La elección del magistrado número 12 del Tribunal Constitucional se eterniza en el Senado, cuya Mesa ha prorrogado este martes, por dos meses más, el plazo dado a los parlamentos autonómicos para que remitan el nombre de sus candidatos para suplir a Alfredo Montoya, quien renunció el pasado verano debido a su estado de salud.
Los grupos parlamentarios del PSOE y el PP en la cámara alta tienen que pactar el nombre del nuevo miembro del órgano de garantías, algo que a día de hoy se ve imposible debido entre otros motivos a la proximidad de la fecha electoral del 28 de mayo.
El Tribunal Constitucional funciona desde hace casi dos años con tan sólo once magistrados, y ello a pesar del acuerdo parcial entre PSOE y PP que permitió que el pasado 9 de enero renovar parcialmente el órgano con la toma de posesión de Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa, lo que permitió consolidar una mayoría progresista de siete magistrados para al menos una década.
Desde entonces, la actual composición del tribunal ha conseguido cambiar radicalmente el tenor de las decisiones de este órgano, rechazando los recursos de la oposición y validando sin problema alguno la constitucionalidad de varias leyes consideradas esenciales por el Ejecutivo de Sánchez, entre otras la del aborto, la eutanasia y este mismo martes la actual Ley de Educación, conocida como ‘ley Celaá’.
Montoya, catedrático de Derecho del Trabajo, fue nombrado para el Tribunal Constitucional por el Senado a propuesta del PP en 2017, por lo que no formaba parte del grupo de la última y disputada renovación que correspondió al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los de Alberto Núñez-Feijóo no ven otra posibilidad diferente a ser ellos los que designen a su sucesor, para mantener la cuota pactada en su día, y por ello reprochan al PSOE que el acuerdo se siga retrasando
Este magistrado del sector conservador debería haber seguido ocupando su plaza hasta marzo de 2026, pero sufrió un problema grave de salud que le mantenía de baja desde el verano de 2021, una situación que se consolidó tras su renuncia.
El Constitucional venía funcionando desde entonces sin su voto, algo que no daba problemas al sector conservador al estar entonces en clara mayoría, una situación que ahora ahora es totalmente diferente. Su sustitución por un candidato del PP vendría a sumar cinco magistrados al actual grupo conservador del tribunal, por lo que en todo caso esta sensibilidad seguirá siendo minoritaria.
“PATADA HACIA ADELANTE”
“Por esta razón, no nos vamos a tirar por el balcón si sigue sin haber acuerdo, el tema no es urgente“, señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el senador Fernando de Rosa, que describe la nueva prórroga de dos meses como una “patada hacia adelante” de todo este asunto porque “a las puertas de unas elecciones a cara de perro, ahora no es el momento” de alcanzar acuerdos. “En junio habrá otro panorama y ya veremos cuál es, pero sin los votos del PP la elección de este magitrado es imposible”, advierte el parlamentario.
La decisión de la Mesa se ha alcanzado, en todo caso, con la oposición del PP y a petición del Parlamento de Baleares, que ha pedido más tiempo para presentar su candidato. Desde un sector de los populares la prórroga se califica en todo caso de “filibusterismo” parlamentario y se teme que los socialistas busquen en realidad “consolidar una mayoría en el Tribunal Constitucional que no se corresponde con el resultado de las elecciones y con el pacto alcanzado” en su día en relación con la plaza hoy vacante.
Así las cosas, las asambleas regionales tendrán hasta el 20 de junio para enviar al Senado sus propuestas a ocupar el puesto del Tribunal Constitucional que le corresponde.
Cuatro candidatos por el momento
Por el momento, los candidatos que han llegado al Senado son los aprobados por las Asambleas de Aragón, Extremadura, Galicia y Andalucía. En el caso de las dos primeras, se han enviado dos nombres a propuesta del PSOE, José Ricardo de Prada y Aurelio Blanco, exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura .
En lo que respeca a De Prada las mismas fuentes populares señalan que el candidato por la Asamblea de Aragón tiene “posibilidad cero” de ser designado. El magistrado de la Audiencia Nacional es considerado la bestia negra del PP por la carga ideológica de algunas de sus resoluciones y por serle atribuida la autoría de las frases más contundentes sobre la ‘caja B’ del PP en la sentencia del caso Gürtel, la resolución que motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Su candidatura al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue de hecho una de las razones que sustentaron en su día la falta de acuerdo que mantiene este órgano sin renovar desde hace casi cuatro años y medio. Para algunos miembros del PP, su inclusión en la lista de posibles nuevos magistrados del Constitucional por el parlamento de Aragón el pasado mes de octubre no fue más que una maniobra del PSOE para contentar a sus socios de coalición.
Por su parte, el Parlamento de Galicia ha planteado la candidatura del actual presidente del Consejo Consultivo, José Luis Costa Pillado, a propuesta del PP. Precisamente, el cargo que actualmente ostenta fue otorgado mientras presidía la Xunta de Galicia el actual líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. En el caso de Andalucía, el nombre que ha puesto encima de la mesa es el del que fuera presidente del Consejo Consultivo de esta comunidad, Juan Bautista Cano Bueso.
Otros territorios, como la Comunidad de Madrid y Cantabria ya han trasladado a la Cámara Alta que no van a presentar ningún candidato para ocupar el puesto en el Tribunal Constitucional que le corresponde al Senado, según informa Europa Press. Del resto de parlamentos se sabrán novedades una vez concluya la nueva prórroga el próximo mes de junio.
Una vez finalice el plazo de dos meses, el Senado tendrá que decidir si ya no concede más ampliaciones y convoca la Comisión de Nombramientos para que los aspirantes que haya comparezcan y expongan sus méritos. Dada la cercanía entonces de las elecciones generales, nadie descarta que se realicen nuevos aplazamientos que perpetúen la vacante en el Tribunal Constitucional.
