Un informe de la fundación ‘Hay Derecho’ alerta del “deterioro persistente” del Estado de derecho en España de las “injerencias graves” que se están produciendo últimamente y del “peligro de legislar para la foto”. Una tendencia provocada, según ha asegurado uno de sus los responsables de su redacción, por “el virus populista que acecha a este país desde la crisis económica, el 15-M y el Gobierno actual”.
La asociación, que tiene entre sus patronos principales nombres como el de Pelayo Primo de Rivera y Oriol y que asegura ser “independiente ideológicamente”, señala además que la tendencia del deterioro del Estado de derecho “viene de lejos”, pero que “se ha agudizado durante esta última legislatura”.
Entre las causas que señala el informe de forma específica, se menciona el abuso del decreto ley, la “grave situación” del CGPJ o las puertas giratorias entre política y justicia, refiriéndose explícitamente al caso de Dolores Delgado como ministra de Justicia, que fue nombrada como fiscal general del Estado. “Implica muchos problemas internos que todos conocemos”, aseguró durante el acto de presentación Elisa de la Nuez, una de las personas encargadas de elaborar el documento.
Este “Primer informe sobre la situación del Estado de derecho en España” analiza el periodo 2018-2021, caracterizado, expone, por un contexto “de especial complejidad” debido a las consecuencias del procés, la pandemia, una legislatura “marcada por la polarización política” y un gobierno apoyado por una de las mayorías “más exiguas de nuestra historia democrática”.
Además, resalta Germán Teruel Lozano, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia y uno de los redactores del informe, este estudio se publica en un contexto en el que se están produciendo “injerencias graves” e “inaceptables” de la política “a través del señalamiento de jueces, del cuestionamiento de su labor y de su desacreditación profesional”.
el informe advierte, además, de “las interferencias” del Poder Ejecutivo en el Judicial a través de las críticas de los políticos a las sentencias desfavorables, así como por medio de “las puertas giratorias entre la política y el Poder Judicial” o de “los indultos”.
En lo que se refiere al Poder Judicial, en el que detecta una “politización”, ve “preocupante” el bloqueo desde 2018 en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la limitación impuesta para hacer nombramientos, lo que se traduce “en una reducción de la capacidad para dictar sentencias” y “en un aumento de la duración de los procesos judiciales”. “Quizás sea el elemento más inaceptable de todos los que estamos viendo, porque lo primero que hacen quienes quieren destrozar un Estado democrático es atacar la independencia judicial”, ha explicado Teruel.
“España NO es uno de los países que menos invierte en justicia, pero sí tiene un problema de eficiencia, porque es uno de los países de la Unión Europea con menos jueces por habitante” @elisadelanuez pic.twitter.com/1ugy6Pdmm6
— Fundación Hay Derecho (@HayDerecho) 25 de noviembre de 2022
Dedica también un apartado a la Fiscalía General del Estado, cuya “imparcialidad”, observa, quedó “puesta en duda” con el nombramiento de la fiscal Dolores Delgado, que fue propuesto, recuerda, siendo diputada electa del grupo socialista, “tras haber tomado parte” en la campaña electoral y después de su paso por el Ministerio de Justicia.
Otro aspecto “preocupante”, añade, son los datos sobre la ejecución de sentencias, “no solo por la falta de ejecución sino también por el gran retraso en la ejecución”.
Deterioro del papel del poder legislativo en beneficio del ejecutivo
El informe aprecia asimismo “un creciente deterioro del papel del Poder Legislativo en beneficio del Ejecutivo“, fundamentalmente por la utilización “abusiva” de los decretos leyes “como forma ordinaria de legislar”. Esto, apunta, conlleva una “pérdida progresiva de relevancia del Parlamento, relegado a un papel muy secundario y accesorio” tanto en lo que se refiere a las tareas legislativas como “al papel de control y de rendición de cuentas”.
“Frente a esta situación, que no es exclusiva de España pero que tiene características propias, no existen unos contrapoderes fuertes”, lamenta además el informe, refiriéndose a los medios de comunicación, fundamentalmente los de servicio público.
En los datos con los que acompaña estas afirmaciones, el estudio señala que en el periodo 2019-2021 el Gobierno de Pedro Sánchez utilizó una media de 2,88 decretos leyes al mes frente al 1,48 de Mariano Rajoy entre 2011 y 2016. Eso sí, sus autores reconocen el hecho de que “haya habido un periodo de pandemia”.
También se pone el foco en el sistema de “cuotas partidistas” en la renovación de los órganos institucionales, “que mina no ya su independencia sino también su profesionalidad”. “En este sentido, resulta revelador que el Tribunal de Cuentas no haya detectado los principales escándalos de corrupción de este país, particularmente los ligados a la corrupción de los partidos políticos, o que en el Tribunal Constitucional se posponga la elaboración de sentencias de alto contenido político”, destaca.
