“Esto cualquier día acaba con escopetas”. La afirmación es de un político onubense que conoce como la palma de su mano el Condado de Huelva ‘agraciado’ por la proposición de ley que esta semana comenzó a tramitarse en el Parlamento andaluz y que prevé regularizar como suelo agrícola regable unas 750 hectáreas más de fincas en la corona norte del Parque Nacional de Doñana. No todos los agricultores de la zona, ni mucho menos, aplauden a rabiar la medida como hicieron los que fueron invitados a la Cámara autonómica para dar luz verde a la tramitación de una ley que tiene en tensión a Bruselas y que ha desatado una guerra política entre Junta y Gobierno.
La casualidad o el destino quiso que el 12 de abril, Día Mundial de los Frutos Rojos, coincidiera con el miércoles que el Parlamento andaluz comenzó a tramitar la polémica norma. Pero no todos los productores de ‘berries’ estaban de celebración. La división sobre esta medida es pública en Almonte (Huelva, 24.013 habitantes). Después de que PP y Vox anunciaran que iban a registrar de nuevo su proposición de ley, el Ayuntamiento de Almonte evidenció la fractura. El pasado 17 de marzo, un pleno extraordinario, con el apoyo de los agricultores, rechazó esa iniciativa que afecta a cinco municipios en total. Además de Almonte, que aglutina el 50% de las fincas que fueron clausuradas como suelo forestal por el plan de ordenación de la fresa en 2014, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. El rechazo tiene que ver con el temor de los agricultores que tienen derechos ‘históricos’ a que la concesión de más permisos de agua ponga sus cultivos en peligro.
Alimentar el conflicto
La pelea está en el trasvase previsto del Tinto, Odiel y Piedras. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya ha dejado muy claro que los 19,99 hectómetros cúbicos que lleguen cuando se culmine la obra son para “la recuperación ambiental del acuífero de Doñana y estarán limitadas a la sustitución de regadíos con derechos ya acreditados de agua subterránea por superficial”. Cinco hectómetros cúbicos irán a abastecimiento de consumo humano. Los otros 15 están ya repartidos entre agricultores que siguen bebiendo de aguas subterráneas de la Rocina, que nutre la laguna madre que acaba llevando agua al acuífero 27, el corazón de Doñana. No todos los pozos de aguas subterráneas son ilegales. En ordenar esas extracciones también llevan lustros trabajando las administraciones.
Los que se oponen al proyecto de ley andaluz se integran en la Asociación de Agricultores Puerta Doñana y representan el 65% de superficie regable de la demarcación del Guadalquivir dentro del plan especial de ordenación de la corona norte del Parque. “Los agricultores de Almonte, que constituyen más del 50% de superficie regable”, señaló el Ayuntamiento, consideran que “lo primero que hay que garantizar es que llegue a estos agricultores el agua en superficie”.
La ruptura
Ya cuando se comenzó a tramitar la anterior proposición de ley en el mismo sentido, los agricultores de Almonte abandonaron la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que asegura a su vez representar a 1.500 agricultores. Los de ‘Puerta Doñana’ alegaron que esa Plataforma, cuyos integrantes abrazaron y saludaron al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el pasado miércoles en un esquina discreta del Parlamento andaluz, representan a “un minoría”. Muchos de los que fueron desprovistos de derecho de suelo agrícola en 2014 han seguido cultivando tras autodeclararse en una situación de “alegalidad”.
En esta pugna hay mucho de guerra política, también en el mundo local. El Ayuntamiento de Almonte conformó un complicado gobierno en 2019. El partido Ilusiona, del exalcalde socialista Paco Bella, logró nueve ediles frente a seis del PSOE, tres del PP, dos de Mesa de Convergencia y uno de Independientes por Almonte. El pacto de todos en contra de Bella lo situó en la oposición, pese a haber ganado las elecciones. Ahora mismo, la Alcaldía está en manos de Mesa de Convergencia tras una especie de ‘operación Borgen’ que ha salido rana. Al PP les fueron retiradas sus competencias, por negarse a dar el bastón del mando a mitad del mandato al PSOE como se había acordado. El independiente del pacto se fue. El Ayuntamiento lamenta que la proposición de ley, que promueve PP y Vox, “tiene intereses partidistas”.
