En los últimos años, Cristina Fernández de Kirchner ha sido objeto de 548 denuncias en los tribunales. Al conocerse la primera condena, a seis años de cárcel, que ella ha calificado de “fusilamiento judicial”, ejecutado sin pruebas, y después de anunciar su decisión de no competir electoralmente en 2023, la vida política de la vicepresidenta queda severamente limitada y resumida en la disyuntiva que ella misma ha expresado: “presa o muerta“.
La posibilidad real de ir la cárcel
Todavía es largo el camino que podría llevar a Fernández de Kirchner a una prisión a cumplir la sentencia que ha dividido las aguas de este país en medio de la unanimidad mundialista. Para que eso suceda, el dictamen debería ser ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal (un tribunal de segunda instancia) y luego la Corte Suprema. Y eso puede suceder en 2024 o más tarde, si se toman en cuenta los dilatados tiempos de la justicia argentina. Su cargo como vicepresidenta tiene fecha de vencimiento: el 10 de diciembre de 2023. Hasta ese momento, la protegen los fueros que otorgan su investidura, y que solo podrían ser retirados mediante un juicio político en el Congreso. Eso no sucederá porque la derecha necesitaría dos tercios de los votos en ambas cámaras.
¿Puede ir a la cárcel cuando se cumplan los plazos?
La principal instancia judicial argentina no ha dado hasta ahora señales de que quiera acelerar los plazos para resolver esta histórica causa, aunque los vientos de la política pueden ser un factor de aceleración. En el caso de que el Supremo dejara firme la condena, la actual vicepresidenta debería en los hechos entrar en una unidad penitenciaria. Pero eso tampoco podría llegar a suceder porque el próximo 19 de febrero cumplirá 70 años y la ley estipula que, a esa edad, se puede pedir la prisión domiciliaria. Quedaría entonces en manos de un tribunal competente conceder o no ese beneficio de manera automática.
¿Podría competir en futuras elecciones?
El Tribunal dispuso la inhabilitación perpetua de Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos. Si bien ella desestimó la posibilidad de participar en los comicios venideros, estaría técnicamente en condiciones de hacerlo en 2023 o más adelante, hasta que se agote su horizonte de apelación de la condena. Existe, por otra parte, un antecedente cercano, con otro expresidente peronista, Carlos Menem. Cinco años atrás, el hombre que había gobernado el país entre 1989 y 1999 se presentó como candidato en las elecciones parlamentarias, a pesar de que pesaba sobre sus espaldas una sentencia por la venta de armas a Croacia y Ecuador, con su consiguiente inhabilitación. Menem consiguió que el Supremo le permitiera participar de la contienda porque su dictamen no estaba en firme.
El impacto social del dictamen
“Si la tocan a Cristina, qué quilombo (lío) se va a armar”, han cantado sus seguidores desde que en 2015 abandonó el Gobierno. Finalmente, la “tocaron”. Sin embargo, los tumultos, tan anunciados como la condena, no han tenido por ahora lugar. Los sectores sociales que la ponderan son los más golpeados por la crisis económica de la cual es arte y parte un Gobierno peronista que la tiene como una de sus cabezas, a pesar del sordo enfrentamiento que mantiene con el presidente Alberto Fernández. Esa es una de las razones por las cuales las calles no se poblaron en defensa de la líder condenada. Por lo pronto, el dictamen de este martes ha logrado algo que los analistas no esperaban: la renuncia de Fernández de Kirchner a competir en las próximas elecciones en nombre de un partido que tampoco ha expresado su voluntad de ir más allá de la queja en las redes sociales, del mismo modo en que sucedió dos meses y medio atrás cuando estuvo cerca de consumarse el magnicidio.
Las causas pendientes
“Es solo la primera condena”, ha asegurado Joaquín Morales Sola, columnista del diario La Nación. El frente judicial de Fernández de Kirchner seguirá siendo tormentoso. En principio la espera otra causa relacionada con la corrupción en la obra pública. La investigación se inició cuando salió a luz el cuaderno del chofer de un alto funcionario de su Gobierno en el que se anotaban todos sus itinerarios, presuntamente relacionados con cobros de comisiones. Esas páginas han sido severamente cuestionadas en peritajes donde aparecen escrituras de personas diferentes. Pero, a la vez, la vicepresidenta tiene otra controvertida causa por presunto lavado de dinero y por haber intentado una negociación con Irán, que fue en su momento aprobada por el Congreso, para intentar que los ciudadanos de ese país involucrados en las investigaciones de un atentado antisemita que provocó casi 90 muertos, en 1994, pudieran ser interrogados.
