La Junta de Andalucía continúa adelante con la propuesta de legalización de cientos de regadíos ilegales que, según los expertos, están secando el Parque Nacional de Doñana. El Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) del 13 de marzo publicó la ‘Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva’, que según ha denunciado la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) “tiene como finalidad quitar toda validez al Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana”, elaborado precisamente para frenar la destrucción de este paraje, que está en situación crítica tras la sequía del último año.
Según Carlos Davila, responsable de la Oficina Técnica de SEO/BirdLife en Doñana, “con base a unos supuestos derechos adquiridos que no se documentan, se pretende generar una amnistía de facto a 650 explotaciones infractoras, haciendo absurda la propia existencia del Plan de la Corona Forestal y atacando la línea de flotación del Consejo de Participación de Doñana, al eliminar toda credibilidad en los acuerdos alcanzados entre Administraciones y sociedad civil durante siete años de procesos participativos”.
La misma entidad considera que es “de una enorme gravedad que un grupo parlamentario proponga acciones enfrentadas a la propia legislación que representa, ignorando que el acuífero haya sido declarado sobreexplotado por el Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y el mal estado ecológico de Doñana, inmerso en el mayor ciclo seco de su historia y enfrentado a una crisis de biodiversidad sin precedentes”.
En un comunicado, la organización considera que esta proposición de ley tiene “el único objetivo de beneficiar a un residual grupo de infractores que en absoluto representan al sector agrario andaluz, y que crean unas expectativas de consumo de agua que serán imposibles de cumplir sin dañar por completo los valores naturales del parque nacional y la extinción de las especies que en él habitan”.
El Plan Especial de Ordenación de los regadíos en la zona norte de la Corona Forestal de Doñana (Decreto 178/2014, de 16 de diciembre), permitió mejorar la regulación de la deficiente ordenación territorial de las zonas agrícolas de la comarca y frenó la ocupación de áreas forestales y la extracción ilegal de agua, según Dávila.
Mientras tanto, otra organización conservacionista, WWF, se ha dirigido por carta a la Comisión Europea para transmitir su preocupación ante la “nueva amenaza” que supone la nueva proposición de ley presentada por el PP y Vox para reordenar los regadíos de la Corona Forestal de Doñana y reclamarle que actué para garantizar la conservación del espacio.
En un comunicado, la ONG considera que esta proposición es “un nuevo intento del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del PP para ampliar la superficie de regadíos y amnistiar a los ilegales” y supone “un ataque directo” a la conservación de Doñana y “un claro incumplimiento” de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, dictada en junio de 2021, por no proteger al espacio natural frente a la sobreexplotación.
WWF ha puesto en conocimiento de la institución europea esta nueva proposición que vuelve a modificar el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana, conocido como Plan de la Fresa, que nació en 2014 fruto del consenso entre los diferentes actores para ordenar el territorio y que fue admitido por la CE como una de las principales medidas para dar cumplimiento a la sentencia del TJUE.
La Junta dice que “no se tocará el acuífero”
Por su parte, el consejero de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha salido en defensa de la citada iniciativa, y hace pocos días dijo al respecto que ésta «cierra la puerta de manera tajante a regar con agua del acuífero”. También defendió el «deber moral de legar a las generaciones futuras Doñana en el mismo estado, si no mejor».
«No necesitamos que nos sigamos tirando Doñana a la cabeza», sostuvo el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz, quien instó a «la salvaguarda» de lo que considera «el gran referente de los Espacios Naturales Protegidos», convencido de que «no se merece esta confrontación permanente».
Sobre las críticas que denuncian que esta Proposición de Ley es benévola con los agricultores infractores, el consejero y portavoz sostiene que tanto en departamentos de la Administración del Estado como de la Junta de Andalucía «hay abiertos muchísimos expedientes sancionadores en esa zona», para considerar que «en absoluto dice la Proposición de Ley que se vaya a archivar».
«No es amnistía, hay muchísimos expedientes, ninguno se va a archivar, no se va a perdonar ninguna de las sanciones», recalcó Fernández-Pacheco, antes de decir que «todo el que se haya leído la Proposición de Ley sabe que no se perjudica a Doñana», así como que «todos estamos de acuerdo en que el acuífero está sobreexplotado».
Fernández-Pacheco reiteró que «hay una línea roja que es infranqueable: el acuífero no se toca», para añadir que «si hay infraestructura para que las aguas superficiales lleguen tendrán vías de solución», en alusión al hecho de que la Proposición de Ley reclama el trasvase de 19,99 hectómetros de la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras hacia la del Guadalquivir.
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