CCOO desbancó a UGT como el sindicato más representativo en Andalucía en el cuatrienio de 2012 a 2015 y, una década más tarde, se ha consolidado como el más representativo en una comunidad donde siempre reinó el ‘sindicato hermano’ del PSOE. Es otra prueba de un cambio de ciclo. El fin de esa hegemonía coincidió con el estallido del escándalo por los cursos de formación en 2013, cuando la jueza Mercedes Alaya ordenó el registro de UGT en Andalucía y comenzó la instrucción de un caso que ha conducido al banquillo a la antigua cúpula del sindicato.
El PP ha fraccionado y aplazado a 25 años el pago de los 36 millones de euros que supuestamente defraudó UGT a las arcas públicas. El presidente Juan Manuel Moreno salvó así al sindicato liderado por Carmen Castilla de la bancarrota el pasado mes de enero. Anteriormente el PSOE se negó a negociar esos reintegros. UGT ha ganado en los tribunales cuatro millones de euros y su deuda en estos momentos asciende a 32 millones. Confía en seguir descontando dinero en la vía judicial, informa el sindicato. Castilla, que llegó a la secretaria general en 2015, convirtiéndose en la primera mujer al frente en 125 años de historia, ha tenido que pelear contra el escándalo y las deudas para reflotar las siglas ‘ugetistas’.
Juicio en 2024
Se espera que en 2024, una década después de que estallara el caso, se sienten en el banquillo cinco responsables de UGT en Andalucía y diez proveedores acusados de urdir una trama por la que presuntamente desviaron 40,7 millones de euros de subvenciones públicas concedidas por la Junta de Andalucía para hacer cursos de formación. UGT, que niega la trama y defiende que los cursos se realizaban, está acusado de fabricar supuestas facturas falsas para quedarse con parte de esas subvenciones. El juicio está fijado entre el 15 de enero y el 19 de junio de 2024.
Desde que gobierna el PP en Andalucía la fórmula ha sido idéntica a la que han seguido durante décadas los ejecutivos socialistas. La paz social ha sido una prioridad para el presidente Moreno, que el pasado marzo firmó su tercer acuerdo de concertación social en Andalucía con UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía. La Junta sigue mimando a los sindicatos de clase para conseguir reducir la conflictividad social. Pero si durante años fue UGT el que marcó el paso ahora las circunstancias han cambiado. CCOO, que siempre se ha alejado de hermanamientos políticos pero que en los últimos tiempos se ha circunscrito más a la izquierda del PSOE, con afinidad con Podemos y en los últimos tiempos como paraguas fundamental para la vicepresidenta Yolanda Díaz y su proyecto político Sumar, es el que reina en Andalucía. Durante las negociaciones del último pacto de concertación es además el que mantuvo condiciones más duras para un acuerdo marcado por el conflicto de la sanidad, según admitieron fuentes del Ejecutivo en el momento de la firma.
Distancia consolidada
Los datos de representatividad de los sindicatos los certifica la Consejería de Empleo, que no obstante ha rechazado ofrecer los números a este periódico alegando que son los sindicatos los únicos que pueden conocer esas cifras. CCOO y UGT sí que han ofrecido los datos. Las cifras se corresponden a lo que se llama un “cómputo dinámico” que ofrece cifras en periodos de cuatro años, atendiendo a los cambios de las distintas elecciones sindicales. Ambos sindicatos siguen siendo los únicos que entran en la concertación social, para lo que la ley exige el diálogo con los que alcancen el 15% de representación de los trabajadores de la comunidad. Solo los sindicatos de clase llegan a esa cifra. CSIF, que es el que tiene más representación entre los funcionarios, se queda en el 5%.
Según los datos certificados por Empleo, CCOO tiene 14.219 delegados sindicales y UGT 13.152. En el periodo de 2018 a 2021, CCOO representaba al 36,9% de los trabajadores y UGT al 34,9%, con dos puntos de diferencias. La primera vez que el sindicato de Nuria López, secretaria general de CCOO-A, desbancó a UGT la diferencia fue del 37,1% frente al 35,3%. Esa brecha se ha consolidado en la última década.
