La jueza Mercedes Alaya acepta aplazar a después de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo el juicio a los directivos públicos socialistas de la fundación de empleo Faffe que supuestamente pagaron con dinero público en prostíbulos.
Las defensas habían solicitado el aplazamiento del juicio que desde la Audiencia de Sevilla dirige la magistrada que instruyó los ERE y que estaba previsto que quedara visto para sentencia por un jurado popular a días de la cita electoral. Lo solicitaban para evitar que se utilizara como “arma política”. También el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, advirtió días atrás que “cuanto menos interfiera la justicia en procesos electorales, mejor”.
Alaya ya fue duramente criticada por interferir con sus autos en los procesos electorales desde el PSOE durante la instrucción de los ERE. La magistrada acepta el aplazamiento y fija nuevas fechas. En una providencia difundida por el TSJA señala del 29 de mayo al 12 de junio, para la celebración del juicio. El último día habrá veredicto del jurado, dos años después del escrito de la Fiscalía Anticorrupción.
La Fundación Andalucía Fondo de Formación y Empleo, conocida por las siglas Faffe, fue un organismo público, nacido en 2003 y extinguido en 2011. Enfrenta dos frentes judiciales y, de nuevo en campaña, la derecha quiere resucitar este caso para devolverlo a la primera línea política con una comisión de investigación, la tercera que se convoca, en el Parlamento andaluz.
La Faffe sigue pendiente de sentencia en los tribunales. Por un lado está la pieza que dirige Alaya desde la Audiencia de Sevilla donde un jurado popular dirimirá sobre el uso que hicieron directivos de esa fundación para pagar con cargo al presupuesto público sus fiestas en prostíbulos. El principal directivo, Fernando Villén, está acusado de malversar 32.566 euros para “pagar sus vicios”. Por otro lado, hay un caso de presunto nepotismo y enchufismo, mucho más lento en su instrucción, que señala a 84 supuestos enchufados en ese organismo y afines al PSOE, que fueron cargos del partido o familiares y amigos de líderes de la formación. En esa pieza está la mujer del líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, que fue llamada a declarar al Parlamento en septiembre de 2021.
En su momento, la Fiscalía Anticorrupción pidió la apertura de juicio oral contra quien fue directivo de la Faffe, Fernando Villén, a quien acusó de un delito continuado de malversación de caudales públicos y falsedad documental por haber desviado fondos públicos de esta fundación para el pago de fiestas en prostíbulos. El Ministerio Público solicita para quien fue director general de la Faffe una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de un cargo público acusado de haber pagado con tarjetas de crédito a cargo del erario público en estos clubs de alterne. El escrito de Anticorrupción acusó también a la directora económica y financiera de la Faffe, Ana Valls, como cooperadora necesaria y pide una pena de cuatro años de cárcel.
Prostíbulos de toda Andalucía
La Fiscalía cuantificó gastos en prostíbulos que ascendieron a 32.566 euros, más otros pagos en restaurantes por 21.005,76 euros, hoteles por 1.805 y 715 euros, en peajes 11.200 euros o partidas “sin datos” por 4.321, 38 euros, entre otros. Anticorrupción acusó a quien fue director general de la Faffe de “satisfacer sus lúbricos deseos en locales de alterne y prostíbulos de la geografía andaluza”, donde “en ocasiones llegaba a organizar orgías con terceros no identificados y que llegaron a alcanzar una cuantía considerable”. Villén está acusado de pagar con tarjetas de créditos a cargo del erario público y de tratar de justificar estos gastos en clubs de alterne cobrando anticipos de una caja de dinero público que controlaba en la fundación de Empleo o simulando otros gastos ficticios, como viajes, que en realidad no se realizaban. En su declaración, el acusado alegó que se equivocó de tarjeta al pagar pero devolvió el dinero. La equivocación ocurrió hasta en diez ocasiones.
Villén estuvo al frente de la Faffe entre 2003 y 2011, designado por el entonces Gobierno del PSOE. Villén tenía asignada varias tarjetas de crédito, con cargo al Servicio Andaluz de Empleo o a la propia fundación Faffe, con las que pagaba gastos en distintos establecimientos y de las que hizo uso “para pagar sus vicios”, recogió el escrito de Anticorrupción, en varios establecimientos dedicados a la prostitución en Sevilla, Córdoba y Cádiz. Se cuentan hasta diez pagos en prostíbulos que luego supuestamente trataron de camuflarse como otros gastos.
