Los llamados “papeles de Cascos”, las nueve cajas que contienen documentación relativa a las empresas vinculadas al exministro del PP y exfundador de Foro y cuyo contenido ya fue revelado por LA NUEVA ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, ya han tenido consecuencias. La Fiscalía ha decidido elevar a tres años y medio la petición de cárcel para Francisco Álvarez-Cascos (inicialmente eran dos años), sube la cuantía que considera que fue apropiada indebidamente por el político y abre una investigación, incorporando nuevas argumentaciones de cara al proceso abierto por Foro Asturias y que se sustanciará en un juicio previsto para los próximos 31 y 1 de mayo. La Fiscalía indagará si en las nuevas pruebas aparecen indicios de otros delitos de apropiación indebida, administración desleal o corrupción en los negocios. Con todo, el Ministerio Fiscal advierte que “otros hechos relatados en la documentación recibida no serán objeto de investigación al estar prescritos”. Precisamente, la denuncia original contra Cascos fue formulada por los actuales dirigentes de Foro Asturias, tras la llegada de Carmen Moriyón a la presidencia del partido. Aquella investigación interna terminó con la expulsión del que fuera presidente del Principado del partido que él mismo impulsó.
La modificación del escrito de acusación se produce tras valorar las nueve cajas que fueron remitidas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, donde habían sido depositados por un particular, representante de una fundación. En su nuevo escrito de acusación, el Fiscal añade un apartado más al relato de hechos reflejado en sus primeras conclusiones provisionales, aumenta a 181.648,92 euros la suma total del dinero que considera que el acusado presuntamente incorporó a su patrimonio y eleva a 3 años y 6 meses de prisión su petición de condena por un delito continuado de apropiación indebida.
Al margen de esta ampliación, el Fiscal Coordinador de Delitos Económicos, Gabriel Bernal del Castillo, ha incoado “nuevas diligencias de investigación preprocesal” para determinar si, de otra parte del contenido de las cajas recibidas, “podría deducirse la comisión de un nuevo delito de apropiación indebida, administración desleal o de corrupción en los negocios”. La investigación será asumida conjuntamente por el Fiscal Coordinador y un fiscal integrante de la Sección, Enrique Valdés-Solís, que ya se encargó del expediente gubernativo incoado por la Fiscal Superior, María Esther Fernández García, tras la recepción de las cajas y de las diligencias de investigación auxiliar desarrolladas.
Una “oferta profesional” para liderar un partido
El nuevos escrito de acusación del Ministerio Fiscal, se refiere que cuando se fundó Foro Asturias, los entonces dirigentes del partido hicieron una “oferta profesional” a Álvarez-Cascos para liderar el partido. Esa “oferta” incluía una retribución a cambio de dedicación exclusiva, facilidades para mantener su residencia en Madrid y ejercer el régimen de visitas a sus hijos (lo que incluía alojamientos en Asturias, desplazamientos con o sin conductor, gastos inherentes al desplazamiento, etcétera) y capacidad decisoria plena sobre la actividad política y económica del partido. Pero Fiscalía destaca que “esta oferta económica en ningún caso incluía gastos de carácter personal, gastos de libre disposición sin sujeción a autorización del partido, ni gastos de comidas no relacionadas con la actividad política”.
En su escrito, la Fiscalía refiere que el sistema de control de gasto en Foro (que no tenía tesorero desde su origen) se basaba en “criterios de confianza y responsabilidad personal”, aunque las cuentas del partido se fiscalizaban por el Tribunal de Cuentas (que revisaba los aspectos de mayor envergadura pero no el sistema de gastos). No había, resume Fiscalía, un sistema de “supervisión de la oportunidad o corrección del gasto”, y simplemente se gestionaba formalmente.