Cuando vemos cómo confiáis en @CCOO y que en apenas 3 meses somos 1.000 personas más las afiliadas en #Andalucia, nos llena de fuerzas para seguir trabajando por los derechos y seguir en la línea de acción, de movilización y de acuerdos💪💪💪#lafuerzacolectiva pic.twitter.com/I1ZzHXLAw1
— Nuria López Marín (@nurialomar) 1 de abril de 2023
La crisis económica y el descrédito por los escándalos se cebó con ambos sindicatos. En los años 2011 y 2012 las afiliaciones cayeron como nunca. En la pandemia de covid se registró un repunte de afiliaciones en 2017, de trabajadores que buscaban asesoramientos ante los ERTE o para pedir el Ingreso Mínimo Vital. UGT recibió 1.400 afiliaciones en enero, febrero y marzo de 2023 pero ese número no es neto porque ese mismo trimestre se registraron mil bajas. Las altas y las bajas son numerosas porque el trabajador suele afiliarse para recibir asesoramiento concreto ante un problema puntual o cursar algún tipo de formación. UGT Andalucía comunica que tiene 150.000 afiliados de los 900.000 del sindicato en todo el ámbito nacional pero no todos están al día en el pago de sus cuotas, que alcanza los 180 euros al año, unos 35 euros al trimestre y 12 para parados.
En el caso de CCOO, su secretaria general comunicó días atrás que en los tres primeros meses de la comunidad el numero de afiliados al sindicato había crecido en mil personas en Andalucía. Los jóvenes y las mujeres son los que están mayoritariamente detrás del empuje de CCOO, que ha hecho un esfuerzo, indican, por adaptarse a los nuevos tiempos y nuevas realidades laborales. Durante meses, con una oposición noqueada aún por la mayoría absoluta del PP en las urnas, fue la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, la que asumió el discurso fiscalizador y duro contra la Junta, pese a terminar firmando ese tercer acuerdo de concertación social.
En caída desde 2012
La reforma laboral del PP en 2012 trajo como consecuencia una importante merma del número de delegados sindicales en Andalucía. Desde el periodo 2008-2011 al de 2012-2015 el número de representantes de los trabajadores cayó de 42.582 delegados a 35.008, un recorte por encima de los 7.000 representantes. Esa cifra nunca ha remontado del todo y el saldo sigue siendo negativo. Los datos señalan que el número actual se queda en los 39.845, lo que lleva aparejado un desfondamiento del poder real de los sindicatos en Andalucía.
El lastre económico de UGT es muy importante en la comunidad andaluza. Tampoco la Consejería de Hacienda ha querido desvelar los términos del acuerdo alcanzado con este sindicato para salvarlo de la bancarrota. Alegan que están obligados a la confidencialidad por la ley de protección de datos. El sindicato sí que ha trasladado a este periódico los términos del acuerdo sellado con la Junta de Andalucía en el primer trimestre de este año. El pasado 20 de diciembre de 2022, el Consejo de Gobierno andaluz autorizó a la Agencia Tributaria de Andalucía a la concesión de un fraccionamiento en el pago de la deuda de varias entidades y agentes económicos y sociales. Una fórmula cargada de excepciones.
Silencio de la Junta
UGT se acogió a esa fórmula excepcional con un acuerdo sellado en enero de 2023 con Hacienda que concedía la devolución en pagos fraccionados de 36 millones de euros en un plazo de 25 años y que ambas partes aseguran que tiene “garantía de pago”. Parte de ese dinero se sigue litigando en los tribunales, donde en la vía contenciosa administrativa había 23 expedientes de reintegro de entre millón y millón y medio de euros cada uno. De esos juicios UGT ha logrado descontar cuatro millones de euros, “casi el 80% de las cantidades fijadas en los expedientes ya juzgados”, informa. Confía en seguir reduciendo esa cantidad que paga de forma trimestral con intereses y en una cifra que va ascendiendo.
La Junta de Andalucía había reclamado al sindicato la devolución de 40 millones de euros en reintegros por el presunto fraude de las subvenciones de los cursos de formación. La anterior presidenta socialista, Susana Díaz, alcanzó un acuerdo con la Confederación de Empresarios de Andalucía que aplazó a la patronal andaluza 15 millones de euros en subvenciones en los que Empleo había encontrado irregularidades en los expedientes. El PSOE selló ese pacto con los empresarios poco antes de las elecciones de 2018 pero nunca concedió esa gracia a UGT, que sí se ha visto beneficiado por el Gobierno de Moreno.
