Los dos meses que ha durado la huelga de letrados de la administración de justicia se han saldado, según los propios convocantes, con la suspension de más de 400.000 juicios y vistas en toda España, y han dejado también como labor pendiente el reparto de unas 480.000 demandas y pagos en pensiones de alimentos, multas o indeminizaciones por valor de unos 1.500 euros que estuvieron retenidos en las cuentas de consignaciones de los órganos judiciales.
Por esta razón deben ponerse medidas que ayuden a acelerar el trabajo en los ya de por sí colapsados juzgados españoles. El Consejo General del Poder Judicial ha sido una de las primeras instituciones en tomar cartas en el asunto, adoptando hoy un acuerdo en el que insta a los poderes públicos a adoptar “con carácter urgente medidas para garantizar la vuelta a la normalidad de los órganos judiciales”.
Se dirige en concreto a una Comisión creada en el seno del Ministerio de Justicia de la que, además del propio órgano de gobierno de los jueces, forman parte también la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.
Por otra parte, el Consejo también reclama al presidente del Tribunal Supremo y los de la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de justicia que informen de las medidas que prevén que resulta necesario adoptar en cada uno de sus territorios de cara a la regularización de la situación generada por la huelga.
Murcia se adelanta
Una de estas instancias ya se ha adelantado a esta propuesta. Se trata del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, cuya Sala de Gobierno ya ha diseñado un plan junto con el colegio de abogados y otras organizaciones profesionales de la región para contribuir a la normalización de las actuaciones en este territorio.
Aborda incluso tres escenarios temporales: el inmediato, para estos primeros días; a corto plazo, para el reseñalamiento de las actuaciones suspendidas; y a medio plazo, para un nuevo diseño de las agendas judiciales que permita un fácil reajuste ante situaciones imprevistas, entre las que citan la reciente huelga o la vivida con ocasión de la pandemia por covid.
Para estos primero días, prevén “dosificar” las notificaciones para no colapsar los despachos de abogados, así como prestar una de atención prioritaria a los pagos pendientes de la cuenta de depósitos y consignaciones.
También revisarán los señalamientos previstos para los días inmediatamente posteriores al fin de la huelga, asegurando su celebración o, en su defecto, suspendiendo anticipadamente los que no estén completos, con instrucciones de informar de la desconvocatoria a los profesionales y usuarios involucrados.
Las medidas podrían verse sin embargo afectadas por nuevas movilizaciones por parte de otros cuerpos de funcionarios que ya han amenazado en este sentido si el Ministerio no completa el acuerdo con incrementos en el salario del resto de trabajadores en los juzgados. El acuerdo con los letrados pasa por un aumento mensual de entre 430 y 450 euros, y el Ministerio comandado por Pilar Llop informará formalmente a los sindicatos en una reunión que tendrá lugar este jueves.
Por su parte, las cuatro asociaciones judiciales y la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ya solicitaron a finales del pasado mes de febrero una reunión con Justicia para abordar mejoras retributivas.
