El PP, primero en la mayoría de las encuestas sobre elecciones generales, ha empezado el año con el objetivo de que vaya calando la idea de que está preparado para volver a la Moncloa. Para ello ha elaborado una hoja de ruta que se ha activado con fichajes y propuestas concretas para gobernar, aunque un par de episodios le han estropeado el arranque: la polémica por las medidas antiaborto que Vox propuso en Castilla y León, donde comparten Ejecutivo de coalición, y el patinazo que Alberto Núñez Feijóo protagonizó al relacionar violencia e islam.
Esta semana han intentado marcar la agenda política con el “plan de calidad institucional”, que incluye 60 medidas de regeneración. Aquí analizamos algunas de las más destacadas con el coordinador del documento: Esteban González Pons, eurodiputado y vicesecretario institucional del PP. Feijóo le encargó la misión en septiembre y la ha llevado a cabo con la ayuda principal de María Jesús Moro, secretaria de regeneración institucional.
Que gobierne la lista más votada en los municipios
Los conservadores proponen que el alcalde sea el que más votos obtiene en las urnas. “En Francia, Italia, Reino Unido, Grecia, Alemania y Portugal, el candidato más votado se convierte en alcalde. Esta propuesta es un medio para evitar que las alcaldías se negocien en un despacho y no se pueda mercadear, por ejemplo, con la concejalía de urbanismo”, explica el vicesecretario.
Pons quiere insistir en que este sistema, que obligaría a cambiar la ley orgánica del régimen electoral general (Loreg), no supondría “ningún menoscabo a las competencias del pleno municipal”. “Tendría que atraerse apoyos y tendría que decidir si le interesa una coalición, delegar concejalías… Como ahora, pero la diferencia es que esa tarea recaería sí o sí en el más votado”, explica.
No han incluido las autonomías y el Gobierno central, porque, argumenta Pons, la “naturaleza jurídico-política es distinta y no se lo puedes imponer a un parlamento [autonómico o nacional] salvo que crees un sistema presidencialista, y no es la idea”. “Los ayuntamientos son órganos de gestión administrativa local. En las autonomías solo podrías extenderlo como costumbre o como mecanismo corrector, como existe ya en Asturias, Castilla-La Mancha y el País Vasco [para facilitar la investidura en la segunda votación]”, comenta.
Afirma que, en las generales, ya es una “costumbre” y recuerda que, en 1996, cuando el PP venció al PSOE por casi 300.000 votos, el socialista Felipe González “tuvo la grandeza de saber que al país le convenía un cambio” y dejó paso a José María Aznar sin intentar ninguna alianza con otros grupos
Crear una Oficina de Calidad Legislativa y fijar que el debate de la nación sea anual
Para Pons, en España hay una “sobreabundancia de normas” y muchas redactadas “con poca precisión jurídica”. “Tengo la fortuna de haber sido parlamentario mucho tiempo [fue senador 10 años; diputado, siete, y ahora ocupa un escaño del Parlamento europeo desde hace nueve]. He visto cómo se redactaban en los 90 y ahora. Entonces había paciencia y extraordinario rigor técnico. Ahora se redactan con prisa para dar satisfacción a Bildu, ERC y PNV y se están construyendo ‘Frankensteins’ normativos”, relata. Pons cuenta que en Bruselas hay una oficina así que tiene dos objetivos: que las leyes “duren lo más posible y que haya las menos posibles”. El vicesecretario aprovecha para poner como ejemplo de mala redacción normativa la ley del ‘sí es sí’, con la que delincuentes sexuales están viendo rebajadas sus condenas.
Los populares también quieren que se regule el debate sobre el estado de la nación, para que sea anual. En los últimos diez años se ha perdido esa periodicidad, con la que lo promovió Felipe González en 1983. Mariano Rajoy solo celebró tres en los siete años que estuvo en la Moncloa. Pedro Sánchez uno, en 2022, pese a que llegó a la jefatura de Gobierno en junio de 2018.
Durante la conversación, Pons cita varias veces a González para bien. “Felipe nos influye”, comenta. La comunicación entre el expresidente y Feijóo “es más habitual de lo que algunos puedan creer”, comentan fuentes del equipo del líder del PP. “Probablemente hable más con Feijóo que con Sánchez”, comentan con maldad.
Aumentar el control del dinero público en el seno del Gobierno
El plan dedica un apartado a “medidas para un buen gobierno”, que incluye la creación de un registro sobre el uso de los vehículos que tienen a disposición el jefe del Ejecutivo y los ministros (entre otros, el Airbus A310, el Falcon 900 y el helicóptero Super Puma). “Hay que prohibir que el presidente pueda utilizar un Falcon para ir a un concierto, a una boda o a un mitin. El uso que hace Sánchez de vehículos del Estado se consideraría delito de financiación ilegal en el resto de Europa”, asegura. Cuando se le recuerda a Pons que también Rajoy acudió en alguna ocasión a actos del PP con el Falcon, responde que “hay que dejar de hacerlo”.
Preguntado sobre qué le parece que los diputados y senadores no tengan que dar ninguna justificación pública a sus desplazamientos (en avión, barco, tres, autobús o coche), responde que habría que estudiarlo. El vicesecretario reclama poner freno “antes” a las actividades del Gobierno que de los diputados y senadores.
Reforzar la independencia del Tribunal Constitucional
Los conservadores proponen que se regulen los supuestos de inelegibilidad de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. No lo podrán ser aquellos que hayan sido miembros de algún gobierno, partido o sindicato en los últimos cinco años. “No puede pasar lo de ahora. Las abstenciones de los nuevos miembros del Constitucional nos van a causar sonrojo. Sánchez ha metido a dos caballos de Troya”, afirma en referencia al exministro Juan Carlos Campo y la exasesora de Moncloa Laura Díez. “Tiene que ser el menos político de los tribunales”, señala.
Pons asegura que durante la última negociación con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que finalmente no se culminó, ambas partes acordaron introducir esas condiciones también para los jueces que hagan el camino de vuelta. Este freno a las puertas giratorias también afectaría al fiscal general, según el PP.
Profesionalizar los organismos públicos
“La situación de RTVE y de la Agencia Efe es inaceptable, indecente. En TVE se han hecho normales las listas negras, la expulsión de periodistas, la manipulación de noticias y la audiencia ha caído por debajo del subsuelo”, se queja Pons. Los populares reclaman la “profesionalización e independencia” de las personas que se pongan al frente del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
“Cuando lleguemos al Gobierno estudiaremos lo que ha ocurrido en el CIS y quizás el PSOE tenga que pagar los estudios sociológicos que ha hecho estos años, porque le ha ayudado y puede ser financiación ilegal”, avisa.
El “plan de calidad institucional” se ha elaborado durante cuatro meses con Pons de coordinador y, según explica, en él han colaborado instituciones, diplomáticos e instituciones que han pedido discreción.