Semana clave
Mientras que el pasado lunes los científicos echaban un rapapolvo a los artífices del plan que tramita el Parlamento andaluz, Freshuelva (Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva) hacía balance en una nota de la campaña de los frutos rojos. 11.740 hectáreas plantadas de ‘berries’, un 0,53% más que en la temporada anterior. La reina sigue siendo la fresa (6.295 hectáreas), con un 2% más de terreno cultivado. Le sigue el arándano (3.532 hectáreas), la frambuesa (1.762 hectáreas) y la mora (143 hectáreas).
Los berries de Huelva constituyen el 98% de la producción de este cultivo en España y el 30% de la UE. Representa el 9,65% del PIB de la provincia de Huelva y da trabajo de manera directa a 100.000 personas y a 160.000 indirectas. El sector estima que hasta 30.000 empleos de los frutos rojos están en peligro por la falta de agua.
Alemania y Reino Unido siguen siendo los principales países de destino de los frutos rojos onubenses. En el caso de la fresa y a pesar del Brexit, las importaciones británicas han superado a las francesas, que se encuentran en tercer lugar. Los Países Bajos, en el caso de las frambuesas y los arándanos, son el tercer destino de las ventas de berries onubenses. Las exportaciones alcanzaron un valor de 1.392 millones de euros.
Amenazados por la sequía
En su nota, Freshuelva deja claro que dejan atrás una campaña “plagada de incertidumbres y situaciones adversas”, sobre todo “por la sequía persistente que azota el país y el imparable aumento de costes”. Durante años el sector, ha trabajado de forma concienzuda su marca. Rigurosas certificaciones y protocolos internacionales de calidad, seguridad, salud y sostenibilidad acompañan a todos los productos que salen de la comarca de Doñana. El cuidado del medio ambiente es clave si se quiere seguir llegando a los lineales de los supermercados del resto de Europa. La polémica no beneficia a nadie.
Interfresa, la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, accedió a emitir un comunicado a petición de este periódico tras días de silencio sobre la proposición de ley. Les preocupa el ruido y el daño sobre su marca. “Interfresa apoya a la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado y a los agricultores del condado porque considera necesario aportar seguridad jurídica a la situación de estos productores”, manifestó en ese comunicado cargado de “precisiones” sobre la realidad del sector.
A 35 km del Parque
Su primera aclaración señala que en el Parque Nacional de Doñana no hay cultivos y que la finca de ‘berries’ más cercana a Doñana está a 35 kilómetros “La mayoría de las empresas del sector de los ‘berries’ cultivan a 100 km o más de la Corona Norte”, advierten. El entorno de Doñana está formado por 14 municipios y 300.000 hectáreas de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Concretamente la Corona Norte, zona en la que se centra la propuesta de ley, la constituyen cinco municipios que representan el 22,3% de todo el entorno de Doñana y, a su vez, concentran el 6,5% de toda la superficie de producción de ‘berries’ en Huelva.
“Una gran parte del agua de riego del Condado es ya superficial, proviene de trasvases y es gestionada por comunidades de regantes. Es necesario acometer las obras hidráulicas que fueron aprobadas para la provincia en la Ley del Trasvase en 2018 por el Gobierno. Estas reservas no sólo estarían destinadas a la agricultura, sino también al consumo humano, al turismo o a la industria, entre otras”, subraya Interfresa. Insisten además en que la regularización de 750 nuevas hectáreas no supone necesariamente que todas ellas puedan dedicarse al cultivo de frutos rojos, ya que son necesarias una serie de condiciones que podrían darse o no
