El Gobierno aparca la reclamación de que la Iglesia católica pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), después de lograr equiparar su régimen fiscal con las organizaciones sin ánimo de lucro, a pesar de haberlo exigido durante los últimos años, sobre todo cuando era vicepresidenta Carmen Calvo. Tras un año de negociaciones se ha llegado a un acuerdo con la Santa Sede y con la Conferencia Episcopal y, desde ahora pagarán las licencias de obras y las tasas de Contribuciones Especiales.
Este mismo miércoles se ha hecho efectivo mediante el correspondiente canje de notas entre el Gobierno y la Nunciatura Apostólica, que bendice los cambios legales necesarios. El interlocutor de Moncloa ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien destacó que “la Iglesia renuncia a los privilegios que tenía para no pagar determinados impuestos, la licencia de obras, denominado Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y el de Contribuciones Especiales”. A partir de ahora, remarcó, la Iglesia “será tratada como otra entidad sin fines lucrativos”. “Se termina con sus privilegios”, insistió.
Es precisamente esta equiparación la que permite al Gobierno orillar la demanda de pago del IBI. Fuentes gubernamentales subrayan que “el régimen del IBI es igual para todas las asociaciones sin ánimo de lucro”, que tampoco abonan este impuesto al patrimonio inmobiliario. Desde la Conferencia Episcopal ratifican, además, que ya no hay conversaciones abiertas sobre otros asuntos de fiscalidad. “Desde este jueves la Iglesia tiene exactamente el mismo régimen fiscal que cualquier otra organización no gubernamental, fundación, federación deportiva, etc, o las otras confesiones religiosas”, destacan.
Pero esta decisión supone una variación de la postura que el Ejecutivo socialista ha mantenido tradicionalmente. Calvo se mostró en varias ocasiones públicamente partidaria de que la Iglesia católica en España “responda de la fiscalidad igual que en Francia o Italia”, donde sí están obligados a sufragar el impuesto de bienes inmuebles. La pretensión del Gobierno era tan clara que la ex vicepresidenta llegó a informar de ello al secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin. Calvo tenía entre sus competencias la relación del Estado con las confesiones religiosas, una responsabilidad que, tras su salida del Ejecutivo, ha asumido Bolaños.
Pagarán por primera vez las licencias de obras
El Ejecutivo pone ahora en valor que desde este mismo jueves, en que el acuerdo entra en vigor, la Iglesia pagará el impuesto correspondiente cuando realice obras en los inmuebles de su propiedad. Desde parroquias a templos, colegios, hospitales o residencias. También abonará la tasa de Contribuciones Especiales, que regula las obras en zonas o elementos de titularidad municipal pero que son privativos de una entidad y es a esta a quien corresponde sufragar las posibles reformas. Ya no se da tanta relevancia al IBI sino al hecho de que la fiscalidad es la misma que se aplica al resto de organizaciones sin fines lucrativos.
El ministro valoró que se haya hecho de manera pactada y agradeció la cooperación de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal. Supone, explicó, que los ayuntamientos, quienes reciben estos dos tributos, recaudarán “más de 16 millones de euros al año”. De este modo se cumple con los principios “de igualdad, no discriminación y no privilegios”
Bolaños consideró el pacto otro avance en las relaciones con la Iglesia española, ya que, recordó, es el segundo acuerdo que se produce en año y medio. El primero fue que los alrededor de 1.000 bienes que estaban atribuidos erróneamente a la Iglesia pasaran a sus “legítimos propietarios”. ” Hoy llegamos a un segundo acuerdo en el que la Iglesia católica renuncia a unos privilegios que venía disfrutando desde 1979″.
Los cambios en la fiscalidad de la Iglesia se tramitará ante la Santa Sede para legalizar la renuncia a estas exenciones y el Gobierno derogará la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda que incluía el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, del año 1979, que dio cobertura a la dispensa “total y permanente” a estos dos tributos.
Se pone así fin también a un conflicto legal ya que el propio Tribunal Supremo ratificó en 2014 una sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que anulaba una orden del Ministerio de Hacienda de 2009 para limitar la exención fiscal de la Iglesia en las licencias de obras y que se abonara en los edificios no exentos del pago de la contribución urbana. Pero el Supremo resolvió que no hay obligación de pago de la Iglesia en virtud de los pactos entre el Gobierno y la Santa Sede. Por eso la necesidad de modificar el acuerdo de 1979 y las leyes españolas de exención.
