La presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, Consuelo Ordóñez, ha pedido al PP, en el acto de homenaje a su hermano, el político ‘popular’ Gregorio Ordóñez, que “no mienta” porque los gobiernos no excarcelan a presos de la banda terrorista, sino que son los jueces de la Audiencia Nacional que les han juzgado los que toman esa decisión, algo sobre lo cual está “muy tranquila”.
Al homenaje celebrado en el cementerio de Polloe, cuando se cumplen 28 años del asesinato de Ordóñez por ETA, han acudido su viuda, Ana Iribar, así como una amplia representación del PP con su secretaria general, Cuca Gamarra; el portavoz de campaña, Borja Sémper, su presidente en Euskadi, Carlos Iturgaiz, junto a Muriel Larrea, Borja Corominas, Mikel Lezama, Jorge Mota.
También han estado presentes representantes del PSE-EE como el delegado del Gobierno central en Euskadi, Denis Itxaso, el diputado foral José Ignacio Asensio, la concejal y candidata a la Alcaldía donostiarra, Marisol Garmendia; la presidenta del Parlamento vasco, la jeltzale Bakartxo Tejería; y el alcalde donostiarra, Eneko Goia, entre otros.
En su discurso, Ordóñez ha recordado que “ETA asesinó a Gregorio Ordóñez un 23 de enero de 1995” y 28 años después de su asesinato “cada año es más importante que el anterior recordar quién era y tratar de seguir su ejemplo“. Tras referirse a su hermano como alguien “único”, ha denunciado que los “señores de traje y corbata que señalaban a ETA a quién tenía que asesinar desde sus cómodos despachos no podían soportar” que él “les dijera a la cara que ellos eran tan responsables de los crímenes de ETA como los propios asesinos que los perpetraban”.
Crítica a la izquierda abertzale
La presidenta de Covite ha criticado que los “líderes de la izquierda abertzale que siempre han hecho política gracias a ETA, y que mandaban a sus peones de la muerte a mancharse las manos de sangre, siguen hoy haciendo política en primera línea y se han visto beneficiados de una impunidad de facto que nadie se atreve a cuestionar”.
En este contexto, ha reiterado que “el final de ETA negociado que vivimos desde el año 2011 les permite hacer política con alfombra roja sin que hayan condenado su pasado de complicidad con ETA”. “No han pagado, ni pagarán, por haber diseñado y engrasado la gran maquinaria de terror que hizo posible la violencia física y moral que sufrimos miles de personas en esta tierra”, ha lamentado.
Además, ha criticado que “la Justicia española nunca ha perseguido a los jefes políticos de ETA, como tampoco ha perseguido, por lo general, a las cúpulas militares de ETA”, ante lo cual ha subrayado que “la justicia y la verdad no son una elección o una posibilidad, son derechos”.
Ordóñez ha lamentado que “mientras las víctimas adolecemos de estos niveles de impunidad escandalosos, los sicarios del terror de ETA siguen ahí, habitando entre nosotros” y encima “ahora se dedican a la infame labor de ser ‘lobbistas’ de los asesinos presos”. “Terminada la política de dispersión, tan legal y tan legítima como la política penitenciaria actual, ya no pueden disimular cuál es su verdadero objetivo, que es el único que han tenido siempre, más impunidad”, ha señalado.
En este sentido, ha apuntado que “exigen una amnistía, aunque no siempre se atrevan a decirlo con este término y lo camuflen con imposturas como la de reclamar el fin de la dispersión”. “Su nueva impostura, ahora, consiste en rasgarse las vestiduras con los recursos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional interpone a los terceros grados otorgados de manera excesivamente generosa por el Gobierno vasco”, ha opinado.
Ordóñez ha señalado que para ellos “ahora lo excepcional, lo intolerable, lo injusto es que los presos de ETA puedan acceder a terceros grados sin cumplir con los requisitos que la Ley exige para todos los presos de este país: arrepentimiento, petición de perdón y disposición para colaborar con la justicia”.
A juicio de la presidenta de Covite, “queda claro que para la izquierda abertzale todo lo que no sea poner a los terroristas en la calle cuanto antes, y sin cumplir con la Ley, será excepcional”.
Frente a ello les ha advertido de “una mala noticia”, que es que “afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y cada etarra preso saldrá de la cárcel cuando cumpla su condena, con arreglo a derecho, y cuando así lo decida el juez que les condenó”.
“Por favor os pido a los líderes del PP que estáis aquí; dejad de mentir con este tema tan sensible para las víctimas. No son los gobiernos los que excarcelan a los presos, ni el Gobierno Vasco, ni el central, son los jueces de la Audiencia Nacional que dictaron su sentencia los que conforme y con arreglo a derecho cuando consideren que han cumplido sus condenas ordenarán sus excarcelaciones”, ha sostenido.
A ello ha añadido que está “tranquila” al respecto, porque en este tema el Estado de Derecho “está funcionando muy bien, está haciendo su papel”. “La Fiscalía está recurriendo cuando no se cumplen o no se acreditan esos requisitos legales y sé que por más que ellos están reclamando tienen que cumplir su sentencia”, ha incidido. Además, ha reconocido que su familia son “privilegiados” porque dos de los asesinos de su hermano están en la cárcel “y tienen para rato”.
“Lentitud de la Justicia”
Consuelo Ordóñez ha recordado que a finales de 2014, y a punto de prescribir el asesinato de su hermano, interpuso denuncia contra quienes formaban parte de la cúpula de ETA cuando él fue asesinado, y la Audiencia Nacional admitió investigar a los cinco dirigentes de ETA de ese momento: Mikel Albisu, Ignacio Gracia Arregi, Julián Atxurra Egurrola, José Javier Arizkuren Ruiz, y Juan Luis Aguirre Lete. Sin embargo, ha criticado la “desalentadora lentitud del proceso”.
“La insoportable lentitud de la justicia en nuestro país la convierte en injusticia“, ha insistido. Asimismo, ha recordado que “el 40% de las víctimas nunca han tenido a ningún autor material de sus atentados condenado” y “un 20% más han tenido sentencias incompletas”. “Por tanto, más de la mitad de las víctimas del terrorismo no han tenido justicia efectiva en nuestro país, una cuestión a la que España está obligada por haber suscrito el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, ha destacado.
