La Comisión Europea sigue “muy de cerca” la propuesta de ley impulsada por el PP en Andalucía, que ampliará la zona regable en el norte del Parque Nacional de Donaña, y advierte de los “efectos adversos” de no utilizar los recursos naturales, incluida el agua, de forma sostenible. “Si es necesario la Comisión Europea tiene la posibilidad de adoptar medidas adicionales para garantizar que España cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia (TJUE) sobre Doñana”, ha advertido este jueves el portavoz de medio ambiente del Ejecutivo comunitario, Tim McPhie, interrogado sobre la ley aprobada con los votos a favor del PP y Vox. El grupo de los socialdemócratas europeo. presidido por la española Iratxe García, prepara ya una visita de eurodiputados al humedal y han pedido una reunión urgente con el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.
“La legislación medioambiental de la UE requiere un uso sostenible de los recursos naturales, y eso incluye en particular el agua, y las actividades económicas deben ser compatibles con la conservación se los espacios Natura 2000”, ha explicado el portavoz comunitario subrayando que el conocimiento “científico y técnico” disponible proporciona “evidencias sólidas” de los “efectos adversos” de la sobreexplotación de las aguas subterráneas de los ecosistemas de Doñana. Es sobre esta base, que el Tribunal de Justicia de la UE sentenció en junio de 2021 que España había incumplido con las obligaciones impuestas por la directiva marco del agua y la directiva de hábitats en el humedal.
Según la citada sentencia, España no había evitado el deterioro de hábitats protegidos en varios espacios de la red Natura 2000 en Doñada y debía adoptar medidas para revertir la situación. Tomando como punto de partida este dictamen, la Comisión Europea remitió una carta de emplazamiento a España -el primer paso en el procedimiento de infracción- instando a las autoridades españolas a tomar las medidas necesarias para cumplir con la sentencia. Dado que ya hay una sentencia condenatoria previa, de terminar este nuevo enfrentamiento ante la corte europea de Luxemburgo, el Ejecutivo podría pedir la imposición de multas a España algo de lo que también advirtió la directora general de medio ambiente en una misiva enviada a España el pasado 21 de marzo advirtiendo de la “violación flagrante” de la sentencia de junio de 2021.
Examen de observaciones
En estos momentos, ha explicado el portavoz comunitario, los servicios de la dirección general de medio ambiente se encuentran examinando las observaciones remitidas por España en el marco de este expediente sancionador. Se trata de un examen para el que Bruselas no pone de momento plazos. “Hemos recibido observaciones de las autoridades españolas que estamos estudiando. Mantenemos el diálogo pero no puedo poner plazos en este momento”, han explicado las mismas fuentes que sí advierten de que la Comisión tiene la posibilidad de adoptar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
¿Podría Bruselas imponer una paralización cautelar de la ley, tal y como solicitó el miércoles Izquierda Unida? “No voy a entrar en hipótesis de (qué) medidas podrían o no tomarse en función de los posibles pasos siguientes”, han manifestado desde Bruselas. Pero, en general, la Comisión Europea solo actúa cuando la legislación se aprueba y se aplica, ha añadido el portavoz Eric Mamer sobre una iniciativa que podría ser aprobada en el parlamento regional entre mediados de mayo y mediados de julio. Tanto Izquierda Unida como los Socialdemócratas europeos ya se han puesto manos a la obra para tratar de frenar la propuesta y movilizar a las instituciones europeas.
“El PP y Vox en contra de los expertos, de la ciencia, de la Comisión Europea y de todas las directivas que estamos impulsando en materia de biodiversidad y protección de humedales, ha decidido poner en riesgo la supervivencia de Doñana. Vamos a actuar con contundencia y vamos a organizar una visita de eurodiputados a Doñana para que conozcan la realidad de lo que está ocurriendo”, ha anunciado la presidenta del grupo socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García. Los socialistas también pedirán una reunión urgente con el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, y el comisario de medio ambiente, Virginijus Sinkevičius.
