Tras fracasar en la atribución al Ayuntamiento de Madrid de alguna responsabilidad penal por el pelotazo de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño en la compra de material sanitario en el peor momento de la pandemia de Covid, Podemos en el Ayuntamiento de Madrid busca que se depuren, al menos, responsabilidades contables.
Con este objetivo, el candidato de Podemos-IU-Alianza Verde a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha presentado este jueves ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una denuncia contra tres altos cargos municipales: la coordinadora de Presupuestos Elena Collado; la coordinadora general del Ayuntamiento, Matilde García; y la delegada del área de Gobierno de Hacienda y Personal Engracia Hidalgo. Ninguna de ellas han sido imputadas por el juez del caso, Adolfo Carretero, en la instrucción penal que ha concluido hace tan solo unas semanas, y que únicamente sienta en el banquillo a los empresarios.
“La falta de controles en la contratación del material sanitario durante las primeras semanas de la pandemia en el Ayuntamiento de Madrid propició una serie de contratos a precios exorbitantes a través de dos comisionistas sinvergüenzas que se embolsaron 6 millones de euros a través del primo de Almeida”, recuerda Sotomayor, que añade que los contratos fueron suscritos por el gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios tras recibir el encargo de la máxima responsable de compras en el Ayuntamiento, Elena Collado.
En declaraciones a las puertas del Tribunal de Cuentas, y también en su escrito ante la Fiscalía, el candidato de Podemos recuerda que las mascarillas fueron las más caras de toda España, un material que llegó en mal estado en la mayoría de las ocasiones. “No sólo no se exigió la devolución del dinero, sino que tampoco se exigió la plena devolución del material defectuoso”, apunta Sotomayor, por lo que entiende que cabe estudiar la posible responsabilidad contable de los cargos municipales.
Compra a través de la funeraria
La denuncia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, incide en el procedimiento empleado en realizar la compra de material, al entender que la experiencia que pudiera tener la empresa de servicios funerarios en la adquisición de materiales similares resultó completamente intrascendente porque se limitaba a ejecutar las instrucciones que recibía de la persona responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid.
Se trataba, en esencia, en suscribir los contratos que, ya negociados, se le facilitaban para su firma, y afrontar los pagos que derivaban de los referidos contratos, sin que existiera ningún tipo de negociación por parte de la citada empresa municipal de precios, plazos, cantidades y u otras condiciones de las contempladas en los contratos.
Contratación de emergencia
Podemos añade ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que en el caso de estos contratos tampoco se ha cumplido ninguno de los requisitos que el propio Ayuntamiento de Madrid estableció para la contratación de emergencia, incumpliéndose por ello frontalmente las previsiones de la propia Ley de Contratos del Sector Público para esos supuestos.
Recuerdan también que el órgano contable ya ha realizado un informe respecto de la contratación por parte de los principales entes locales de material sanitario durante la pandemia, incluyendo una comparativa de los precios abonados por los distintos ayuntamientos que ilustran sobre los sobreprecios abonados por el de Madrid.
Tanto Podemos como Más Madrid, personadas como acusación popular en el caso Mascarillas que se ha investigado en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid –por el pelotazo de casi seis millones de euros logrado por Medina y Luceño- rechazan que deba darse por concluida la instrucción.
Por ello han recurrido el auto por el que el juez del caso, Adolfo carretero, da por finalizadas sus pesquisas y limita estas responsabilidades a los comisionistas. Ante el rechazo de estas peticiones por parte del instructor, Podemos ha recurrido en apelación ante la Audiencia de Madrid, interesando la práctica de varias pruebas y el análisis de documentos que aún quedan por analizar y que irían dirigidas a lograr que la justicia implique a los responsables municipales.
