Francina Armengol propinó un volantazo de consideración en la polémica del catalán en la sanidad. En solo 48 horas varió su opinión como de la noche al día. Pasó del lunes decir que los médicos y enfermeras aprendieran el catalán de forma voluntaria a ordenar que el 90% de los sanitarios debían acreditar el nivel de catalán. ¿Qué ocurrió en estas 48 horas para que la presidenta del Govern diera un giro de 180 grados?
Se apunta, desde fuentes cercanas al Govern, a dos hechos fundamentales que empujaron a Francina Armengol a este cambio drástico de posicionamiento. El primero es que recibió advertencias de juristas de que los recursos de la Obra Cultural Balear (OCB) y el sindicato Stei, si llegaban a los tribunales, podían paralizar todo el proceso de estabilización de los interinos en la sanidad balear. El segundo es que la presidenta se dio cuenta de que la información que recibía por parte del IB-Salut para exonerar de catalán de forma generalizada a los sanitarios era deficiente. Los datos que le daban no dejaban claro y tampoco eran concisos para acreditar que todas las categorías y especialidades eran deficitarias para que se les eximiera del requisito de catalán para siempre, como pretendían en el organismo sanitario. Una situación que enfadó de forma especial a la presidenta con los gestores del IB-Salut, ya que debía salir públicamente todos los días a defender un argumento en el que ella tampoco estaba muy de acuerdo y sin tener las cifras concisas que lo acreditaran ante la ciudadanía y sectores de la izquierda.
A todo ello hay que unir la presión que ejercían sobre ella sus socios de Més y el peso de la OCB. Desde la entidad cultural, así como personas de relevancia, hicieron llegar a Armengol que se equivocaba y que el IB-Salut no aclaraba en cifras la excepción generalizada que pretendía.
El pasado lunes, día 30 de enero, Francina Armengol afirmaba tras el Consell de Govern celebrado en Formentera que “cumplían la ley»” al eximir a los sanitarios del requisito lingüístico. Dos días antes apelaba a que lo aprendieran de forma voluntaria. Sin embargo, el miércoles tras reunirse con el líder de Més, Lluís Apesteguia, rectificaba. Este mismo miércoles defendió que al 90% de los sanitarios acrediten el conocimiento lingüístico para optar a un puesto en la sanidad pública y que “el catalán no era un problema”.
El mismo lunes día 30, dirigentes del IB-Salud reunieron a un grupo de periodistas para justificar la exoneración bajó el argumento de que faltaban médicos y enfermeras. Ese día tampoco ofrecieron las cifras y dos días después, tras el golpe sobre la mesa y el enfado de Armengol, tuvieron que mantener todo lo contrario: de las cerca de 2.300 plazas de sanitarios a estabilizar, solo 248 eran deficitarias y se les podía eximir de catalán. ¿Qué ocurrió en el IB-Salut para sostener todo lo contrario de lo argumentado solo dos días antes? El enfado de la presidenta y que, una vez analizadas las cifras, su teoría se caía.
Advertencias jurídicas
Juristas de prestigio desde diferentes ámbitos, incluso se asegura que también desde la Abogacía de la Comunidad, advirtieron a Armengol y a otros miembros del Govern de que los recursos de la OCB y Stei, si llegaban al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y pedían medidas cautelares, podían provocar la paralización del proceso de estabilización de interinos y ello sí sería un problema grave para el Govern.
Se apuntaban a las contradicciones del IB-Salut y de la conselleria de Función Pública. Cómo se podía argumentar la excepción del catalán a médicos y enfermeras por falta de personal si la convocatoria era para estabilizar plazas de interinos que estaban ocupadas. Este era uno de los argumentos principales de los recursos que en caso de llegar a los tribunales deberían defender los abogados del Govern y no tenían las cifras para ello. Asimismo, cómo se podía justificar que todas las plazas de sanitarios eran deficitarias si se presentaron más de 9.000 solicitudes al proceso de estabilización para 2.300 puestos.
De igual modo, se le recordó a Francina Armengol que el pasado mes de mayo el Govern aprobó un decreto, el 6/2022, para estabilizar a los interinos y en él se les daba dos años de plazo para acreditar el requisito de catalán. De este decreto se sacó a los sanitarios para aplicar la ley de 4/2016 de Capacitación Lingüística, que en una de sus disposiciones permite exonerar de forma puntual el catalán en especialidades deficitarias o para fichar a investigadores de prestigios.
Los juristas, y así también lo reflejaban, los recursos de OCB y Stei, advirtieron que sería difícil mantener ante un juez que a unos empleados públicos se les exigiera el requisito con una moratoria de dos años para acreditarlo y a otros, los sanitarios, quedaban exentos de por vida del requisito lingüístico y se hacían con la plaza en propiedad.
Estas dudas jurídicas y la falta de datos concisos del IB-Salut provocaron que la presidenta aplicara el tópico: «Rectificar es de sabios».
