Primeras medidas para combatir el ‘greewashing‘ o lavado de cara verde que practican muchísimas empresas, tanto grandes como pequeñas, para aparentar cualidades ecológicas que en realidad no tienen. La Comisión Europea acaba de presentar una propuesta legislativa que pretende acabar con el ‘ecopostureo’ en el etiquetado confuso, vago o falso de algunos productos que muestran sellos con supuestas certificaciones medioambientales, pero que no se apoyan en criterios científicos y transparentes.
“Todos queremos hacer todo lo posible para limitar los impactos de nuestras elecciones de consumo en el medioambiente, pero no es fácil ser ecológico”, lamentó en rueda de prensa el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius.
La Comisión Europea ha identificado 230 “ecoetiquetas” distintas en la UE, que presentan características medioambientales de los productos y su análisis detallado arroja que el 53,3% de esas supuestas propiedades son vagas, confusas o infundadas y que el 40% contienen declaraciones sin base fehaciente para respaldarlas.
Se trata de afirmaciones como “fabricado con un 30% de plástico reciclado”, “comprometidos con reducir nuestras emisiones de CO2” o “zumo respetuoso con las abejas”.
Para corregir esa tendencia, el Ejecutivo comunitario quiere aplicar un mayor control y transparencia a esas etiquetas que, de manera voluntaria, utilizan algunos fabricantes para promocionar sus productos.
El objetivo es “proteger consumidores, pero también proteger a las empresas” que se ven perjudicadas al ver que compañías de la competencia utilizan eslóganes medioambientales dudosos, indican fuentes comunitarias.
Por ello, y sólo en lo relativo a las declaraciones voluntarias de ciertas propiedades, sin incluir ningún nuevo sistema obligatorio de etiquetado, Bruselas propone introducir reglas comunes.
Por ejemplo, no se permitirá que ningún producto muestre una “puntuación agregada” de distintos criterios medioambientales, pues se pierde nitidez en la fotografía real.
Además, si se comparan unos productos con otros en función de su rendimiento medioambiental, será obligatorio que se sustenten en “información y datos equivalentes”.
Poner orden en la actual marea de etiquetas verdes
Para evitar la proliferación de etiquetas, más allá de las 230 que ya existen, no se permitirá nuevos sistemas públicos a nivel nacional salvo que demuestren que aportan un “valor añadido” a nivel doméstico respecto a un estándar armonizado a escala europea.
La Comisión Europea se pone a disposición de los Estados miembros para desarrollar estándares europeos, si los Veintisiete así lo solicitan.
“Cualquier nuevo esquema privado deberá mostrar una mayor ambición ambiental que los existentes y obtener una aprobación previa para ser permitido”, agrega la Comisión en su propuesta.
En todo caso, los sistemas de etiquetas medioambientales tendrán que ser “ser fiables, transparentes, verificados de forma independiente y revisados periódicamente”, añade la Comisión Europea, y las organizaciones de defensa de los consumidores estarán habilitadas para emprender acciones legales contra aquellos fabricantes que no respeten estas reglas de etiquetado.
“No prohibimos ninguno de los esquemas existentes”, matizan fuentes europeas, que explican que la directiva sí persigue arrojar luz sobre qué empresas colocan esas etiquetas en el mercado, qué criterios siguen y su estos se basan en datos sólidos y científicos.
“Las afirmaciones ecológicas están en todas partes: camisetas respetuosas con el océano, plátanos sin emisiones de carbono, zumos respetuosos con las abejas… Desafortunadamente, con demasiada frecuencia estas afirmaciones se hacen sin evidencia ni justificación alguna”, lamentó en un comunicado el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans.
La nueva normativa propuesta, que tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo y los Estados miembros, se suma a la Directiva de Derechos de los Consumidores que la Comisión presentó el año pasado, con obligaciones para los fabricantes para evitar que los productos contengan información engañosa sobre el impacto social o medioambiental del producto.
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