enviaba por los gastos de la Policía Federal. Por lo tanto, la coparticipación de la Ciudad se elevó a 2,95% del 1,4% anterior.
Según señalaron en el gobierno porteño, durante el mes de diciembre, el Tesoro le estaba transfiriendo a la Ciudad $500 millones por día, cuando el porcentaje de coparticipación era de 1,4%. Las nuevas transferencias diarias deberían ascender a $1100 millones con la medida cautelar de la Justicia.
“El fallo es muy importante para la Ciudad de Buenos Aires, pero es relativamente poca plata para el Gobierno: son alrededor de 0,2% del PBI que debe reasignar en partidas si quiere seguir ayudando a la provincia de Buenos Aires de la manera que lo venía haciendo. En noviembre, la Ciudad habría recibido unos $17.000 millones adicionales de origen nacional. De manera que la primera reflexión es que todo este barullo es mucho menos por cuestiones económicas y mucho más por cuestiones políticas”, analizaron en la consultora Econviews, que dirige el exsecretario de Finanzas Miguel Kiguel.
