La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Aclisa) presentó una acción de amparo en contra del Estado por el decreto de necesidad y urgencia 841/2020, que estableció el pago de un bono de hasta $24.000 para trabajadores con salarios netos inferiores a los $185.859, y solicitó una medida cautelar para que el DNU no se aplique para la entidad. Es decir que sus asociados no estén obligados a abonarlo.
Según el escrito que presentó el estudio Escuti y recayó en el juzgado federal N°1 de Córdoba, al que tuvo acceso LA NACION, el decreto sería inconstitucional porque el poder ejecutivo “carece de facultades para legislar en la materia referida” y tiene “su génesis en cuestiones ajenas a las descriptas en el propio texto, muy probablemente políticas y relacionadas con la impericia del propio estado en materia económica”.
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En el mismo sentido, tampoco existiría la urgencia e imprevisibilidad requerida, además de que implicaría “una grave lesión a los derechos y garantías constitucionales, tanto de orden nacional como provincial y sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación que se encuentra el sector de la sanidad”.
“Es decir, existe no solo un severo agravio económico, de carácter enorme, que por su notoriedad y arbitrariedad que conspira contra la más elemental noción de seguridad jurídica, entendida esta en el contexto jurídico de un Estado de Derecho si no además una imposibilidad material de afrontar el pago inconstitucionalmente decretado”, agregaron.
Por último, solicitaron que, hasta tanto se resuelva la acción, se suspenda la aplicación del decreto respecto de Aclisa y se notifique al Poder Ejecutivo de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba.
Aclisa nuclea a la mayoría de las clínicas, sanatorios y hospitales privados de la provincia de Córdoba y sus asociados dan prestaciones de salud de todo tipo (consultas, guardias, terapias, cirugías, transplantes, tratamientos oncológicos, etc.).
A lo largo de esta semana se conocieron distintos planteos de entidades en contra del bono. El lunes fue el caso de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que le pidió al ministro de Economía, Sergio Massa, que se prorrogue y ayer se sumó la Confederación de Pymes Constructoras que le mandó una carta a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Allí planteó la imposibilidad de cumplimiento material y objetiva de la retribución no remunerativa “por ser arbitraria y por ende, ilegítima”.
El escrito menciona que el 2 de diciembre pasado la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (Faec) resolvieron reabrir y complementar los acuerdos paritarios de mayo y septiembre previéndose aumentos escalonados para diciembre de este año, enero, febrero y marzo de 2023. “Dichos porcentajes posicionan al sector con una variación interanual que significa un incremento de sueldo del obrero de la construcción en un 105% sobre marzo de 2022. Es decir que el sector previó con anterioridad al dictado del DNU 841/2022 la necesidad de un ajuste salarial”, alegan.
Según la Confederación, de lo anteriormente mencionado, surge claramente que la asignación no remunerativa de $24.000 establecida por el artículo 1 del decreto “no es de aplicación para el sector que nuclean y ello por cuanto dicho importe queda absorbido por los ajustes pactados en la paritaria del mes de diciembre/2022″.
En concreto, el texto del decreto dice que la asignación no remunerativa prevista podrá ser absorbida hasta la concurrencia en caso de haberse acordado o estuviese previsto en los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo el pago de asignaciones no remunerativas por única vez o beneficios equivalentes entre noviembre de 2022 y enero de 2023, lo que lleva a distintos actores a blandir el argumento de la validez que tendrían las reaperturas de paritarias en ese período.
Pero, según fuentes del Ministerio de Trabajo, esto será un foco de discusión a futuro. “Eso se hablará en cada revisión paritaria. En la revisión, la parte empresaria podrá esgrimir eso y la parte trabajadora lo discutirá y dirá que un bono es una suma no remunerativa y que eso no es parte del salario a negociar”, dijeron.
Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, afirmó que desde la entidad venían alertando sobre las implicancias que tendría la determinación unilateral del bono. “En el caso del sector privado el camino es el de la negociación colectiva y, si hubiera otro tipo de acuerdo, debe ser con la participación de los actores. No fuimos consultados por el bono, ni por las características y no compartimos ni la necesidad ni la conveniencia de establecerlo. Destacamos que iba a generar superposiciones e interferencias con lo pautado en los propios convenios, perturbando las escalas más bajas y generando expectativas en otros eslabones de la cadena”, explicó.
“Por todo ello, no nos sorprende lamentablemente que ahora se evidencien los problemas que destacamos porque la interferencia de la voluntad estatal sin respetar el ámbito de la negociación colectiva primero crea dudas en cuanto a la propia realidad de la negociación colectiva, obliga a establecer cláusulas de pagos a cuenta o absorciones para evitar estas superposiciones y, finalmente, en el caso de las pymes, obliga a pagos que están fuera de la realidad de muchos sectores. Una vez más, la imprevisibilidad se impone sobre la previsibilidad”, agregó.
En el Ministerio de Trabajo adelantaron que esperan que la semana próxima empiecen a llegar reclamos aislados de trabajadores “tal vez fuera de convenio o sueltos” a los que no se les haya depositado el bono en diciembre.