Para el Ministerio Fiscal, Cascos era “plenamente conocedor de este sistema de pagos de los justificantes que remitía” y de él “se sirvió” para “cargar al partido una serie de gastos no relacionados con su actividad política, de carácter personal, propio o de sus familiares, utilizando los recursos del partido como propios”
Así, según refiere literalmente Fiscalía, entre el 15 de mayo de 2011 y el 16 de octubre de 2017, Álvarez-Cascos cargó a las cuentas del partido gastos de carácter personal, no relacionados con su actividad política, que suman en su totalidad la cantidad de 7.793,22 euros. Entre ellos, gastos de procurador por asunto político previo relacionado con otro partido político y procurador por asunto personal; psicotécnico; zapatos, gastos de cuatro desplazamientos a la localidad de A Coruña y gastos de hotel y alimentación; hotel de un familiar; pedidos de comida a domicilio particular y a nombre de familiares; un juego de videoconsola; billetes de AVE; entradas para la Copa Davis, para el Museo Thyssen y para el Museo del Prado; una cama completa, compuesta por colchón, patas y canapé, además de una moqueta, tapicería y visillos; o gastos de restaurantes en localidades de veraneo, hamburguesería y pizzería.
Pero Fiscalía reconoce también al hilo de la documentación de “los papeles de Cascos” que Cascos “gestionaba de facto” una empresa con su entonces mujer, María Porto, con la que alquilaba oficinas a empresas, algunas de ellas asturianas, y también a su propio partido. Cascos, “con la finalidad de recibir unos ingresos adicionales a los que recibía del partido, ideó la formalización de un contrato de arrendamiento de una oficina de forma ficticia para documentar el pago de unas cantidades en concepto de renta del alquiler”, refiere Fiscalía. Y además señala que “para evitar cualquier control sobre el mismo, lo hizo a escondidas de la comisión directiva del partido”.
Fruto de estos contratos ficticios, Foro abonó a Álvarez Cascos 173.855,70 euros. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida por lo que pide que se condene al exministro y expresidente del Principado a a 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y abono de las costas procesales. Y también, que indemnice a Foro Asturias con los 181.648,92 euros por el dinero apropiado, más los intereses legales correspondientes.
Investigación sobre el pago de otras empresas
Pero además, la Fiscalía del Principado de Asturias ha incoado unas diligencias de investigación preprocesal para determinar si, de parte de la documentación enviada a Fiscalía, podrían deducirse indicios de un nuevo delito de apropiación indebida, administración desleal o corrupción en los negocios. En concreto se refiere a si el pago que empresas realizaron a la sociedad de la que era titular la exesposa de Álvarez-Cascos y que él gestionaba pudieron ser de carácter delictivo. En concreto al no responder a un prestación real y efectiva de servicios. Por el momento, la Fiscalía indaga si esos abonos respondían a prestaciones reales de servicios profesionales o no, por lo que aún es “prematuro” atribuir “la condición de sospechosa a persona o personas determinadas”.
La indagación sobre vente de las obras de arte, prescrita
En relación al resto de información de las nueve cajas, la Fiscalía realizó indagaciones sobre otras operaciones, para ver si podrían suponer delitos de cohecho, corrupción en los negocios o administración desleal. Pero las archivó al considerarse prescritos. Concretamente esas diligencias se refirieron a los siguientes hechos.
Venta de obras de arte de la sociedad de Porto a empresas constructoras que fueron adjudicatarias de obras del ministerio de Fomento.Facturación de servicios a administraciones públicas o entidades que pudieran ser beneficiarias de otras gestiones.
Respecto a las ventas de obras de arte, Fiscalía cree que “no hay duda” de que las operaciones fueron reales, pero “al haber tenido una relación política y comercial con el ministerio de Fomento, se trataría de hechos que, si se acreditase un beneficio fuera del mercado, podrían dar lugar a la consideración de un pago en relación con adjudicaciones anteriores, que en su caso serían constitutivas de un delito de cohecho”. Esos indicios, señala Fiscalía, “en este momento no existen pero tampoco pueden ser objeto de investigación y comprobación” al haber transcurrido más de diez años de la operación.
