Si para la izquierda la ley de vivienda es un revulsivo electoral, para Isabel Díaz Ayuso no lo va a ser menos, aunque para utilizarlo en sentido contrario. De momento solo se conocen las líneas maestras de la norma, no la letra pequeña del texto, pero Díaz Ayuso ya tiene claro que “adoptará todas las medidas” jurídicas a su alcance para neutralizar el contenido de esta ley estatal y evitar que su aplicación tenga alguna repercusión en el mercado de la vivienda de la Comunidad de Madrid. Y también utilizará todos sus recursos discursivos; este es un elemento más en su enfrentamiento con Pedro Sánchez y le sirve para contraponer a la norma estatal la nueva ley del suelo que quiere impulsar la próxima legislatura.
La maquinaria para redactar el recurso del Gobierno regional ante el Tribunal Constitucional contra las “injerencias intervencionistas e inaceptables” de Sánchez, en palabras del equipo de Ayuso, está prácticamente en marcha; es una maquinaria ya engrasada con los 12 recursos de inconstitucionalidad sobre diferentes materias que ya ha presentado la Comunidad contra Moncloa en su estrategia de confrontación jurídica, que junto con la legislativa sirve a Ayuso para configurar un escudo contra toda oposición a sus políticas liberales. En este caso, para articular ese recurso aún es necesario conocer el texto definitivo de la Ley, estudiarlo y ver exactamente qué aspectos de la norma “invaden competencias autonómicas o atentan contra los derechos de la propiedad privada”, los dos aspectos que quiere preservar el Gobierno regional.
El Gobierno quiere llevar a España a la ruina. Mientras Bildu le manda. pic.twitter.com/OlklkJZ0PZ
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 14 de abril de 2023
“Acuerdo sectario”
Fuentes del Ejecutivo autonómico advierten de que no están dispuestos a aceptar que el derecho a la vivienda quede por encima del de la propiedad privada. “Se trata de una ley controvertida, invasiva, y que atenta contra derechos constitucionales como el derecho a la propiedad”, señalan en la Viceconsejería de Vivienda, “un acuerdo sectario entre el PSOE y Podemos”. Argumentan las mismas fuentes que “la jurisprudencia del Tribunal Supremo no admite lugar a dudas” y que establece que el derecho a la vivienda, “lejos de ser un derecho subjetivo e incluso fundamental, como trata de imponer la nueva ley”, tiene sus límites “recogidos en la propia Constitución”. Dicho de otra manera, consideran que atentar contra la propiedad como creen que hace esta ley “genera inseguridad jurídica” y no sirve para regular los precios del mercado.
En el ideario del PP todo lo que conlleve una limitación o tope de los precios produce el efecto contrario al deseado. La propia Ayuso advertía el viernes al conocer el acuerdo de Sánchez con sus socios parlamentarios que “todo lo que sea intervenir va a llevar a España a la pobreza más absoluta”. Su propuesta es la contraria, pasa por “fomentar la oferta“, poner más suelo a disposición del mercado y la vivienda, y “atraer inversión” para que el propio mercado regule los importes de la compra y el alquiler.
Una nueva ley
Con la ley ómnibus del Ejecutivo autonómico que entró en vigor en diciembre de 2022, criticada por la oposición, el Gobierno regional entiende que ya se pusieron en marcha algunas medidas para que se reactive el mercado del suelo y la vivienda, explican en el Ejecutivo regional, y el siguiente paso es impulsar una nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid, en la que señalan que “ya se está trabajando”.
Tras la aprobación fallida de esta norma en 2020, cuya entra en vigor de facto está pendiente de que se resuelva un recurso en el Tribunal Constitucional, la ley ómnibus incorporó fórmulas para reducir los trámites burocráticos, como la supresión de determinadas licencias en favor de las declaraciones responsables de los constructores, reducir tasas, que los municipios puedan destinar a construcción de nueva vivienda los suelos de uso dotacional que haya quedado vacío o que ya no se obligue a los promotores a ceder suelo público para dotaciones públicas a cambio de una compensación económica.
La nueva norma de usos del suelo en la que trabaja la Comunidad de Madrid pretende, según explican en Vivienda, “cambiar el paradigma” de la normativa actual pero con el mismo objetivo de siempre, “atraer más inversión y agilizar más los trámites” para facilitar que la oferta se incremente, pero para ponerlo en marcha tendrán que ver primero si pueden sacarla adelante con un gobierno en solitario.
En manos de ayuntamientos y comunidades
En cuanto a aspectos concretos de la ley de vivienda anunciada, habrá que ver el alcance y las obligaciones que impone a las comunidades autónomas. Explica Josep María Raya, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, que la norma puede quedarse en una herramienta que facilite a las comunidades autónomas la intervención en el mercado pero que no obligue a ello. En el recargo del IBI a las viviendas vacías, por ejemplo, señala que la ley puede establecer unos límites, pero “no puede entrar en materia impositiva” y ese impuesto seguirá en manos de los ayuntamientos, que podrán aplicarlo o no. José Luis Martínez Almeida hace tiempo que dijo que no lo haría.
Algo “similar puede ocurrir con la declaración de las zonas tensionadas“, explica Raya. La ley definirá probablemente este concepto, pero la declaración puede seguir dependiendo de las comunidades, aunque insiste en que hay que esperar aún a ver la redacción final. Los límites sobre el incremento del precio de los alquileres, en cambio, “si ya se están aplicando mediante un decreto” desde 2022, Raya cree que se articulará de tal forma que siga siendo de obligado cumplimiento en todo el territorio español.
A falta de conocer el texto, desde la puerta del Sol critican que con la ley de vivienda el Gobierno de coalición solo busca sacudirse de encima la responsabilidad en esta materia: “La función social de la vivienda en ningún caso puede limitar el alcance del derecho de propiedad hasta el punto de desnaturalizarlo y hacerlo irreconocible. Y mucho menos puede traspasarse al particular, al propietario, el deber de garantizar la función social que le corresponde a los poderes públicos”.
