El Gobierno andaluz del PP está contra las cuerdas por la proposición de ley que amplía el suelo agrícola de regadío en la corona norte del Parque Natural de Doñana. La reclasificación de unas 750 hectáreas, que pasarían de suelo forestal a cultivable, ha abierto un frente al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, que navega en solitario y a contracorriente de la Comisión Europea, el Gobierno de la Nación, la comunidad científica y los grupos ecologistas, además de toda la oposición del Parlamento de Andalucía, salvo Vox. La confrontación de Junta y Gobierno está desbordada en plena precampaña electoral con la UE poniendo la lupa sobre los movimientos con Doñana.
La mayor preocupación es la firme amenaza de duras multas desde Bruselas. La Junta de Andalucía lleva días moviéndose por los despachos de la Comisión Europea para tratar de cerrar una reunión del presidente Moreno con el comisario europeo de Medio Ambiente pero no es fácil, admiten desde el Ejecutivo autonómico. La interlocución de la UE es con los países miembros, es decir con el Gobierno de España y ese diálogo bilateral político no se permite. Finalmente la reunión será de carácter técnico y se celebrará el próximo 3 de mayo. Acudirán miembros del gabinete del comisario europeo de Medio Ambiente, Oceános y Pesca, Virginijus Sinkevicius, y representantes de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.
“Violación flagrante”
Las autoridades europeas han sido claras, consideran que la propuesta que tramita el Parlamento andaluz vulnera de facto la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de junio de 2021, que advertía a España de que debería haber tomado medidas mucho más drásticas contra las extracciones ilegales de aguas subterráneas en la comarca de Doñana, destinadas a la agricultura y el turismo en el núcleo de Matalascañas. La justicia europea no impuso multas pero reprendió severamente por no cumplir las directivas en vigor y acusó a España de no haber adoptado las medidas para poner fin a ese deterioro. Esa sentencia advertía de que la continuidad de esos incumplimientos conllevaría sanciones. Eso precisamente dejó claro la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, que aseguró que la proposición andaluza suponía “una violación flagrante” de esa sentencia.
Desde el equipo de Moreno están convencidos de que el Ministerio para la Transición Ecológica ha “distorsionado” el contenido del plan y lamenta que las organizaciones ecologistas hablen de una amnistía. Confían en que la interlocución directa con la Comisión Europea suavice los mensajes y permita desplegar sin intermediarios la proposición de ley, insistiendo en que no se toca el acuífero del Parque Nacional. Sin embargo, la Junta de Andalucía ya envió una delegación técnica a Bruselas, el pasado 8 de febrero, a presentar las líneas maestras de esta iniciativa. La Comisión Europea ha tenido además acceso directo a la proposición de ley, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. Los mensajes desde la UE son firmes y cada vez más duros.
Cálculo electoral
Mientras que la Junta de Andalucía busca diálogo bilateral con Bruselas, el encuentro con el Gobierno de España se hace cada vez más complicado. La escalada de reproches y acusaciones entre el Ejecutivo andaluz del PP y el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera alcanzó este jueves un punto álgido. Moreno se envolvió en la bandera de Andalucía para defender que nadie va a “empequeñecer” la autonomía y que la Junta tiene “dignidad” y “competencias” para decidir sobre Doñana. “Nadie va a decidir desde un ático en el Paseo de la Castellana”, aseguró en alusión a la vicepresidenta Ribera.
A partir de ahí, los equipos de Moreno y Ribera se enzarzaron durante horas en un intercambio incesante de argumentarios para construir el relato sobre de quién es la culpa de lo que ocurre en Doñana y por qué no ha existido un encuentro bilateral entre ambas administraciones ante un asunto de este calado internacional. El Parlamento andaluz aprobó con los votos de PP y PSOE una iniciativa que defiende la convocatoria de una comisión bilateral entre el Gobierno y Doñana.
Daño a la ‘marca Moreno’
Una vez que ha comenzado a tramitarse la iniciativa por vía de urgencia, con la previsión de que se apruebe antes de que expire el periodo de sesiones en julio, el Gobierno andaluz calibra cómo amortiguar daños de una medida que tiene eco internacional y que cuestiona de lleno la imagen de un presidente andaluz que se comprometió a “una revolución verde” en Andalucía. “Todos nos dejamos jirones pero en eso consiste gobernar”, admitió Moreno en el Parlamento. El PP no cree que haya coste electoral en las próximas municipales, convencidos de que la iniciativa de Doñana suma apoyos en Huelva, el principal motivo de este movimiento de auxilio a unos mil agricultores que perdieron sus derechos hace una década, y en otras provincias como Almería.
Los populares creen que han conseguido quitar a Vox la bandera del campo. Ya desbancaron en las pasadas autonómicas a la ultraderecha en los pueblos donde Vox ganó en las generales y creen que la penetración del PP en las zonas rurales, que hasta hace poco era granero del PSOE en Andalucía, está garantizada. Vox sigue confrontando con Moreno sobre el cambio climático o la agenda 2030, asuntos en los que el líder del PP marca diferencias, pero la calculadora electoral asegura que el PP ganará en esos puntos en las municipales. Otra cosa es el daño en la imagen de centro moderado con la que Moreno arrasó en las andaluzas. En el equipo del presidente creen que dará tiempo a reconstruir su imagen hasta las autonómicas y que los andaluces son “pragmáticos” en la convivencia entre medio ambiente y economía. Estiman que el ruido, con eco internacional, por la decisión de seguir ampliando el regadío en un momento “crítico” y “dramático” de Doñana, según la comunidad científica, pasará en pocos días. Lo cierto es que la tramitación durará meses y la polémica se seguirá amplificando.
Multas depuración de aguas
Desde el Ejecutivo andaluz muestran poca preocupación por el recurso anunciado por el Gobierno de la nación, que acudirá al Tribunal Constitucional, convencidos de que no hay invasión de competencias al limitarse a la ordenación del suelo y no a la concesión de derechos de agua. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica no tienen ninguna duda de el recurso prosperará y se paralizará la norma que amplía los regadíos.
El Gobierno de España ya asumió multas millonarias de Bruselas por las carencias en la depuración de aguas de la comunidad andaluza. En total se han pagado más de 60 millones de euros de las arcas públicas. La sanción fue en 2018 de 12 millones de euros pero se ampliaba cada semestre que la depuración siguiera sin estar en vigor en un total de 17 enclaves urbanos de la comunidad. Desde la Junta de Andalucía deslizan que estarían dispuestos a asumir una multa de estas características, aunque quien paga es el Gobierno de la nación, que después traslada la sanción a las comunidades.
