El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena esgrime el trato que recibió la consellera Meritxell Serret, cuando compareció voluntariamente en el alto tribunal y quedó en libertad inmediatamente, para negar cualquier tipo de animadversión o persecución contra el expresidente catalán Carles Puigdemont o cualquiera de los huidos, según afirma en el auto en el que se confirma el procesamiento del expresident por un delito de desobediencia y otro de malversación en su modalidad más grave, que puede penarse con hasta 12 años de cárcel.
“Ningún observador imparcial podría maliciar una falta de imparcialidad por la reclamación de los fugados, cuando Meritxell Serret, una de las procesadas que compartía su situación de rebeldía, compareció voluntariamente ante este instructor, acordándose inmediatamente su libertad, quedando sujeta a lo que decida la Sala de enjuiciamiento del Tribunal Supremo”, afirma Llarena.
La Sala remitió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) las actuaciones en su contra, al estar solo acusada de desobediencia, siguiendo el criterio que había marcado en su día con los miembros de la Mesa del Parlament bajo la presidencia de Carme Forcadell. La consellera d’Exteriors, que será juzgada el próximo día 29 por su responsabilidad en el referéndum ilegal del 1-O, quedó en libertad tras comparecer ante el instructor del procés en el alto tribunal. Y, aunque Llarena no la mencione en su resolución, hizo lo mismo con la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que siguió los pasos de Serret y espera en libertad el juicio al que tendrá que enfrentarse en Barcelona.
Por huir
El magistrado explica que la “persecución personal” que Puigdemont y Toni Comín le atribuyen “no responde a una animosidad del instructor sino a que, tras la eventual comisión de los hechos aparentemente delictivos que se les atribuyen, los recusantes abandonaron el territorio nacional y han eludido comparecer” ante él. Esa situación de rebeldía es la que ha impedido concluir el sumario abierto contra ellos por el ‘procés’ y que la Sala haya podido sobreseer las actuaciones o juzgarles, como hizo con los que no huyeron, que acabaron condenados a penas de hasta 13 años de prisión.
Llarena también se refiere a la situación de fugados de Puigdemont y Comín a la hora de hablar del procedimiento abierto y de la inmunidad que les confiere el haber sido elegidos diputados del Parlamento Europeo. El magistrado afirma que como están en rebeldía sus comparecencias en la Eurocámara no se han visto afectadas por la causa abierta en el Supremo, ni este ha podido comprobarlas.
Señala que como fueron procesados el 21 de marzo de 2018 y se les proclamó diputados del Parlamento Europeo el 13 de junio de 2019, no se necesita solicitar un suplicatorio a la Eurocámara. Sin perjuicio, explica el juez, de que en un futuro los procesados fueran privados de libertad en España, si se llegara a considerar justificado y eficaz mantener su prisión más allá del tiempo necesario para recibirles declaración. En ese caso, no se excluiría una autorización para que asistan a las reuniones parlamentarias, como dictaminó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al pronunciarse sobre el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Añade que así será si es que para entonces no se ha suspendido su inmunidad.
Orden de detención
A la exconsellera Clara Ponsatí, ahora solo procesada por desobediencia, Llarena le responde que no puede suspender la orden de detención nacional que pesa sobre ella, porque “el procedimiento está paralizado por su actuación obstativa” y ello obliga a “agotar los mecanismos legalmente dispuestos para superar la ocultación de cualquier encausado por responsabilidad penal”, como es ordenar su arresto.
No obstante, el juez precisa que “la detención se limitará al tiempo estrictamente indispensable para garantizar la prosecución del proceso“, del mismo modo que “se ha procedido con respecto a otras encausadas que estaban en su mismo situación procesal”, en referencia a Serret y Gabriel. La que también está solo procesada por desobediencia es la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que en esta línea quedará en libertad una vez se ponga a disposición del Tribunal Supremo.
