La orden que el Ministerio del Interior dio al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos para que diera cuenta de la información que estaban recogiendo sus subordinados –bajo la dirección de una juez– sobre posible relación de la manifestación del 8M de 2020 con el inicio de contagios de coronavirus fue “contraria a la función de la Policía Judicial”, además de “confusa”.
Así se pronuncia el Tribunal Supremo en la sentencia en la que da la razón al alto mando del instituto armado frente a su cese como jefe de la Comandancia de Madrid en mayo de 2020 por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La sentencia, cuyo fallo fue anunciado el pasado martes, se extiende a lo largo de 21 páginas y supone la estimación del recurso presentado por alto mando del instituto armado contra una resolución anterior de la Audiencia Nacional que no vio problema legal en la justificación por “pérdida de confianza” de la destitución.
Según el Supremo, la Unión Operativa de la Policía Judicial estaba a las órdenes de juez que dirigía la instrucción sobre un posible contagio masivo durante la marcha feminista, “sin que sea admisible interferencia gubernativa y menos si la magistrada había ordenado absoluta reserva y que sólo se informase a ella”.
Por lo tanto, si a las reservas propias de toda instrucción se añade esta orden expresa de la Magistrada de absoluta reserva, no cabe cesar a quien no formaba parte de esa Unidad y pretextar para ello “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento”, añade el alto tribunal.
