La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ve lógica la decisión de ERC de no apoyarla a las puertas de su juicio el próximo viernes porque, a su juicio, ERC “ha hecho de juez” y la ha “apartado” de la presidencia del Parlament, en una decisión que considera “partidista”, en relación a la decisión de la mayoría de la mesa del Parlament de aplicar el reglamento que prevé apartar a los cargos cuando se abre juicio por delitos relacionados con la corrupción.
Borràs ha acusado a ERC de “vulnerar la presunción de inocencia” y de haberla juzgado y se ha quejado de falta de apoyo en el independentismo. De hecho tampoco la CUP apoyará a Borràs a las puertas del juicio. “Es triste y decepcionante que otras personas que han sufrido esta persecución política por otros motivos no se solidaricen con compañeros que la sufren, pero esto es una decisión de cada cual”. “Me quedaré con las personas que quieran y puedan acompañarme, me constan que hay iniciativas de todo el país con autocares”, ha afirmado, señalando que habrá quien “pase lista” a las presencias y ausencias a las puertas del Tribunal. Sobre la presencia o no del candidato en Barcelona, Xavier Trias, el viernes, ha afirmado que este lunes le mostró su “apoyo” pero no le confirmó si acudiría.
“Indignación contenida”
En una entrevista en TV-3, a cuatro días del inicio de ser juzgada por corrupción, Borràs ha afirmas que se siente “a las puerta de ser juzgada sin haber cometido ningún delito, es una situación de indignación contenida”. Y ha anunciado que presentará pruebas para demostrar su inocencia aunque considera que “otros debería demostrar con pruebas tu culpabilidad”. Borràs ha hablado del “desgaste” que sufre porque, según ha aseverado, se pretende apartarla por sus ideas políticas independentistas.
Borràs ha insistido en que no ha fraccionado contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, hecho que ha recordado también que no es “un delito penal“. La dirigente de Junts ha considerado “falso” el relato de la malversación de fondos públicos y ha enmarcad de nuevo su caso en un ejercicio de “lawfare”, es decir, de “persecución política“.
La dirigente de Junts ha insistido en su tesis de que el caso se basa en su ideología y ha hablado de “irregularidades” en un caso que investigaron inicialmente los Mossos d’Esquadra.
