Era una de las grandes promesas de la legislatura y el proyecto estrella del Ministerio de Igualdad: el clamor feminista unánime por la libertad sexual de las mujeres y el fin del cuestionamiento judicial de las víctimas se convirtió en el primer proyecto de ley que el Gobierno de coalición llevó al Consejo de Ministros en 2020. Nadie podía imaginar entonces que un texto legislativo tan deseado iba a terminar siendo modificado de forma urgente por una pinza PP-PSOE.
Tras la entrada en vigor el pasado otoño de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que introducía una profunda reforma de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal para que todo acto sexual sin consentimiento fuera considerado agresión y acabar con la distinción entre abuso y violación, comenzó una cascada de revisiones de condenas a agresores sexuales. Según datos del CGPJ, los tribunales redujeron las penas en tres de cada diez casos revisados y dejaron intactos algo menos del 70 %.
Efectos indeseados
Las derechas han criticado duramente la redacción de la ley (en concreto las horquillas de penas y no haber introducido una disposición transitoria que dificultara la aplicación de la ley más favorable al reo), el Ministerio de Igualdad atribuyó las revisiones a una errónea interpretación judicial de la legislación y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empezó pronto a hablar de la necesidad de hacer “ajustes técnicos” ante los “efectos indeseados” de la norma y terminó por pedir perdón a las víctimas damnificadas por las rebajas de condenas a sus agresores.
En ese contexto, la Fiscalía General del Estado dio instrucciones de cómo se debería aplicar correctamente la ley y el Tribunal Supremo no fijará su doctrina hasta junio.
La realidad es que el escándalo por el apartado penal ha eclipsado el resto de medidas de una ley integral que incide no sólo en el castigo de los comportamientos delictivos, sino en la prevención, la educación, la sensibilización, la atención y la reparación de las víctimas.
No hay nada que se pueda hacer para acabar con las revisiones de condena, para revertir los “efectos indeseados” de la ley del ‘sólo sí es sí’. Sin embargo, la alarma social generada por rebajas de penas y excarcelaciones, con noticias y contadores diarios en los medios de comunicación a las puertas de las elecciones de mayo y las generales en el horizonte, llevó al PSOE a mover ficha.
Lo curioso es que no ha sido la primera vez que este partido maniobra en solitario con esta ley, cuya tramitación ha estado plagada de dificultad desde sus comienzos. En el mes de mayo, la posición del socialismo sobre proxenetismo, con unas enmiendas sobre prostitución presentadas unilateralmente, estuvo a punto de hacer naufragar la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. En aquella ocasión, los socialistas dieron un paso atrás para salvar la norma.
El naufragio de las negociaciones
Ante la situación de las revisiones de condenas, el presidente Sánchez exigió subir las penas y con esa premisa se iniciaron las negociaciones entre los ministerios de Justicia e Igualdad. Pronto fue evidente que esas negociaciones no iban a llegar a buen puerto.
La titular de Justicia, Pilar Llop, puso encima de la mesa una reforma que elevaba las penas para los casos de agresión sexual y violación que se perpetraran empleando violencia, intimidación o se cometieran con la voluntad de la víctima anulada. Y lo hacía incluyendo subtipos agravados dentro de los artículos del Código Penal que se basaban exclusivamente en el consentimiento como elemento definitorio de la existencia de la agresión sexual.
Desde el departamento de Irene Montero consideraron entonces, y lo siguen haciendo, que esa modificación es una línea roja inasumible porque rebaja la centralidad del consentimiento en el Código Penal. Llegaron a decir que supondría volver al “código penal de ‘la Manada'” porque iba a obligar a las víctimas a acreditar violencia para reconocer que han sufrido una agresión sexual, en lugar de limitarse a preguntarles únicamente si consintieron. También advirtieron de que este nuevo cambio en el Código Penal puede dar lugar a una nueva oleada de revisiones. Las socialistas han insistido en numerosas ocasiones en que el consentimiento no se toca en la reforma y que su propuesta mejora la proporcionalidad de la norma.
La opción de Igualdad
Evidenciado el desencuentro, el PSOE optó por registrar su reforma en solitario en el Congreso de los Diputados. Lo que los socialistas definían como modificaciones técnicas, UP las calificaba de decisiones “políticas”.
Sin ser partidario de subir las penas, el equipo de Igualdad finalmente planteó, primero a Justicia y después a través de enmiendas de Unidas Podemos, aumentarlas incluyendo la violencia y la intimidación como agravantes en un artículo diferente al que determina qué es una agresión sexual. Los socios de investidura EH Bildu y ERC compartían la visión de Igualdad y se sumaron al planteamiento de la introducción de estas circunstancias agravantes.
UP y las formaciones independentistas consideran que toda agresión es violencia sexual, por cuanto atenta contra la autodeterminación y consentimiento de las mujeres, y que la concurrencia de violencias físicas o psíquicas debe penarse adicionalmente. La pedagogía, en cualquier caso, ha sido compleja para unos y otros por la aridez de la materia penal.
El acuerdo no fue posible, no hubo forma de acercar posturas. Han sido muchas las críticas de los partidos a su izquierda, pero el PSOE no ha variado su rumbo y esto se explica, en gran medida, porque desde el primer momento ha sabido que podía contar con los votos del PP.
Alianza con el PP
Los populares registraron ya en diciembre una proposición de ley con unos términos muy similares a los defendidos por los socialistas, pero ésta nunca ha llegado a debatirse. Esta sintonía es la que va a posibilitar que el jueves el Pleno del Congreso apruebe la reforma del PSOE, con pequeñas modificaciones sobre la propuesta inicial y los votos favorables también del PNV y Cs.
Paradójicamente, el Partido Socialista se ha aliado con su eterno rival para cambiar la ley estrella del departamento de Irene Montero. Ha optado por la derecha para acometer con urgencia la reforma de una norma exigida durante años por el movimiento feminista.
Algo “inexplicable” para Igualdad y los socios parlamentarios ERC y EH Bildu, que han advertido de que esto tendrá un “enorme coste” para las víctimas de delitos sexuales porque volverán a verse envueltas en procesos judiciales en el que serán cuestionadas y que darán relevancia a las agresiones perpetradas con violencia o intimidación, mientras que se la quitarán, y por tanto penarán a la baja, a las que no impliquen violencia física o intimidación.
El PSOE defiende que se mueve exclusivamente por el bien de las víctimas, que esta modificación técnica es la mejor manera de defender el avance de una ley feminista, y que “lo humillante” hubiera sido no hacer nada para cambiar esta ley.
El tiempo, y las condenas a agresores sexuales que deriven del futuro Código Penal, determinará quién llevaba la razón. Y el movimiento feminista juzgará las consecuencias.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico [email protected] y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.
Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.
